Primero fue el Ayuntamiento de Cañada y ahora los municipios de Biar y Salinas también se han posicionado en contra de la ubicación elegida por la Conselleria de Justicia, para construir el nuevo Palacio de Justicia de Villena en el conflictivo barrio de San Francisco, más conocido como El Poblao. En las mociones aprobadas en los respectivos plenos de los tres Ayuntamientos se insta a la consellera Gabriela Bravo a que “se replantee la ubicación del nuevo Palacio de Justicia de Villena”.
La alcaldesa de Biar, la popular Magdalena Martínez, ha indicado que los escritos de protesta que han recibido en los Ayuntamientos “vienen acompañados de muchísimas firmas de funcionarios que trabajan allí que no están de acuerdo”, y también considera que no es el mejor sitio recordando que hay otros lugares que se plantearon la legislatura pasada con mejores condiciones, "máxime cuando se quiere poner al lado del parque de bomberos y los bomberos, precisamente, se van a trasladar de allí ante los problemas que sufren".
"Un servicio de todo el partido judicial"
Sobre el pronunciamiento acerca de un servicio cuya sede física está en Villena ha indicado la alcaldesa que “estamos hablando de un servicio que afecta a todo el partido judicial, Beneixama, Campo de Mirra, Cañada, Biar, Sax y Salinas, y habiendo una queja y un movimiento importante por parte de las personas que van todos los días y que van a usar ese edificio, y teniendo en cuenta que el resto de municipios somos afectados porque vamos a tener que ir a parar allí, por lo que no solo es exclusivo de Villena sino que afecta a todos los ciudadanos del partido judicial, por lo menos tenemos que opinar, aunque la decisión no sea nuestra”.
Desde el Partido Popular de Villena se lamenta la actitud del PSOE que ni siquiera haya abierto la posibilidad de consensuar una ubicación alternativa a la propuesta con los más afectados, y negándose a dialogar y a plantear alternativas de forma activa en lugar de limitarse a decir que no hay más opciones. “Cuando los ciudadanos plantean alternativas al proyecto de supresión de paso a nivel por Rosalía de Castro desde el PSOE alegan que llegan tarde; cuando los ciudadanos plantean alternativas a la nueva ubicación del Palacio de Justicia, antes si quiera de que se hayan cedido los terrenos, no dan ni siquiera posibilidad, demostrando así su verdadero carácter y modelo de participación ciudadana. No se trata de buscar la parcela que más rápido permita la construcción, sino la mejor, aunque nos lleve algo más de tiempo pero no se debe solucionar un problema generando uno aún mayor” manifestaba el portavoz popular, Miguel Ángel Salguero.
Larga lista de rechazos
Los Ayuntamientos de Cañada, Biar y Salinas suman así a la larga lista de rechazos que está suscitando la decisión del Consell. Los representantes en Villena de los Ilustres Colegios de la Abogacía (ICALI) y Procuradores de Alicante (ICOPAL) ya solicitaron el pasado mes de octubre al Ayuntamiento de Villena, a través de un escrito, que reconsiderase su postura y propusiese una ubicación alternativa, indicando que la decisión no ha sido ni consultada ni consensuada con los colectivos que trabajan en la sede judicial en ningún momento. El escrito iba a acompañado de un segundo documento firmado por los funcionarios de los distintos cuerpos de la Administración de Justicia en el que manifiestan igualmente su oposición. Además de ello, desde ICALI también se remitió una carta directamente a Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública solicitando que reconsiderasen la decisión.
En octubre, el Partido Popular de Villena presentó una moción al pleno, rechazada por Verdes y PSOE, en la que se solicitaba al Consistorio que “muestrase su rechazo a la ubicación de los nuevos juzgados propuesta por la Conselleria de Justicia, rechace ceder a Conselleria los terrenos solicitados y reclame a la Generalitat que se replantee la ubicación de la parcela consensuándolo previamente con los trabajadores y usuarios de los juzgados”.
El PP también llevó el rechazo a esta ubicación a las Cortes Valencianas, a través del portavoz de Justicia, Pepe Císcar. En aquella ocasión Císcar pidió directamente a la consellera Gabriela Bravo que “cuando se planifique una nueva sede judicial cuente con los colectivos que la van a utilizar”
