La nueva Ley de Contratos del Sector Públicos nació con la misión de combatir las corruptelas municipales, pero su aplicación práctica genera a diario notables complicaciones, contradicciones y atascos en los ayuntamientos más pequeños por la colisión entre el incremento de la burocracia y la falta de medios.
Dos años después de la aprobación de la norma, el Gobierno ha decidido suavizarla con la supresión de una de las cláusulas que más confusión y controversia suscitaba entre los alcaldes: la que impedía seguir contratando a pequeños proveedores habituales de la Administración por el mero hecho de haber recibido contratos menores cuyo importe superara «en conjunto o individualmente» los umbrales máximos para recurrir a esta fórmula, establecidos en 40.000 euros para las obras y en 15.000 euros para los suministros y servicios.
Hasta ahora, a la hora de adjudicar un contrato menor, toda corporación debía justificar que se cumplía este requisito. Un veto que en muchos casos era imposible de cumplir y que sobre todo perjudicaba a los municipios de menos población, hasta el punto de complicar el mantenimiento de suministros básicos y tradicionales que, en algunos pueblos y comarcas, únicamente pueden ser prestados por un proveedor.
La supresión de esta medida ha sido acogida con entusiasmo en el sector local. «Los pueblos pequeños tenían muchas dificultades en la gestión del día a día y a la hora de afrontar ciertas licitaciones de algunos servicios con los pocos recursos de los que disponen», explica el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FMVP), Rubén Alfaro.
«Estamos por promover la transparencia y la eficiencia en la administración local, pero hay que evitar que se generaren situaciones de bloqueo de servicios», señala el alcalde de Elda. Además, la redacción de la ley daba pie a «diferentes lecturas y opiniones» entre los técnicos municipales y aviva el temor de los alcaldes a encontrarse con reparos. «No hablamos de contratos astronómicos, sino del día a día, necesarios para el funcionamiento cotidiano de un ayuntamiento», incide Alfaro, que aplaude el paso dado por el Gobierno en respuesta a las peticiones municipales para ganar agilidad.
