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Elda ofrece protección a las víctimas de violencia de género digital

El Ayuntamiento firma un convenio con OEDI para detectar amenazas y extorsiones y generar informes con validez como pruebas de cargo en los juzgados

La concejala Alba García y el presidente del OEDI, Salvador Samper Alenda. INFORMACIÓN

El Ayuntamiento de Elda ha puesto en marcha un servicio de Atención Temprana Digital para las Víctimas de Violencia de Género. Tal y como este diario adelantó el pasado mes de marzo, el programa, que tendrá un coste de 13.068 euros, permitirá inspeccionar la información de teléfonos móviles, internet y redes sociales para reunir pruebas con validez judicial, en caso de que las mujeres hayan sufrido amenazas, difusión de imágenes privadas o sextorsión.

La concejala de Igualdad y Protección de la Mujer, Alba García, ha explicado que Elda contará a partir del próximo 30 de mayo con una oficina para ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género digital. “El convenio con el Observatorio Español de Delitos Informáticos (OEDI) permitirá prestar ayuda y asesoramiento especializado a las víctimas de la violencia de género ejercida a través de dispositivos móviles, internet y las redes sociales”, ha precisado la edil.

Alba García, que en su comparecencia ha estado acompañada por el presidente del OEDI, Salvador Samper Alenda, ha presentado un convenio ”que supondrá la creación de un nuevo servicio para mujeres víctimas de violencia de género con el fin de que se ponga coto al acoso que puedan estar sufriendo a través de Internet o por las nuevas tecnologías, con lo que mejorará la protección de las mujeres y reducirá su indefensión legal en los casos de violencia y acoso”.

El trabajo de los permitirá detectar amenazas directas a través de mensajes o audios hasta episodios de extorsión utilizando imágenes íntimas, control de las víctimas con la geolocalización de los móviles o directamente espionaje de todos sus movimientos y comunicaciones a través de aplicaciones informáticas.

Además, ha explicado la concejala de Igualdad, “se trata de un servicio que ofrece pruebas con validez legal para su utilización en juicios y, de hecho, ya se han producido algunas condenas basadas en los informes aportados por el OEDI”.

Alba García ha afirmado que “desde el gobierno local seguimos adoptando medidas para combatir la violencia machista, una lacra que durante los dos últimos años se ha acentuado a consecuencia de la pandemia”. 

Jurisprudencia

Lo cierto es que la violencia de género digital se extiende exponencialmente y los tribunales se muestran cada vez más proclives a otorgar validez a las pruebas que aportan los analistas e informáticos forenses. Tal y como este diario adelantó en noviembre de 2021, la Audiencia Provincial de Alicante ratificó la sentencia, que el Juzgado de lo Penal Número 2 emitió en junio del mismo año, en la que condenaba a un joven de 20 años, vecino de Villena, por un delito de lesiones en el marco de la violencia sobre la mujer.

Pero no se trataba de una resolución judicial más contra una agresión machista. Con ella se sentó un precedente ya que nunca antes se había utilizado en los juzgados de la provincia una prueba digital, mediante el volcado de toda la información que contenía el teléfono móvil de la víctima, para ser considerada como prueba de peso en un juicio.

En este caso la abogada de la acusación particular, Sofía Bravo, propuso la comparecencia del perito informático Salvador Samper, presidente y fundador del Observatorio Español de Delitos Informáticos con sede en Elche, quien se ratificó tanto en el informe emitido como en el CD aportado tras realizar una exhaustivo inspección del móvil de la víctima.

Un volcado en el que encontró, entre otras evidencias, diez fotografías, seis registros de llamadas con número oculto y una conversación de Whatsapp. La cadena de custodia consta acreditada y garantizada en el CD aportado y, según declaró el experto bajo juramento durante la vista, «ningún documento de un móvil puede tener valor probatorio si no va acompañado del correspondiente certificado oficial, como el aportado por la acusación particular junto al informe pericial informático, debiendo prevalecer las palabras del experto en la materia al mero dato objetivo de aparecer en un terminal sobre unas conversaciones entre el acusado y la víctima». Así lo recoge la sentencia a la que este diario ha tenido acceso. De este modo quedó cuestionado el CD aportado por la defensa, también admitido como prueba, que reproducía «pantallazos» de WhatsApp del móvil del acusado supuestamente enviados por la víctima.

Se pretendía desmontar la el relato de la acusación negando la agresión a la pareja. Sin embargo el experto mostró serias dudas en el juicio sobre la autenticidad de esos mensajes, que, por ende, no desvirtuaban la fuerza probatoria del testimonio de la víctima. Un testimonio reforzado por las pruebas documentales del informe médico, por las fotografías extraídas del teléfono, la geoposición del mismo y el detallado informe pericial presentado.

Precisamente Salvador Samper certificó en la sala que las imágenes obtenidas del móvil de la víctima se tomaron horas después de producirse la agresión. Fotos que concuerdan perfectamente con la descripción del informe médico de urgencias y con el relato mantenido en todo momento por la agredida. Una carga probatoria que ha sido tenida en cuenta por el magistrado del Juzgado de lo Penal Número 2, y posteriormente por la Audiencia tras el recurso presentado por el acusado.

Investigación pericial

En este caso toda la investigación pericial se ha llevado a cabo de forma gratuita por el punto ATV (Atención Temprana a la Víctima de Violencia de Género Digital) que el Observatorio Español de Delitos Informáticos (OEDI) lleva ofreciendo en Villena desde mayo de 2021.

En los cuatro primeros meses de funcionamiento de este servicio se atendieron en el municipio 14 episodios de violencia digital en diferentes modelos. Entre ellos casos de acoso, amenazas proferidas a través de redes sociales, WhatsApp y correo electrónico, sextorsión, suplantación de identidad en redes sociales y aplicaciones espía. Hasta septiembre se realizaron diez informes, 37 extracciones de información de dispositivos móviles de las víctimas, 28 atenciones presenciales y telefónicas asistiendo, además, a dos juicios. El último resuelto con una sentencia condenatoria pionera por violencia de género digital.

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