El funcionario de la Conselleria de Agricultura que ayer acudió a la sede de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa tuvo que regresar a València sin las llaves de las infraestructuras del postrasvase del Júcar-Vinalopó. Lo único que le dieron los regantes fue una carta dirigida al director general del Agua, Manuel Aldeguer, instándole a suspender la entrega de las llaves exigida por considerar que no procede ni la forma ni el modo en la que se ha hecho, y reiterándole la necesidad de establecer líneas de coordinación y cooperación para resolver el conflicto surgido entre ambas partes sin tener que acudir a los tribunales.
Con esta orden del Consell, que se fundamenta en que toda la infraestructura del postrasvase es un bien de dominio público hidráulico, la consellera Mireia Mollà pretende recuperar para la Generalitat Valenciana, a través de la empresa pública de transformación agraria Tragsa, la gestión de la totalidad de los caudales del Júcar que lleguen a la provincia de Alicante. Una prerrogativa que está actualmente en manos de la Junta Central de Usuarios desde que, en el año 2012, el Gobierno valenciano -entonces dirigido por el PP- optó por ceder el control de las aguas trasvasadas a los propios regantes. Desde entonces son ellos quienes se hacen cargo de mantener y explotar los embalses y conducciones del postrasvase de la margen derecha y repartir el agua siguiendo las resoluciones del Gobierno central. Una medida que no supone ningún coste para la Administración y que el Consell justificó ocho años atrás por ser la Junta Central una entidad de derecho público adscrita a la Confederación Hidrográfica del Júcar y, además, por tratarse del órgano competente para distribuir los caudales procedentes de la transferencia del Júcar.
Cabe recordar que las 105 entidades de abastecimiento y regadío que integran la Junta Central de Usuarios atienden las necesidades de abastecimiento de hasta 1.500.000 de habitantes de población estacional, y suministran agua para poder regar una superficie aproximada de 50.000 hectáreas lo que, en su totalidad, agrupa unos 168 hectómetros cúbicos de derecho al uso de aguas.
En el escrito enviado ayer al director general de Agua de la Conselleria de Agricultura se indica textualmente que «es evidente y reconocido por la propia Administración,que la Junta Central no ha ocupado ni usado los bienes indebidamente, sino, en virtud de resoluciones administrativas dictadas por la dirección general del Agua que le otorgaron el derecho de usarlas y utilizarlas para la finalidad con la que fueron ejecutadas». Sobre este particular el portavoz de la Junta Central de Usuarios, Ángel Urbina, se muestra completamente indignado. «Vamos a defender lo nuestro con uñas y dientes porque no somos ningunos okupas. Buena parte de las instalaciones por las que discurre el agua para regar nuestros campos y abastecer nuestros municipios han sido costeadas por el Gobierno central y por las propias comunidades de regantes. «Es del todo ilógico que nos obliguen a entregar elementos de las infraestructuras que, en todo caso, no fueron ejecutadas por la Generalitat tales como el tramo 2, Salinas-Toscar, construida por la Administración General del Estado y cedido por el Ministerio de Medio Ambiente a la Junta Central, o el Tramo 5 perteneciente a la Comunidad de Regantes Virgen de las Nieves de Aspe». Además, añade Urbina, la Junta de Usuarios se constituyó en enero de 2003, como una Corporación de Derecho Público adscrita a la Confederación del Júcar. Y fue a instancias del propio Ministerio porque lo necesitaba para poder llevar adelante el trasvase. Así que en todo este asunto la Generalitat está al margen», subraya.
Respecto a la consideración de la Conselleria de Agricultura de que toda la obra del postrasvase es un bien de dominio público, los regantes recuerdan que se han de tener en cuenta los gastos que llevan soportando por el mantenimiento, mejoras introducidas, seguros de las instalaciones, adscripción de personal propio, elementos vinculados al mantenimiento y el uso actual. «Las llaves no las vamos a entregar porque no es legal y si tenemos que acudir a la Justicia lo haremos para defendernos de los ataques continuos de la consellera Mirea Mollà, que cuando llegó al cargo nos prometió su apoyo y lo único que ha hecho desde entonces es hostigarnos para acabar con la Junta Central. Primero nos quitó la gestión del embalse del Toscar y ahora sigue con el resto de la red», afirma muy molesto el portavoz de los usuarios anunciando una ronda de contactos políticos en las Cortes Valencianas y un encuentro con el presidente Ximo Puig para pedirle su mediación.
Este diario contactó ayer con la Conselleria pero al cierre de la edición no se había emitido ninguna respuesta sobre este nuevo episodio de la guerra del agua.
