La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa tiene dos semanas de plazo para entregar a la Conselleria de Agricultura todas las llaves de la conducción del trasvase del Júcar entre Villena y el embalse del Toscar en Monóvar. Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana después de atender las pretensiones del Consell, en el pleito que mantenía que los regantes para recuperar el control de la infraestructura en toda su margen derecha. Hasta en tres ocasiones han solicitado los técnicos de la dirección general del Agua las llaves de las válvulas de corte. Pero todas las veces se han encontrado con una negativa por respuesta por parte de la Junta Central de Usuarios. Una circunstancia que ha motivado el auto del alto tribunal, por el que autoriza a la Conselleria a forzar las cerraduras de todas las casetas que regulan las conducciones del trasvase del Júcar-Vinalopó para sustituirlas por otras nuevas que quedarán bajo su único control. Es lo mismo que ocurrió el pasado verano con el embalse del Toscar. En esa ocasión, funcionarios de Agricultura de los servicios territoriales de Valencia y Alicante acudieron a la infraestructura junto a un cerrajero y la Policía Local para romper los candados de la Junta Central de Usuario y poner los suyos.
Precisamente el procedimiento judicial por el que el embalse de Monóvar ha pasado a manos del Consell ya es firme y contra el mismo no cabe recurso. Fue el pasado mes de junio cuando la entidad encargada de regular los caudales del Júcar en las comarcas del Vinalopó, l’Alacantí y la Marina Baixa se llevó un duro mazazo judicial en su intención por recuperar la gestión del embalse del Toscar. La sección primera del Tribunal Superior de Justicia emitió entonces una sentencia en la que consideraba que la titularidad y el control de la infraestructura hídrica debía estar en manos de la Conselleria de Agricultura. El alto tribunal expulsó, por tanto, de la administración del embalse a la Junta Central, que llevaba al frente del mismo cinco años tras la cesión que le hizo el Gobierno valenciano cuando estaba dirigido por el PP con mayoría absoluta.
Fue concretamente en abril de 2015 cuando se cedió formalmente la gestión de los recursos hídricos de este embalse a la Junta Central de Usuarios. Sin embargo la medida se encontró con la oposición de la Comunidad General de Usuarios del Medio Vinalopó, adscrita a la propia Junta Central, porque fue la que cedió los terrenos para llevar a cabo la construcción. Una divergencia que motivó el recurso de reposición ante la propia Generalitat Valenciana reclamando la titularidad del bien. Pero finalmente el Gobierno autonómico falló contra todos al optar por asumir la titularidad y gestión de una infraestructura que en marzo de 2019 pasó a ser controlada por la Conselleria de Agricultura al entender que pertenecía al patrimonio público autonómico. De este modo hizo efectiva una controvertida medida que fue recurrida ante los tribunales por la Junta Central de Usuarios. Pues bien, casi dos años después el embalse del Toscar ya es de pleno dominio público.
El Gobierno valenciano encomendará a Tragsa la gestión de la infraestructura
El embalse del Toscar ya es de pleno dominio público tras el último recurso que cierra la vía judicial
El Consell está ultimando los trámites administrativos necesarios para ceder la gestión de la margen derecha del trasvase del Júcar-Vinalopó a Tragsa. Esta empresa de Transformación Agraria forma parte de un grupo empresarial público orientado al desarrollo rural y la conservación de la naturaleza. Los responsables de Tragsa en la Comunidad Valenciana serán, por tanto, los encargados de controlar toda la infraestructura que permite que las aguas del Júcar lleguen a la provincia de Alicante. Entre ellas figura el embalse del Toscar, que costó 5,8 millones de euros y sigue siendo el más grande del Vinalopó, con 900.000 metros cúbicos de capacidad. Fue concretamente en abril de 2015 cuando se cedió a la Junta Central de Usuarios. Sin embargo la medida se encontró con la oposición de la Comunidad General de Usuarios del Medio Vinalopó, adscrita a la propia Junta Central, porque fue la que cedió los terrenos para construirlo. Una divergencia que motivó el recurso de reposición ante la propia Generalitat reclamando la titularidad del bien. Pero finalmente la el Consell falló contra todos al optar por asumir la titularidad y gestión de la infraestructura.
