Novelda no tendrá que devolver a Aqualia, empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, los casi seis millones de euros que reclamaba al consistorio, en concepto de devolución del canon que abonó al Ayuntamiento noveldense, más intereses, cuando en 2009 el equipo de gobierno de entonces prorrogó, cuatro años antes del vencimiento y ante las dificultades económicas del momento, el contrato del servicio que ya venía prestando desde 1998.
El concejal de Hacienda, Contratación y Ciclo Hídrico, Iván Ñíguez, ha mostrado su "satisfacción" ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que estima parcialmente el recurso de apelación presentado en 2018 por el Ayuntamiento de Novelda contra una sentencia previa del Contencioso Administrativo de Alicante que daba la razón a la concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable, Aqualia, en su reclamación para que el consistorio devolviera, repercutiendo el importe en las tarifas a los usuarios, el canon de 5 millones de euros que la mercantil abonó al consistorio cuando se adjudicó la prórroga del contrato del servicio, así como los gastos financieros e intereses de la operación, que situaba el montante en casi seis millones de euros.
En su sentencia, del pasado 8 de junio, el TSJ considera, como defendía el Ayuntamiento en su recurso, que el canon anticipado por la empresa fue una de las mejoras que la concesionaria ofreció para adjudicarse la prórroga del contrato y que, por tanto, "no tiene ningún sentido imponer un canon y obligar a la administración a devolverlo".
Intereses financieros
La resolución judicial considera sin embargo que el Ayuntamiento de Novelda sí deberá abonar a Aqualia los gastos financieros derivados del anticipo, que estima en 797.442€. En este caso el Ayutamiento disiente del fallo judicial que recurrirá al entender que esta cantidad ya se abonó en 2009, cuando la concesionaria descontó del canon que ingresó los intereses financieros generados por la operación.
El concejal de Hacienda y Contratación, Iván Ñíguez, considera que esta sentencia era uno de los "temas más importantes de la legislatura porque, de haber resultado contraria a los intereses del Ayuntamiento, su importe habría puesto en riesgo la recuperación económica municipal" y subrayaba que con la misma el TSJ "ha hecho justicia" con Novelda al estimar parcialmente su recurso y revocar la sentencia condenatoria de 2018.
Ñiguez, que confirmaba que durante meses se intentó negociar con la mercantil para llegar a un acuerdo para que, en caso de que el fallo fuera desfavorable para el consistorio su repercusión en las finanzas muncipales y en las economías de los ciudadanos, que verían incrementadas notablemente las tarifas del servicio de abstecimiento de agua, no fuera tan impactante, acuerdo que finalmente no fue posible por las "elevadas pretensiones económicas" de la concesionaria, ha querido agradecer la implicación en la defensa de los intereses de la ciudad tanto a los servicios jurídicos y técnicos municipales, como a los grupos políticos y a todas aquellas personas que durante los dos últimos años han asesorado al Ayuntamiento y abogado por continuar con un procedimiento judicial que, reconoce, "podría haber salido mal, aunque no ha sido así".Una prórroga conflictiva
La UTE Aqualia-Fomento de Contrucciones y Contratas se adjudicó por primera vez el servicio de abastecimiento de agua potable de Novelda en 1998, por un periodo de quince años y un canon de 4,5 milllones de euros. Sin embargo en 2009, cuatro años antes del vencimiento, el gobierno del momento (PSOE, Compromís y EU-Verds), ante la necesidad de aliviar la maltrecha economía municipal y hacer frente al pago de deuda a proveedores, negoció y aprobó una prórroga de otros quince años (hasta 2028) sobre esta concesión a cambio de cuatro millones y medio de euros, aunque el Ayuntamiento recibió casi 500.000€ menos de esta cantidad al descontar Aqualia los intereses correspondientes al periodo entre 2009 y diciembre de 2013, fecha en la que expiraba el contrato de la primera concesión y debería entrar en vigor la nueva prórroga.
Durante el periodo comprendido entre 2009 y 2011 la concesionaria repercutió en los recibos a los ciudadanos los gastos financieros por este préstamo, lo que supuso un incremento del 22% en los mismos con un montante total de 521.000€, que una sentencia judicial la obligó a devolver, tras la reclamación presentada por el gobierno de aquel momento, al considerar que la empresa pretendía cobrar unos gastos que ya habían sido descontados antes de la entrega del canon pactado.
En 2015, ante la negativa de la Corporación municipal a repercutir en las tarifas del servicio de agua potable, incrementando su precio, la devolución del canon de la prórroga que había entrado en vigor en enero de 2014 y sus intereses financieros, la adjudicataria presenta un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que le dio la razón en sus pretensiones y cuya sentencia fue recurrida por el Consitorio noveldense ante el TSJ que ahora la ha revocado.
