La Diputación de Alicante ha vuelto a mostrar su «respaldo absoluto» a las reivindicaciones de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L'Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa tras la decisión de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de cerrar, a partir del próximo año, los pozos de seis acuíferos del Vinalopó a los que ha declarado sobreexplotados. Los regantes demandan, por un lado, la exención de los costes de amortización del trasvase Júcar-Vinalopó y, por otro, la bajada y estabilización del precio del agua para que el sector no «muera». Dos reivindicaciones que el presidente de la Diputación hace suyas para trasmitirlas al Consell y al Gobierno de España.

Tras la reunión mantenida ayer en Aspe, en la sede de la Junta Central de Usuarios, el presidente de la Corporación provincial, Carlos Mazón, señaló que «venimos a apoyar a la Junta después una decisión lamentable de la Confederación Hidrográfica del Júcar que nadie entiende, con una declaración de sobreexplotación que condena definitivamente el futuro agroalimentario de esta comarca y de la provincia». También lamentó que se haya adoptado una medida de esta magnitud «sin haber negociado previamente con los afectados, sin haber ofrecido alternativas como casi todo lo que sucede con el trasvase Júcar-Vinalopó, que está condenado a una muerte por silencio y no vamos a tolerar que sea así».

Para Mazón es prioritario proteger el medio ambiente y apostar por la sostenibilidad. «Precisamente cuando hablamos del trasvase Júcar-Vinalopó es para no sobreexplotar nuestros acuíferos, porque justamente esta infraestructura nos ayuda a mantener nuestro ambiente y su defensa es lo que hace que mantengamos viva nuestra industria agroalimentaria», destacó abogando por abrir una vía de diálogo en este momento de incertidumbre, dentro de un marco de negociación, con la Junta de Usuarios del Vinalopó. En esta línea, ha insistido en que la institución seguirá apoyando «todas las reivindicaciones de la Junta de Usuarios con asesoramiento, con coordinación y con nuestra presencia ante los regantes, porque es un órgano de interlocución que respetamos, valoramos y consideramos estratégico».

La sesión contó con la presencia del presidente de la Junta, José Antonio Berenguer; la vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna; la diputada por la comarca, Mari Carmen Jover, así como más de una veintena de usuarios de este órgano hídrico del que depende la gestión de cerca de 90.000 hectáreas y el abastecimiento humano de un millón y medio de habitantes.

El encuentro finalizó con el compromiso del presidente de la Diputación de elaborar un estudio que analice la incidencia económica que supondría el aumento del precio del agua para los cultivos de la zona, así como el ofrecimiento del asesoramiento jurídico de la Diputación para llevar a cabo las alegaciones que la Junta considere pertinentes. Berenguer agradeció su apoyo y su compromiso «para conseguir el objetivo de obtener agua al precio que consideramos justo, eliminando la amortización, que es lo que impide que el trasvase funcione». A continuación los miembros de la Junta de Usuarios detallaron a Mazón la situación a la que se enfrentan con la decisión de la CHJ de declarar la sobreexplotación de seis acuíferos del Alto, Medio y Baix Vinalopó, un problema endémico que, si bien comparten y está previsto por ley, consideran que debe proponerse una alternativa consensuada a través de una negociación y no de manera unilateral y sin escuchar a la parte afectada, como ha sucedido. Así lo ha vuelto a denunciar el portavoz de la entidad, Ángel Urbina, insistiendo en que se trata de un problema social e hídrico. Un mensaje al que el vicepresidente segundo, Francisco Santiago, añadió que se ha intentado llegar a un acuerdo con la CHJ para trasladarle que es inviable esta decisión y que la génesis del problema se dio cuando cambiaron la toma en el trasvase, una disposición que imposibilitó el uso del agua para abastecimiento humano, provocando un desequilibrio financiero, social y ambiental de la infraestructura al encarecer el precio para el agricultor y reducir su calidad.