La Conselleria de Justicia se mantiene firme en su decisión de ubicar el futuro Palacio de Justicia de Villena en una parcela municipal situada en el barrio San Francisco, un distrito altamente conflictivo y alejado del núcleo urbano al que se denomina popularmente «El Poblao». El Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI) ha expresado formalmente su rotundo rechazo al enclave elegido y ha exigido al Consell que traslade su localización a otra zona del municipio.
A través de un escrito dirigido a la Conselleria de Justicia, ICALI ha manifestado que se trata de una decisión no consensuada con el conjunto de profesionales que trabajan diariamente en los juzgados de Villena. Además, se ha subrayado que la zona designada para el proyecto no está provista de los servicios de urbanización y accesibilidad necesarios. Y, lo más importante, se encuentra en un barrio degradado e inmerso en un ambiente delictivo «que requiere habitualmente de la intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado».
Todo ello, sostiene el órgano colegiado, no contribuirá a un mejor funcionamiento de la Administración de Justicia en el Partido Judicial de Villena, por lo que se exige a la consellera Gabriela Bravo que estudie otra ubicación para las futuras instalaciones y que, para ello, cuente con la opinión de todos los colectivos profesionales implicados en la actuación. Sin embargo la Conselleria no comparte los argumentos de los letrados y ayer mostró a este diario su determinación de seguir adelante con el proyecto, basando la elección en «criterios estrictamente técnicos». De las dos alternativas de emplazamiento propuestas por el Ayuntamiento se ha desestimado la parcela de 6.000 metros cuadrados situada junto al geriátrico de Villena por encontrarse en una zona de alto riesgo de inundabilidad, tal y como recoge el Patricova, el plan de prevención de riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana. Adoptar las medidas necesarias con las que revertir esta situación de riesgo acarrearía una inversión adicional, así como un laborioso proceso administrativo que podría alargarse entre tres y cuatro años. Factores ambos por los que la Conselleria ha decidido descartar esta opción y se ha decantado finalmente por la parcela de 5.800 metros cuadrados del barrio San Francisco.
Sobre el clima de inseguridad a la que aluden los letrados, se responde desde Justicia que el nuevo edificio dispondrá de vigilancia -agentes y cámaras- y contará con garaje propio. Además, se considera que la ubicación del Palacio de Justicia en el barrio San Francisco contribuirá a revitalizarlo socialmente como ha ocurrido en Alcoy, o como podría ocurrir en los próximos años en Gandía. El otro factor que el Gobierno valenciano valora es el mal estado de conservación del actual edificio judicial de Villena. De ahí la necesidad de acelerar al máximo los plazos de construcción. El calendario que maneja la consellera Bravo es licitar el proyecto en el año 2022 para que la nueva sede judicial esté completamente acabada en 2024. Para ello el Consell contempla invertir 13 millones de euros en levantar un nuevo Palacio de Justicia de seis plantas y sótano, que también estará dotado de nuevos despachos y capacidad para albergar dos juzgados más.
