El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana ha abierto una investigación de oficio para conocer las medidas adoptadas en el centro de acogida de menores inmigrantes de Villena por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra. Con esta investigación el Defensor, Ángel Luna, busca prevenir más contagios de coronavirus y atender los casos positivos que ya se han detectado.
El brote afectaba hasta el pasado miércoles a 56 personas. Es el segundo con mayor incidencia de los cuatro registrados en la provincia de Alicante desde que en julio comenzó a producirse un repunte de contagios. Hasta el momento han dado positivo 41 menores residentes -todos asintomáticos salvo uno- y 15 trabajadores, de los que cinco han presentado un cuadro leve. Mientras éstos se encuentran aislados en sus domicilios y controlados por los médicos de Primaria, los menores están confinados en la primera y segunda planta de la residencia de acogida de Villena, siguiendo un plan de contingencia para evitar que salgan al exterior.
El brote comenzó con un positivo la semana pasada activándose de inmediato el protocolo de prevención y seguridad frente al virus. Una situación que ha obligado a la empresa que gestiona este servicio tutelado por la Generalitat Valenciana, el Grupo El Castillo, a realizar nuevas contrataciones por vía de urgencia para poder sustituir a los 15 profesionales -muchos de ellos monitores- que han dado positivo. En cualquier caso, no se descarta que el número de afectados sea mucho mayor porque desde la Conselleria no se facilitaron ayer los resultados de una veintena de pruebas PCR.
En septiembre de 2019 el Síndic ya resolvió otra queja de oficio instando a la Conselleria a subsanar las graves deficiencias que presenta este centro. Pues bien, ahora le pide información sobre las actuaciones concretas que ha llevado a cabo para cumplir con sus recomendaciones. En la resolución se destacaba el incumplimiento de la normativa vigente en materia de autorización de centros de atención a menores y, muy especialmente, respecto a la capacidad total del centro que legalmente debería ser de un máximo de 30 plazas con grupos educativos de 6 plazas y, sin embargo, en aquel momento contaban con 96 plazas: 44 de acogida y 52 de emergencia. Asimismo, según la normativa vigente, la capacidad máxima de los dormitorios debía ser de dos personas y en el centro los dormitorios eran comunes con 24 plazas cada uno.
A este respecto el Síndic instó a promover una nueva regulación de la organización de los centros de protección de menores y el acogimiento residencial. En su respuesta Igualdad indicó que se encontraba trabajando en el desarrollo reglamentario de dicha norma legal. Pero a Ángel Luna no le consta que, hasta la fecha, se haya elaborado y aprobado el desarrollo reglamentario citado.
