El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Elda quiere conocer si la alcaldesa Adela Pedrosa y las otras siete personas denunciadas por Manuel Guill tienen la condición de aforados. La querella interpuesta por el arquitecto jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Elda, suspendido de empleo y sueldo, además de a Pedrosa, incluye al concejal de Urbanismo Vicente Amat; el arquitecto municipal jefe de Vivienda Francisco Belmar; la arquitecta interina del Ayuntamiento de Elda, Lucía Boix; el secretario del Ayuntamiento de Elda, Javier Martínez; la abogada del servicio municipal de Urbanismo, Ana Esther Galiano; el administrador de la empresa Energy Padel y primo de la alcaldesa Alberto Javier Pedrosa y su socio Juan Carlos Florentino.

La providencia de la jueza, a la que este diario ha tenido acceso, forma parte de la investigación que está llevando a cabo tras admitir a trámite la querella que Manuel Guill interpuso el pasado 24 de septiembre en los Juzgados de Elda, al considerar que se han podido producir una serie de supuestas irregularidades en relación a la modificación del uso de los polígonos industriales que, según mantienen los letrados de la acusación particular, han privado supuestamente al Ayuntamiento de percibir unos ingresos superiores a los 120.000 euros, además de producirse una supuesta ocultación de informes por parte de la arquitecta interina contratada por el gobierno popular.

En noviembre pasado los abogados que representan al arquitecto jefe de Urbanismo decidieron ampliar la denuncia por entender que un primo hermano de la alcaldesa pudo haberse beneficiado, presuntamente, al disponer de "información privilegiada y anticipada" sobre el cambio de uso del polígono industrial Finca Lacy, donde construyeron unas pistas de pádel que están funcionando y "cuyas obras -según recoge la querella- se iniciaron sin licencia municipal y un mes antes de que el pleno aprobara la modificación puntual del PGOU que permitía que las zonas industriales de Elda acogieran usos deportivos".

Por todo ello, los letrados de Guill solicitaron formalmente que se citara a declarar también, en condición de denunciados, a la alcaldesa, a su primo, al socio de éste, al edil de Urbanismo, al secretario municipal, a la arquitecta interina y a la abogada de Urbanismo. Tras admitir a trámite la causa al hallar indicios de delito, el siguiente paso que ha dado la jueza ha sido pedir al Ayuntamiento que determine qué denunciados tienen la condición de aforados. Una medida que los jueces suelen aplicar cuando están valorando la posible imputación de un político.