La Conselleria de Cultura ha asegurado que el Ayuntamiento de Sax nunca ha solicitado ayudas, en la línea de subvenciones de inmuebles de la Generalitat Valenciana, para ejecutar trabajos de mantenimiento en los edificios históricos del Bien de Interés Cultural (BIC) de la Colonia de Santa Eulalia. Aunque se trate de bienes privados «los Ayuntamientos vecinos de Sax y Villena podrían haber solicitado esas ayudas con el consentimiento de los dueños», se advierte desde Cultura después de que la alcaldesa sajeña, la popular Laura Estevan, indicara que «el Ayuntamiento no puede pedir subvenciones para rehabilitar inmuebles que no son de su propiedad». Sin embargo, según se indica desde la conselleria, la normativa establece que los solicitantes de las ayudas deben ser ayuntamientos y asociaciones, «pero en ningún sitio pone que deban ser los titulares de los bienes sobre los que se pide la actuación. De hecho, en la solicitud hay que hacer una declaración responsable de que se dispone de la autorización del propietario».
Tras la inspección realizada el martes por los técnicos de los Servicios Territoriales de Cultura, con el fin de recabar datos con los que elaborar un informe sobre el estado general del conjunto histórico, se ha constado que el muro derruido en la alcoholera del siglo XIX pertenece a un inmueble declarado Bien de Relevancia Local y, por tanto, el régimen de intervención es municipal. «Es decir, la competencia en materia patrimonial es en primer lugar de los dueños y en segundo lugar del Ayuntamiento».
Aunque la Colonia es un conjunto histórico declarado BIC por la Generalitat en febrero de 2016, está compuesto por Bienes de Relevancia Local. Concretamente por Monumentos de Interés Local: la Ermita de Santa Eulalia, la Casa Palacio y el Teatro Cervantes, así como por Espacios Etnológicos de Interés Local: la Fábrica de Harinas El Carmen -el único edificio en término de Villena- y la Fábrica de Alcoholes La Unión, Bodega y Lagar.
Por su parte la alcaldesa ha insistido en asegurar que desde 2019 ha mantenido reuniones y conversaciones con la Administración valenciana, y con los dueños, para buscar una «solución urgente».
