El Gobierno central ha anunciado, a través de una respuesta parlamentaria, que actuará para subsanar el fiasco de la balsa de San Diego que se encuentra situada en Villena. Este macroembalse, construido como infraestructura clave del trasvase Júcar-Vinalopó para poner fin a la sobreexplotación de los acuíferos, es el segundo más grande de Europa con un volumen de 20,7 hectómetros cúbicos y costó 40 millones de euros. Pero también es el mayor fiasco en obra pública de los cometidos durante las últimas décadas en la Comunidad Valenciana. Tras finalizar su construcción en el año 2012 se comprobó, en la primera prueba de carga de agua, que tenía fugas. Por eso lleva inoperativo nueve años.
Como paso previo a las obras, el proyecto de reparación está siendo supervisado actualmente por los técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y los servicios jurídicos de la sociedad estatal Acuamed también se encuentran analizando las eventuales acciones a realizar respecto a las responsabilidades que sean exigibles, tanto al contratista al que se adjudicó la obra como al proyectista que la ejecutó. Precisamente desde Acuamed ya se ha solicitado al contratista un plan de adecuación y puesta en carga de la balsa.
«La mala planificación y ejecución hicieron que rápidamente se evidenciaran fugas, por lo que su emplazamiento no era, probablemente, el más idóneo. No tenía sentido que siguiera allí sin que se tomaran medidas acordes a las necesidades en materia hídrica que sufre el País Valenciano», ha señalado el senador Carles Mulet, de Compromís. En su opinión lo más relevante es que hasta ahora el Ministerio tan solo hablaba de supervisión del proyecto y de la puesta en funcionamiento de un pequeño vaso, de 70.000 m3 de capacidad, que se utiliza para la recepción y transferencia de caudales procedentes del Júcar. Pero no entraba en los planes del Ejecutivo central arreglar una «chapuza» en la que pudieron fallar los proyectos o la supervisión y ejecución de los mismos. De ahí que el senador insista en que hay que llegar hasta el fondo del asunto para que se asuman responsabilidades. Es un fiasco que ha costado 40 millones de euros al erario público.
