María Jesús M. C., Maje, la enfermera de 27 años encarcelada por su presunta participación en el asesinato de su marido, el ingeniero civil de Novelda Antonio Navarro Cerdán, habría obtenido 33.822 euros en compensación por los bienes de su marido si la familia de éste hubiera accedido a la firma del reparto de bienes que la acusada había gestionado en los meses siguientes al crimen.

Se trata del máximo beneficio en el reparto al que podía aspirar, gracias a su juventud, ya que el porcentaje fijado en usufructo -en su caso, un 62%- fluctúa en función de la edad del heredero, al ser un derecho vitalicio.

Así lo expresa en la escritura de herencia el notario que ultimaba los detalles para una firma prevista precisamente para finales de enero y que se ha visto aplazada después de que Maje y su presunto cómplice, el auxiliar de enfermería Salvador R. L., su amante desde hacía más de dos años, fueran detenidos el 10 de enero, acusados de planificar y ejecutar el asesinato de Antonio Navarro, perpetrado de ocho cuchilladas el 16 de agosto de 2017 en el garaje de su finca, en València.

Antonio y Maje se habían casado el 3 de septiembre de 2016 en régimen de separación de bienes. Siete meses antes, el 18 de febrero, la pareja había adquirido el piso de la calle Calamocha, donde residían, por un valor de 107.000 euros, de los que sólo se escrituraron 95.000. La compra fue realizada al contado, de modo que no pesaba hipoteca alguna sobre la vivienda.

Sin embargo, no habían aportado la mitad cada uno. Antonio pagó el 80 por ciento y ella, el 20 por ciento restante, lo que iba a condicionar la herencia y habría condicionado un hipotético divorcio.

Al fallecer sin descendencia, los bienes de Antonio van a parar a tres herederos: sus padres y su viuda, Maje. El notario aclara que el patrimonio de la víctima ascendía a 109.103 euros, obtenidos de la suma del importe del piso, cifrado en 76.000 euros -el 80 % de la propiedad sobre ese bien- más otros 33.125 euros privativos que tenía en su cuenta corriente, en la que nunca llegó a autorizar a su esposa.

Divorcio

En caso de divorcio, al haber separación de bienes y carecer de hijos, Maje sólo habría optado a los 19.000 euros escriturados como suyos -el 20% de la propiedad del piso-. Sin embargo, al morir Antonio, pasaba a tener reconocido «el importe de la mitad en usufructo de los bienes descritos», tal como recoge el documento notarial que iba a ser firmado a finales de enero. El notario le adjudica, gracias a su juventud, un 62% del valor de la mitad de esos 109.103 euros. En total, 33.822.

A ello se une la pensión de viudedad que continúa percibiendo -la familia del fallecido ya ha pedido al juez el bloqueo de la cuenta para que nadie pueda tocar, de momento, ese dinero-, fijada en 1.100 euros. La víctima cobraba poco más de 1.700 euros, pero al reconocerse la muerte «in itinere» -Antonio se iba a trabajar cuando fue asesinado-, su viuda había logrado el máximo que establece la ley.

Y aún habría que sumarle los seguros de vida que Maje habría cobrado de no ser incriminada. De momento, se sabe que había tres pólizas: una asociada a la cuenta bancaria de Antonio, otra de decesos y una tercera de la empresa donde trabajaba, pero aún se desconoce el monto total de esos seguros, ya que el juez todavía no ha recibido el informe de las respectivas compañías.

La suma de todos esos conceptos le habría reportado a la presunta asesina una sustancial mejora de su situación financiera, lo que ha llevado a la Policía a concluir que, en su caso, había «una clara motivación económica» para el crimen.