El Tribunal Supremo ha ratificado, con una reciente providencia a la que ha tenido acceso este diario, la legalidad de los 118 bungalós de La Jaud de Elda inmersos en un proceso de demolición por una irregularidad urbanística que se remonta más de veinte años atrás. Acaba así el sufrimiento de las familias que temían perder las viviendas que compraron de forma legítima. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado la inadmisión a trámite del recurso de casación presentado por vecinos de la zona contra el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana el 27 de julio de 2020 y confirmado en reposición el 7 de diciembre. La parte demandante solicitaba la demolición de los 118 bungalós que ya había descartado con anterioridad el TSJ. Pero el Supremo ni siquiera ha entrado a valorar el recurso imponiendo, además, el pago de las costas a la parte recurrente en favor del Ayuntamiento de Elda.
«Esta resolución supone el fin del suplicio que han pasado las familias afectadas. Ya podían estar tranquilas anteriormente -desde que en 2018 se aprobó el Plan de Reforma Interior (PRI) para legalizar la actuación- pero con el nuevo pronunciamiento del Supremo se confirma que, tanto las viviendas como las licencias de construcción concedidas por el Ayuntamiento, son completamente legales», ha indicado el edil de Urbanismo, Eduardo Timor.
Este diario también ha podido conocer, por fuentes jurídicas, que el expediente administrativo enviado al TSJ-CV por el Ayuntamiento de Elda sí dispone de la memoria de sostenibilidad económica del PRI concedido. Precisamente, en julio pasado, el alto tribunal se basó en esta carencia para declarar nulo el último PRI con el que se regularizaba el sector de La Jaud. De este modo se «esfumaba» la cobertura legal de los expedientes de legalización de los 118 bungalós con orden de derribo y la causa legal de no ejecutabilidad de la sentencia que acordaba la demolición.
La concejalía de Urbanismo pidió entonces al TSJ una subsanación de la sentencia asegurando que la memoria económica había sido enviada en el expediente del PRI. El tribunal lo ha revisado y esta misma semana ha admitido su «error» porque el documento efectivamente había sido entregado. Las partes podrán a partir de ahora hacer las alegaciones que consideren oportuno antes de que la sentencia sea subsanada.
Antecedentes
Fue en diciembre de 2018 cuando desde el Consistorio se aseguró haber puesto punto y final al problema urbanístico más grave de la ciudad. La Junta Local de Gobierno aprobó entonces la legalización de las 118 viviendas del paraje de La Jaud sobre las que pesaba desde hacía dos décadas una sentencia judicial de demolición. El PRI de esta área urbana se fue agravando desde el año 1995, a medida que se fueron otorgando las primeras licencias de obra y de reparcelación de la zona. Un trámite que enfrentó a los vecinos y éstos, a su vez, con el Ayuntamiento. En el proceso entraron en liza los tribunales y uno tras otro fueron descartando las posibles soluciones que se han ido dando con el paso de los años y las Corporaciones a este conflicto urbanístico. Ninguna de ellas, hasta el momento, había gozado del beneplácito de todas las partes. Y así, tanto el TSJ como el Supremo las descartaron. Un litigio que se daba ya por acabado desde 2018 hasta la nueva sentencia del 9 de julio. Fue precisamente en esa fecha, tal y como este diario adelantó, cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ-CV declaró nulo el último PRI del Ayuntamiento. Sin embargo, con la subsanación aceptada esta semana por el alto tribunal tras la solicitud del equipo de gobierno, vuelven a obtener cobertura legal los expedientes de legalización de las 118 viviendas sobre las que pesaba la orden de demolición.
Tres años de negociaciones para alcanzar un acuerdo
El PRI de La Jaud -abarca 322.000 metros cuadrados- se aprobó en un pleno de marzo de 2018 después de tres años y medio de complicadas negociaciones con los propietarios afectados que, finalmente, lograron que el nuevo plan contemplara el 90% de sus peticiones. Sin embargo, los vecinos de la zona que han ido alargando el litigio con sus demandas se han sentido perjudicados desde el primer momento. Mantienen que ellos obtuvieron licencias conformes a Derecho pero, con el PRI, el Ayuntamiento ha favorecido a los propietarios de las viviendas que se construyeron con licencias nulas.
