Un 30% de la clase media de la provincia de Alicante ha pasado a ser considerada vulnerable en los dos años de crisis social, laboral y económica que ha desencadenado la pandemia del covid-19. De hecho, este amplio segmento de población ya se sitúa en el límite de la pobreza. Así lo indica el Informe Foessa que ha elaborado la Fundación ligada a Cáritas dedicada al Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada. Un trabajo de investigación realizado en 2021 para medir el impacto de la pandemia en las personas y los hogares. Para ello se han realizado más de 1.500 encuestas en las tres provincias de la Comunidad Valenciana.
De este modo se ha podido analizar un amplio espectro de indicadores sobre la situación económica de las familias y sus necesidades sociales y de integración. Son en concreto 37 indicadores que evalúan las capacidades y oportunidades de las personas para participar de la sociedad en ocho dimensiones básicas: empleo, consumo, participación política, salud, educación, vivienda, conflicto social y aislamiento social.
La metodología empleada por Foessa diferencia tres grandes ejes de exclusión: el económico, el político y de ciudadanía, y el social y relacional. En el eje económico se tienen en cuenta las dimensiones relacionadas con el empleo y el consumo, de tal forma que, por una parte, se examinan los procesos que excluyen a los hogares y a sus miembros de una relación laboral normalizada y, por otra, la suficiencia y calidad de los ingresos económicos para la participación en la sociedad, así como las situaciones de privación de bienes considerados básicos.
Pues bien, de acuerdo con los datos de la encuesta, el 35,1% de la población valenciana está afectada por una situación de exclusión en el eje económico, el 44,6% en el eje político y de ciudadanía, y el 18,3% en el eje social y relacional. Desde 2018, además, las situaciones de exclusión han crecido en las tres dimensiones. Además, en el conjunto de España el mayor incremento se ha producido en la Comunidad Valenciana en el eje social relacional —la población afectada por situaciones problemáticas en ese ámbito ha crecido en un 85%—, seguido del eje económico (incremento del 36%) y el eje político (incremento del 16%).
De acuerdo con los datos del trabajo de investigación sociológica, el año pasado el 37% de la población se encontraba en una situación de integración plena, el 41,2% en una situación de integración precaria, el 9% en una situación de exclusión moderada y el 12,3% en una situación de exclusión severa.
Las personas en situación de exclusión social representan el 21,3% de la población de la Comunidad Valenciana, lo que implica que algo más de una de cada cinco personas, en torno a 1.076.000 personas, sufrían en 2021 exclusión, ya sea moderada o severa. Una situación similar a la del conjunto de España, según indican los autores del Informe Foessa.
El consiliario de Cáritas en Elda y párroco de San Francisco de Sales, Julio César Rioja, ha destacado el importante incremento de la vulnerabilidad próxima a la pobreza que ha experimentado la clase media en los dos últimos años. "En la provincia de Alicante, así como en la Comunidad Valenciana y en el resto de España, esta crisis sanitaria ha dejado una profunda huella. Y esa huella va más allá del esperable incremento de la exclusión y la pobreza. Esta tendencia nos advierte de que, aunque durante las crisis se produce un rápido incremento de la exclusión, la posterior llegada de periodos de recuperación y crecimiento económico no suponen un descenso de dichos niveles de exclusión al mismo ritmo", advierte el sacerdote.
Para Julio César Rioja la actual situación "nos invitan a repensar el modelo social y relacional, el modelo económico y de redistribución, así como los valores sobre los que asentar nuestra convivencia, con el objetivo último de evitar la cronificación de las situaciones de pobreza y exclusión social con la mirada puesta en la transformación social hacia una sociedad más justa".
Conclusiones
En definitiva, el impacto de la pandemia ha supuesto un aumento de la exclusión severa y la integración precaria a la par que se ha reducido la integración plena; la exclusión en el eje político y de ciudadanía, a traves de la participación política, educación, vivienda y salud, es la que afecta a una mayor proporción de personas pero las situaciones que más crecen son las que afectan al eje social y económico.
Asimismo se incrementa el porcentaje de personas con problemas en la vida cotidiana y especialmente en la dimensión del empleo y del conflico social.
Desde que comenzó la pandemia la inestabilidad laboral, la pobreza, los gastos excesivos de vivienda y la dificultad de acceso a los medicamentos se han convertido en los problemas más frecuentes y afectan ya casi a un 15% de la población.
Los hogares pobres o sin ingresos, las familias numerosas y la persona sustentadora principal en busca de empleo son los colectivos más afectados por la exclusión social. El covid ha sacudido el mercado de trabajo y ha multiplicado la inestabilidad laboral.
A todo ello cabe añadir que las dificultades de acceso la vivienda y las situaciones de exclusión residencial se han intensificado. Este problema se ha extendido sobre todo entre la población sin ingresos y residente en áreas rurales si bien se ha reducido entre la población extranjera.
Por último, el diagnóstico que ofrece el estudio de la Fundación Foessa de Cáritas también constata un aumento de los hogares y de la población con problemas de exclusión en la dimensión de la salud, un nuevo impacto negativo que la brecha digital se ha encargado de multiplicar desde que, en marzo de 2020, irrumpió en España el virus que ha empeorado nuestras vidas.
