Dos días después de que el jurado popular declarase a Alejandra García culpable del asesinato del pequeño Dominique, el magistrado Pablo Díez le ha impuesto la máxima condena que recoge el Código Penal: prisión permanente revisable. Es la segunda cadena perpetua que se aplica en la provincia de Alicante desde que se instauró en 2015. Aunque el crimen del niño de Elda se cometió con anterioridad, el asesinato de un bebé de dos años en el barrio ilicitano de Carrús ya supuso para la madre y el padrastro la misma pena. Fue el pasado mes de septiembre cuando a sección VII de la Audiencia, con sede en Elche, dictó por primera vez en la provincia la mayor pena de cárcel que fija la jurisdicción española.

En el caso del pequeño Dominique, tanto la fiscal Alicia Serra como las acusaciones particulares, que han ejercido la madre de acogida permanente de la víctima y la Generalitat Valenciana que mantenía su tutela, pidieron para la acusada la prisión permanente revisable. Y ello tras argumentar que se trataba de una víctima especialmente vulnerable: un niño de ocho años con problemas de psicomotricidad que fue atacado por sorpresa, cuando estaba solo en casa y sin ninguna oportunidad de escapar. La defensa, por su parte, planteó la pena mínima para la acusada pero su petición no ha sido aceptada. Es más, el magistrado ha atendido todas las agravantes planteadas por la Fiscalía y las acusaciones particulares. De tal modo el fallo condena a Alejandra García, como autora de un delito consumado de asesinato, a la prisión permanente revisable, inhabilitación absoluta y prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros del lugar donde resida la madre de la víctima, Penélope Martínez, con quien tampoco podrá comunicarse por ningún medio -ni siquiera aproximarse a ella- durante un período de 26 años. El fallo impone asimismo a la condenada la obligación de indemnizar a la madre de Dominique con 120.000 euros y a su expareja y padre de acogida permanente del niño, Daniel Faus, con 5.000 euros. Cantidad significativamente inferior que podría responder a su decisión de retirarse del proceso como acusación particular durante el pasado verano.

En la misma resolución judicial también se condena a Alejandra García como autora de un delito de simulación de delito a la pena de seis meses de multa, con una cuota diaria de seis euros, quedando sujeta a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa que deje de pagar. Por último el magistrado le obliga a abonar las costas procesales generadas, incluyendo a los letrados de Penélope Martínez y de la Generalitat Valenciana.

No obstante el fallo todavía no es firme. Contra el mismo cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de diez días, y la defensa ya deslizó durante el juicio que recurrirá.

Dominique fue asesinado en la tarde del 30 de agosto de 2017 cuando se encontraba a solas con la acusada porque el padre del menor se había ido a dirigir unos entrenamientos a la pista de atletismo de la Sismat de Elda. Alejandra aseguró a la Policía que habían sufrido un asalto en el piso por parte de dos desconocidos, que ocultaban su rostro con un casco de motorista, y que habrían tratado de agredirles sexualmente. Las incongruencias de su relato la convirtieron desde el primer momento en la principal sospechosa, hasta que fue nueve meses después fue arrestada tras una paciente y eficaz investigación por parte de diferentes grupos y unidades de la Policía Nacional de Elda-Petrer, Madrid y Alicante. Solo entonces admitió que se inventó toda la historia al haber sufrido un bloqueo mental por la muerte del niño que, según indicó, se atragantó con un trozo de jamón mientras merendaba. Una versión que el tribunal popular no creyó apoyándose en el contundente informe de la autopsia, que concluía que el pequeño fue estrangulado por la espalda, con toda probabilidad con la camiseta que llevaba puesta.

Apenas cuatro horas y media duró la deliberación. Hacia las 10.30 horas de la mañana del lunes empezó el encierro del tribunal popular después de que el magistrado les entregara un cuestionario con seis preguntas sobre los hechos que debían considerar probados. Tras una pausa a las dos de la tarde para comer, la reunión se retomó a las cuatro, y una hora más tarde Pablo Díez convocó a las partes para leer el fallo en audiencia pública. El cuestionario se componía de seis preguntas: Si Alejandra mató a Dominique; si fue intencionadamente; si lo hizo sin posibilidad de que el pequeño se defendiera; si se aprovechó de su diferencia física con el niño; si simuló un asalto después para culpar del crimen a dos desconocidos; y si esta invención se produjo a consecuencia de un ataque de pánico que la bloqueó. Salvo a esta última pregunta, la respuesta al resto del cuestionario fue afirmativa. Es decir, todos los hechos del relato de las acusaciones quedaron probados para el jurado.

En la tarde del pasado lunes, tal y como este diario publicó, el jurado popular dictó su veredicto por unanimidad considerando probado que Alejandra estranguló al pequeño Dominique y simuló un asalto a su vivienda. Ayer por la tarde el magistrado notificó a todas las partes una decisión que hace justicia ante el atroz crimen de un niño de ocho años.

UNA INVESTIGACIÓN DE 30 AGENTES Y 9 MESES DE DURACIÓN


La investigación del caso Dominique ha resultado un gran éxito policial. Tanto por el resultado como por el grado de colaboración de la treintena de agentes, de diferentes grupos y unidades de la Policía Nacional, que participaron en ella durante nueve meses. Concretamente la brigada local de Policía Judicial de Elda-Petrer, las brigadas provinciales de Policía Judicial y Científica y especialmente, desde Madrid, el Grupo de Homicidios de la UDEV de la Comisaría General de Policía Judicial y la Unidad Central de Criminalística de la Comisaría General de Policía Científica.