Los equipos de gobierno de los municipios de la provincia más afectados por el "boom" de las instalaciones solares consideran un acierto la decisión del Consell de limitar la implantación de plantas fotovoltaicas a un máximo del 3% del suelo no urbanizable común. Así lo establece la modificación que la Generalitat Valenciana ha realizado en la normativa vigente, a través del Decreto Ley 1/022 de Medidas Urgentes en respuesta a la Emergencia Energética y Económica originada en la Comunidad Valenciana por la Guerra de Ucrania, con el fin de clarificar la situación a la que se enfrentan las provincias de Alicante, Valencia y Castellón ante la avalancha de solicitudes para instalar plantas fotovoltaicas en sus respectivos términos municipales.
Alcaldes y concejales de Urbanismo de Villena, Elda, Petrer, Xixona, Salinas y Monóvar, que son los municipios más afectados en la provincia de Alicante, se han pronunciado de forma mayoritaria a favor de la medida pero con una serie de puntualizaciones y matizaciones.
En el caso de Xixona su alcaldesa, la socialista Isabel López Galera, considera que la limitación del 3% facilita la toma de decisiones sobre esta cuestión pero no fija una cantidad exacta sobre la superficie generalizada, sino que depende del tipo de terreno y la inclinación del suelo donde se pretende ubicar la planta solar, que la zona no se encuentre sujeta a ningún régimen de protección medioambiental, que no esté tampoco catalogada como inundable y que permita minimizar al máximo el impacto paisajístico. "Lo cierto es que se necesita un mayor control y criterio en esta materia porque ninguna empresa puede estar por encima de los propietarios de terrenos ni de los Ayuntamientos", ha subrayado en relación a la actividad desarrollada por algunas compañías energéticas que llevó al Consistorio a acordar, de forma unánime y en sesión plenaria, la suspensión de todas las licencias para implantar centrales solares hasta que la normativa sea revisada e incluida en el Plan General de Ordenación Urbana de Xixona. "Todo este descontrol viene heredado del ridículo impuesto al sol que impuso el PP y, en el caso concreto de nuestro municipio, que tiene el quinto término más extenso de la provincia, hay que tener en cuenta que nuestra orografía es complicada. No obstante pensamos que el nuevo decreto del Consell ayuda a clarificar y poner a orden", afirma Isabel López.
También el concejal de Urbanismo de Villena, considera que este nuevo escenario permite clarificar mucho la situación real a la que se someten los municipios y sobre la que es necesaria dar una respuesta más allá del inmovilismo “frente a la situación de crecimiento del precio de la energía, la absoluta dependencia de terceros países y una crisis medioambiental de efectos cada vez más severos”, indicó el socialista Javier Martínez.
En el caso de Villena la nueva normativa limita al Ayuntamiento a destinar un máximo de 500 hectáreas de su término municipal, de un total de 34.500 hectáreas, para la instalación de los paneles fotovoltaicos. "Pero tendrá que ser la Conselleria de Medio Ambiente y el propio Ayuntamiento quienes determinen dónde se encuentran esas 500 hectáreas disponibles", puntualiza el edil.
El concejal de Urbanismo de Petrer, el socialista Fernando Portillo, considera positiva la medida adoptada por el Gobierno valenciano. "Lo cierto es que nosotros tenemos el 75% del término municipal protegido y entre el suelo urbano y demás catalogaciones tampoco tenemos demasiado margen para autorizar este tipo de instalaciones", advierte.
El alcalde de Monóvar valora de forma satisfactoria la nueva normativa si bien le hubiera gustado una limitación mayor en el porcentaje de terreno. De hecho, el gobierno socialista monovero ya propuso tiempo atrás, en un encuentro con autoridades autonómicas de Medio Ambiente y Urbanismo que tuvo lugar en Villena, que la implantación de centrales fotovoltaicas no superase en ningún caso el 2% de la superficie de los términos municipales. En este caso en Monóvar se ocuparía un máximo de 300 hectáreas pero con el nuevo decreto del Gobierno valenciano son 448 las hectáreas donde se permite implantar paneles solares. "Nos gustaría que en nuestro caso la limitación se quedara en 300 hectáreas pero lo importante es que haya una limitación y eso se ha conseguido", destaca el alcalde de Monóvar, el socialista Alejandro García Ferrer.
Cabe puntualizar que el término municipal monovero abarca una superficie de 152 kilómetros cuadrados y, de todos ellos, 149 kilómetros cuadrados están catalogados como zona no urbanizable.
En Elda el concejal socialista Jesús Sellés ha señalado que la modificación de la normativa vigente sobre la ubicación de plantas fotovoltaicas supone ajustar más la regulación sobre este tipo de instalaciones "y, lógicamente, todas aquellas medidas que conlleven una regulación que, además, proteja el suelo no urbanizable son bienvenidas".
El Ayuntamiento de Elda se ha mostrado desde el primer momento a favor del desarrollo de las energías sostenibles pero para su implantación también ha exigido a las Administraciones superiores que no se vean afectados los parajes naturales protegidos.
De hecho, los informes emitidos en relación a los proyectos que afectan al término eldense han sido desfavorables. "Desde el gobierno local -PSOE e IU- nos gustaría que las líneas estén soterradas y que éstas, en ningún caso, puedan pasar por zonas protegidas como el Pantano de Elda aunque las autorizaciones para instalar estas plantas no son municipales, sino que dependen de la Generalitat o del Gobierno de España, en función de la potencia a instalar", ha precisado el concejal y diputado autonómico del PSPV-PSOE.
La única opinión crítica ha sido la del alcalde de Salinas. El popular Isidro Monzó considera que limitar al 3% del suelo es una decisión que la Generalitat Valenciana adopta de forma unilateral en base a informes técnicos de especialistas de los que carecen los ayuntamientos pequeños. "Y se adoptan sin tener en cuenta las características concretas de cada uno de los municipios y su impacto en el territorio", señala mostrando su malestar porque "desde la publicación del Decreto Ley 14/2020 los ayuntamientos no somos tenidos en cuenta y para elaborar este nuevo decreto tampoco se ha contado con los municipios. Por lo menos con Salinos no. Por lo tanto -enfatiza- se trata de una medida más de la Generalitat Valenciana. Una administración que estaría bien que actualice y corrija algunos de sus instrumentos de planeamiento como el visor que, en el caso de Salinas, está dibujando la posibilidad de placas en zonas que son protegidas y está creado confusión entre los vecinos". Para Monzó esta situación ha generado una alarma social "de la que algunos están intentando sacar rédito político, cuando la verdad es que la capacidad de decisión a nivel municipal es nula y todo depende de la Generalitat o del Ministerio".
