El Ayuntamiento de Elda dispone de 316 viviendas sociales y se ha marcado el objetivo de adquirir otras 700 para conseguir que el 4% del parque inmobiliario de la ciudad sea vivienda pública. La medida supone un incremento del 2,5% dado que en la actualidad no supera el 1,5%. El plan trazado se concibe a medio o largo plazo pero en la actualidad hay un centenar de personas en lista de espera para conseguir un hogar. Una carencia que el alcalde Rubén Alfaro quiere subsanar a corto plazo con el convenio sobre la cesión de derecho de tanteo y retracto que ayer suscribió con Rubén Martínez Dalmau, el vicepresidente segundo del Consell y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática.

La firma permitirá ampliar el parque público de viviendas en Elda, dentro del marco del Plan Hábitat 2030, al ceder la Generalitat Valenciana los derechos de adquisición preferente a los ayuntamientos donde se ubique el piso objeto de tanteo o retracto.

Las propiedades adquiridas por el Consistorio eldense serán calificadas de protección oficial permanente, incorporándose al parque público municipal para ser destinadas a alquiler social de personas, familias o colectivos sin recursos o en situación de vulnerabilidad. Elda, que además contará con una oficina de proximidad que funcionará como ventanilla única en materia de vivienda, rehabilitación de edificios y regeneración urbana, es la cuarta ciudad de la Comunidad Valenciana que se adhiere a este convenio tras Sant Joan, San Vicente del Raspeig y Alboraia.

El convenido tiene una vigencia de un año, con posibilidad de prorrogarse, y determinará las condiciones de la cesión, el destino de las viviendas y los criterios de adjudicación de las mismas. Pero, en caso de que el Ayuntamiento decida no ejercer el derecho de tanteo y retracto, será la Generalitat Valenciana la que lo haga de manera subsidiaria.

En el encuentro mantenido en la Casa Consistorial también han estado presentes el concejal de Vivienda, Javier Rivera, y la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana de la Generalitat Valenciana, Elena Azcárraga.

Tras estampar su firma en el convenio Rubén Alfaro ha señalado que «hoy es un día importante porque vuelve a visitar nuestra ciudad el vicepresidente Rubén Martínez Dalmau para firmar un convenio que nos da soporte jurídico para acceder al tanteo y retracto de las viviendas que salgan al mercado, y de esta manera poder incorporarlas al parque de vivienda pública». Para el alcalde de Elda «es esencial garantizar un derecho fundamental, como es la vivienda, que para mí está al mismo nivel que el derecho a un empleo. El acceso a una vivienda digna es un grave problema para muchas personas y familias, especialmente para los jóvenes, que no pueden hacer frente al pago de los alquileres fijados por el mercado inmobiliario».

Por su parte, Martínez Dalmau ha afirmado que mediante esta fórmula «conseguimos ampliar el parque público de viviendas, tanto de la Generalitat como de aquellos municipios que lo necesitan, para dar respuesta a la demanda de vivienda en este contexto de crisis económica y social».

Desahucios

El conseller también ha indicado que, a través de esta figura jurídica, se podrá proteger a las personas que viven en inmuebles procedentes de ejecuciones patrimoniales del riesgo de una subida abrupta del alquiler o del riesgo de ser desahuciadas, ofreciéndoles un alquiler social que les permita permanecer en sus casas». La firma del convenio se enmarca en la apuesta del gobierno local por incrementar el parque de vivienda pública y por mejorar la calidad de las personas, especialmente de aquellas que tienen menos recursos. Además, tanto el conseller como el alcalde, coincidieron en destacar que al asumir el tanteo o retracto se logra una mayor eficacia y proximidad con la ciudadanía en una cuestión tan importante como es la vivienda, ya que los servicios sociales municipales son los encargados de realizar los informes de las familias que necesitan un alojamiento urgente.

El Consell invierte 1,2 millones en los 71 pisos públicos de Monóvar

Martínez Dalmau también visitó ayer en Monóvar, junto a su alcalde Alejandro García, las obras de mejora de las 38 viviendas públicas ubicadas en las calles Guardería-Cuartel, y cuya inversión asciende a 347.000€. El conseller señaló a este diario que «Monóvar es la tercera localidad del Medio Vinalopó con más viviendas del parque público». Son concretamente 71. De ahí los 1,2 millones invertidos en los cinco últimos años y nuestro objetivo de adecuarlas tras su abandono por los gobiernos de derechas». Desde julio de 2015 se han adjudicado 30 viviendas en alquiler social. Tres a víctimas de la violencia de género y otras tres a familias desahuciadas. En la actualidad hay 13 pisos disponibles de los que 11 ya están reparados y en fase de adjudicación.