Los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF y la asociación de trabajadores «Tu abandono me puede matar» (TAMPM) reclamaron ayer la dimisión o cese inmediato de la cúpula política de Instituciones Penitenciarias y del director de la prisión de Villena, Feliciano Crelgo, por criminalizar a tres funcionarios de esta cárcel investigados por una actuación con un recluso que se vinculó a la supuesta agresión de su subdirectora, detenida por fingir supuestamente el ataque.
Además exigieron que se levante de forma inmediata la suspensión de empleo y sueldo que se acordó para dos de los tres trabajadores expedientados. TAMPM pide asimismo que les abonen las retribuciones que han dejado de percibir de forma injusta.
«Estamos sorprendidos y avergonzados», señalaron ayer en una rueda de prensa en Madrid el presidente de ACAIP-UGT, José Ramón López, y el portavoz de CSIF, Jorge Vilas. Ambos protagonizaron hace tres días un encierro en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como medida para reclamar mejoras para los trabajadores.
La rueda de prensa se centró en pedir que se levante de inmediato el expediente de suspensión de empleo y sueldo para dos los tres funcionarios de prisiones que redujeron en agosto a un preso en Villena, a los que se abrió una investigación interna por posible exceso de fuerza. Días después, la subdirectora de Seguridad cesada tras su detención, responsable de la custodia de las grabaciones de las cámaras internas donde se veía la intervención de los funcionarios, denunció amenazas relacionadas con presiones de los trabajadores para que «cerrara la boca». Las mismas llegaron, según ella, a su teléfono móvil, y luego sufrió una agresión de encapuchados a la salida de su domicilio. Todo ello ha sido desmontado ahora por los investigadores de la Guardia Civil.
«Sin una sola prueba objetiva de la agresión, se suspendió provisionalmente a dos de los tres funcionarios», denunciaron ayer los sindicatos, calificando la actuación sancionadora hacia los trabajadores de la reducción del interno de «impresentable» y «barbaridad». En este sentido, se quejan de la «deriva» en la institución y de decisiones como que la inspección penitenciaria la conformen cargos de libre designación nombrados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Los sindicatos se quejan del diferente trato que reciben los mandos en las prisiones con los trabajadores que sufren agresiones, recordando que el responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se manifestaron apoyando a la subdirectora de Seguridad de Villena, a la que reconocieron como una «verdadera funcionaria». Entre sus quejas se incluye que se filtrara el vídeo de la reducción del preso de Villena que luego protagonizó en la cárcel de Cuenca otro incidente, cortando con un cristal el cuello de un trabajador, un hecho que, según adelantaron ayer, se investigará como un intento de homicidio.
En su repaso a la «deriva» de Instituciones Penitenciarias citaron la política de «buenismo» con los presos, mencionando el tercer grado para el detenido por el crimen de un niño en Lardero (La Rioja). El pasado 20 de septiembre ambas organizaciones declararon el conflicto colectivo, solicitando la intermediación del ministro Fernando Grande-Marlaska. Demandan una mejor retribución adecuada y la reclasificación de los centros, así como la declaración de agentes de autoridad.
Por otro lado, Ciudadanos ha pedido la comparecencia en el Senado del ministro de Interior, del director de la cárcel de Villena, Feliciano Crego, y del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, para que informen acerca de las actuaciones llevadas a cabo tras el arresto de la subdirectora de Seguridad. El PP también ha pedido la comparecencia de Marlaska en la comisión de Interior del Congreso y el senador de Compromís Carles Mulet ha presentado una batería de preguntas sobre este asunto a instancias de «Tu abandono me puede matar».
