Villena, la ciudad de la provincia con más peticiones para instalar plantas solares, ha acogido un foro para analizar y debatir la influencia de estos proyectos en la pérdida de valor del territorio. La iniciativa ha partido de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL) y los participantes -representantes del Consell, de los ayuntamientos de Villena y Monóvar, de la Universidad de Alicante y de organizaciones agrarias y vitivinícolas- han coincidido en señalar la necesidad de establecer mecanismos de control para garantizar la creación de nuevas fuentes energéticas, como la solar y la eólica, pero garantizando la protección del suelo y del paisaje, especialmente aquel que posee valor agrícola y ecológico en la provincia.
En la mesa redonda, inaugurada por el diputado provincial de Medio Ambiente, Miguel Ángel Sánchez, ha participado el presidente de UEPAL, Juanjo José Sellés; el edil de Urbanismo de Villena, Javier Martínez; el alcalde de Monóvar, Alejandro García; el presidente de la DO Vinos de Alicante, Antonio Miguel Navarro; el presidente de Asaja, José Vicente Andreu; la presidenta de la Ruta del Vino de Alicante, María Miñano; el profesor de la UA del Departamento de Ecología, César Bordehore; el director general de Transición Ecológica, Pedro Fresco, y la directora general de Política Territorial, Rosa Pardo.
Las intervenciones de los dos representantes del Consell en la Casa de Cultura de Villena han despejado muchas dudas. Ambos han asegurado que solo un máximo del 2% del territorio de cada término municipal podrá ser utilizado para ubicar plantas fotovoltaicas o eólicas, lo que supondrá que ni una quinta parte de las solicitudes serán aprobadas. Esto es, el Gobierno valenciano rechazará 4 de cada 5 peticiones que reciba para que el término rural de los municipios no se convierta en un mar de cristal. Precisamente con ese mismo fin los responsables municipales han reclamado en el foro una mayor claridad en las competencias y capacidad de decisión de los ayuntamientos, que les permita conjugar entre el equilibrio de proteger su suelo y asegurar nuevas actividades vinculadas a la generación de energías limpias. Lo que quieren es disponer de un marco normativo que les permita decidir sobre la extensión y ubicación de las centrales fotovoltaicas. Sobre este particular el alcalde de Monóvar, el socialista Alejandro García, se ha mostrado a favor de estas instalaciones porque fomentan la energía limpia y suponen un aporte extra a las arcas municipales. No obstante, considera necesario establecer previamente un diálogo abierto con las empresas y disponer de la capacidad de decidir tanto el volumen como la implantación de las fotovoltaicas. A este respecto el profesor de la UA ha indicado que los municipios sí tienen herramientas suficientes para hacer frente a estos proyectos, incluso con el decreto de suspensión de las licencias, que en algunos casos puede abarcar todo el término y en otros una zona concreta de especial interés. Sin embargo la réplica se la ha dado el director general de Transición Ecológica al señalar que «no recomiendo la suspensión de licencias». Abundando en esta cuestión ha apuntado que hay controles suficientes en el Decreto Ley 14/2020 de la Generalitat Valenciana para garantizar la defensa del territorio, al tiempo que se potencia la generación de nuevos recursos energéticos sostenibles. «Hay una crisis climática a la que hacer frente, donde la Comunidad Valenciana está en la zona más problemática y un compromiso de crecer en producción de energía fotovoltaica», ha indicado Pedro Fresco mientras la directora de Política Territorial, Rosa Pardo, ha añadido que existen mecanismos para acordar con los ayuntamientos la ubicación idónea donde el impacto sea el mínimo.
El objetivo de la Generalitat es lograr producir en el año 2030 un total de 6.000 megavatios (MW) aunque las autorizaciones concedidas en los tres últimos años se alejan mucho de esa meta. En 2019 sólo se aprobaron plantas para generar 4 megavatios, en 2020 fueron 0 y en este 2021 la cifra asciende a 10 megavatios en toda la Comunidad Valenciana.
El presidente de UEPAL considera que hay un doble reto en la actualidad, de una parte asegurar un nuevo modelo energético que «descarbonice» la economía y supere la dependencia que tiene España en este sentido de terceros países; y por otro, sin que este proceso necesario suponga eliminar importante suelo y territorio con valor paisajístico y agrícola, especialmente en los territorios de determinadas comarcas alicantinas. «Equilibrio» es el concepto al que ha apelado Sellés. Por su parte el presidente de Asaja ha defendido la necesidad de actualizar los PGOU para proteger la actividad agrícola, que en muchos municipios genera riqueza, empleo y sostenibilidad del territorio. Miñano ha alertado del crecimiento del enoturismo que está registrando la provincia y que basa su existencia en un ámbito rural cuidado, protegido y preservado que garantice que el suelo seguirá teniendo atractivo para esta actividad y, por último, Navarro ha aludido al valor irrecuperable del suelo agrícola cuando se destina a otros usos y el impacto que puede tener en la producción vitivinícola.
