El informe encargado por la defensa de Salvador R. L., el mismo que provocó que el abogado de la coacusada en el crimen de Patraix, María Jesús M. C. lograse aplazar al final del juicio la declaración de ambos, centró buena parte de la séptima sesión del juicio con jurado contra ambos por el asesinato del marido de ella, el ingeniero noveldense Antonio Navarro, acuchillado en su garaje de la calle Calamocha el 16 de agosto de 2017, cuando tenía 36 años.

Se trata de un informe elaborado por la criminóloga y doctora en Psicología Clínica Cristina Escamilla y el psicólogo especialista en Psicología forense y clínica José Miguel Ferrer a partir de entrevistas mantenidas en prisión con Salva y es el único estudio al margen del realizado por los forenses del Instituto Medicina Legal (IML) que se ha aportado a la causa. Así, el jurado ha podido escuchar cómo es la personalidad del acusado a raíz de este análisis psicológico, pero desconoce la de Maje, dado que su defensa ha optado por no encargar ningún examen de ella.

Los dos peritos, a preguntas de la abogada de Salvador, Julita Martínez, dijeron que «no presenta rasgos psicopáticos o antisociales. Es una persona con baja dominancia, unido a un bajo nivel de autoestima y una alta dependencia, sumisa e influenciable si está cerca de personas dominantes».

A preguntas de la letrada, aseguraron que, en su caso, «cualquier acción impulsiva se ve mediada por una excesiva necesidad de aceptación social» y que se trata de «una persona bondadosa, que evita conflictos, muy sumisa y dependiente, con un fuerte deseo de obtener aprobación de otras personas».

José Miguel Ferrer sostiene que, de las entrevistas y test a los que fue sometido, se desprende que Salvador «tiene serias dificultades para actuar por sí mismo, necesita aprobación y refuerzo para acciones de cierta complejidad, como abrir un negocio. Es una persona que cualquier acción sofisticada no la va a hacer por sí mismo», ejemplificó. «¿Un asesinato es una acción sofisticada?», inquirió más tarde la acusación particular. «Lógicamente, requiere de muchos factores», respondió sin dudar el psicólogo.

En su exposición del informe, Ferrer y Escamilla también describieron que «tiene baja autoestima y mucha sensación de menosprecio» y que, aunque «tiene un buen control de la ira y baja tendencia a mostrarla», muestra «problemas a la hora de manejar las emociones: o reacciona de manera exagerada o las inhibe».

Así mismo, afirmaron que el examen muestra una persona «con tendencia excesiva a lo iluso, con expectativas frecuentemente irreales» y que «debido a su necesidad de aprobación social junto con la extrema dependencia necesita hacer algo importante por esas personas para que lo valoren. En este caso era liberarla [a la acusada] de esa vida riesgosa que le decía que llevaba. Era su percepción. Quería hacer algo importante por ella».

A preguntas del fiscal, el perito describió que los test afirman que Salva es «extremadamente dependiente e inseguro» y que «si se rompe la relación con ella, esta persona dejará de ser su referente. Ahora bien, buscaría a otra persona». Sobre el riesgo de reincidencia, coincidieron ambos peritos en afirmar que es «altamente improbable, se unieron muchos factores para que se produjera lo que aquí se está juzgando. Él se ha dado cuenta de lo que ha hecho. Cuando lo estaba haciendo, se había impuesto una realidad diferente».

Eso sí, «dentro de prisión no hemos detectado que nadie le influyera. El factor de riesgo es con quién se relaciona. En prisión es una persona más bien solitaria e individualista. Es muy improbable que ahora mismo esté siendo influenciado por una tercera persona», explicaron, cuando el fiscal quería saber si existía es influencia y si podía llevarle a mentir.

El letrado de Maje, a quien el informe no favorece en absoluto, trató de desacreditar primero a los peritos, porque la tesis doctoral de Escamilla versó sobre accidentes de tráfico y porque Ferrer fue dueño hace años de una agencia de publicidad, y después su trabajo. Y luego trató de aprovechar el examen para arrimarlo a su estrategia, algo que consiguió en general, aunque se llevó alguna respuesta como esta: «La compulsión en Psicología no significa lo mismo que en lenguaje normal. En este caso, dice que la persona no cometerá actos impulsivos si no tiene un refuerzo externo».

«No hay patología mental»

Antes de los psicólogos, hablaron ante el tribunal los dos psiquiatras forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) que realizaron la exploración forense de los dos acusados, Santiago Rincón y Juan Carlos Cauto. Fueron tres entrevistas a lo largo de varios meses. La conclusión fue clara: «Saben los que hacen. No se evidencia patología mental. No hay ninguna circunstancia psiquiátrica relevante, ninguna afectación a la capacidad de conocer y comprender los hechos».

De ella, Rincón dijo que «es una persona fuerte que espera salir de la cárcel y vivir la vida, como nos dijo varias veces» y explicó que todo lo recogido en su informe «es lo que contó ella», como, por ejemplo, «que hay dos momentos en que la agrede el fallecido».

Respecto del inculpado. Cauto, que fue quien lo examinó, aseveró que es «una persona más pasiva y dependiente que dominante» y que durante la entrevista «se mostró frío y distante».