La decisión del Gobierno central, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de cerrar seis acuíferos sobreexplotados del Vinalopó en el plazo de un año, ha recibido las críticas de la Diputación de Alicante y de la mayoría de los alcaldes de los municipios afectados. Sobre todo por la falta de garantías de que los caudales que no se extraigan de los pozos sean sustituidos por los del trasvase del Júcar a un precio asumible para los agricultores.
La vicepresidenta segunda y diputada provincial de Ciclo Hídrico, Ana Serna, calificó ayer la medida de «discriminatoria» y la consideró «la opción más dañina» para los usuarios de la provincia. La Diputación respalda la posición de los regantes de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa frente a un acuerdo que, según censura Serna, «se ha adoptado sin escuchar a los afectados y en pleno proceso de planificación hidrológica, lo que en la práctica supone un cambio de las reglas del juego a mitad de partido». Para la responsable provincial, la declaración de sobreexplotación implicará el cierre de pozos «sin que previamente se hayan planteado alternativas para garantizar el suministro de agua y para resolver el problema del coste en la puesta en marcha de la conducción Júcar-Vinalopó». Por eso advierte de que, antes de tomarse este tipo de decisiones, debe garantizarse el abastecimiento hídrico a los municipios y regantes de la provincia y que el precio del agua sea asumible. Además, para Serna, la declaración de «riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo de las seis masas de aguas subterráneas se ha tomado teniendo en cuenta como único criterio los índices de explotación del anterior Plan Hidrológico, que sitúan otras masas de agua de la cuenca en la misma situación sin que para éstas se contemple la declaración de sobreexplotación». Una circunstancia que para la vicepresidenta segunda supone una «clara discriminación hacia los usuarios de los acuíferos del Vinalopó».
Los alcaldes Antonio Puerto, de Aspe; María Dolores Berenguer, de Monforte del Cid; y Fran Martínez, de Novelda, se oponen a la declaración de sobreexplotación acordada por la CHJ. «Crea más inseguridad en un sector agrícola que, precisamente, lo que necesita es justo lo contrario. Necesita apoyo de las administraciones y la puesta en marcha del trasvase del Júcar-Vinalopó, que es la solución a este problema». En estos términos se expresó el alcalde de Novelda mientras los de Aspe y Monforte coincidieron en señalar que «estamos ante un ataque más a la agricultura y a los regantes porque en lugar de aportar soluciones se aportan problemas». Para Puerto y Berenguer «la solución pasa por el trasvase Júcar-Vinalopó y mientras tanto hay que dejar a los regantes que puedan extraer agua, siempre respetando los derechos reconocidos, porque en caso contrario muchos agricultores van a optar por abandonar sus cultivos ante la falta de apoyo del Gobierno».
Sin embargo el primer edil de Pinoso, Lázaro Azorín, considera que «en esta cuestión hay que pensar en el presente y el futuro». Él respeta la decisión tomada porque «la sobreexplotación es real y la situación, grave, pero los damnificados no pueden ser los agricultores. Nuestros campos necesitan agua y por eso reivindicamos el compromiso de la Generalitat con el inminente trasvase del Júcar», subraya Azorín con una sentencia: «El precio de la peor agua es no tenerla».
Los alcaldes de Elda y Villena han sido los únicos en apoyar abiertamente la decisión del Gobierno central. «Se aprueba una reivindicación histórica de la ciudad de Villena para preservar los sobreexplotados sondeos del Vinalopó, antes de que sus aguas pierdan calidad y ya no sean aptas ni para el consumo humano ni para el regadío», ha indicado el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, puntualizando, no obstante, que «la cara B de la moneda va a ser la probable subida del agua de riego. Algo en lo que debemos trabajar desde ya para que el precio sea competitivo para nuestros agricultores». También el primer edil de Elda apoya que «desde el consenso se lleve a cabo el cierre de los acuíferos sobreexplotados porque son los que nos aseguran el futuro de nuestro río. Pero también hay que garantizar el suministro de agua de calidad y a un precio razonable para la agricultura», puntualiza Rubén Alfaro.
