Obras paradas sin acabar, proyectos adjudicados que se retrasan, renuncias a contratos aún perdiendo la fianza, convocatorias desiertas...Así está la obra pública en la provincia de Alicante. Hay al menos una veintena de proyectos afectados con una inversión próxima a los 30 millones de euros. La razón de esta paralización que, en mayor o menor grado afecta a todas las comarcas alicantinas, se debe al encarecimiento de los proyectos en un 30% debido al incremento que el precio de los materiales de construcción -madera, acero y aluminio fundamentalmente- ha experimentado desde el año 2021. Una situación que se ha visto agravada en los seis últimos meses con una "tormenta perfecta" por la inflación que ha generado la guerra de Ucrania unido a un coste desproporcionado de la energía en España y la subida del transporte en el ámbito internacional.
El beneficio medio de las empresas dedicadas a la obra pública es del 4%. Un escaso margen que, sin embargo, se torna en pérdidas por el desfase entre el presupuesto con el que se adjudicaron los proyectos el año pasado y el valor de mercado en la actualidad. Una circunstancia que está llevando incluso a las constructoras a renunciar al aval o a la fianza depositada en las diferentes Administraciones Públicas. «En estos casos la disyuntiva a la que nos enfrentamos es perder el 3% del aval o el 5% de la fianza o tener que echar el cierre en la empresa porque un 30% de sobrecoste es completamente inasumible en un sector como el nuestro que, además, tiene un beneficio tan reducido», explica Javier Gisbert, presidente de FOPA, la Federación de Obras Públicas de la Provincia de Alicante.
Los proyectos redactados en 2019 y 2020 mantienen unos precios obsoletos que no se ajustan a la realidad de 2022. Sin embargo hay instituciones como la UMH que han optado por actualizar los precios de las obras y, de este modo, el Rectorado ha conseguido adjudicar en los últimos meses cuatro de las cinco grandes actuaciones que contemplaba ejecutar en su Campus.
En el último medio año se han producido más renuncias a ejecutar obras públicas que en los últimos doce
"En el último medio año -de octubre de 2021 a abril de 2022- se han producido más renuncias a ejecutar obras que en los últimos 12 años. Pero esperamos que los precios se estabilicen, como ha empezado a ocurrir el pasado mes de mayo en el que el acero ya no siguió con la escalada de precios que venía experimentando desde hacía 14 meses. A partir de ahora, si está tendencia a la estabilidad de los precios se consolida, las nuevas adjudicaciones de obra pública podrán salir adelante siempre y cuando se hayan revisado los presupuestos", apunta Javier Gisbert.
Precisamente en la ciudad de Alicante al menos una decena de obras públicas promovidas por el Ayuntamiento están paralizadas o sufren retrasos. Uno de los casos más llamativos afecta al parque Lo Morant, que lleva medio año lleno de zanjas por unas obras interrumpidas. El gobierno bipartito que forman PP y Ciudadanos optó el pasado mes de abril por resolver el contrato con la empresa a la que se adjudicó el proyecto de regeneración del espacio porque, en los cuatro meses de ejecución pactados, solo habían realizado un 2% de los trabajos previstos.
Lo justo para sacar varios camiones llenos de escombros con los restos de los bordillos que separaban el césped y las zonas de paseo, que fueron arrancados en buena parte del recinto, dejando decenas de zanjas abiertas. Al respecto, el Ayuntamiento recuerda que la empresa «a la fuga» abandonó el contrato por la subida del precio de los materiales y que ahora se están coordinando las acciones para retomar los trabajos, que incluirán acabar lo que resta para renovar infraestructuras y una mejora paisajística, para lo que se destinarán otros 340.000 euros de remanentes. De momento no hay mercantil aunque está en marcha el proceso para contratar una nueva.
Otro caso es el del mercado municipal de Carolinas. Las obras de reforma se prolongarán cinco meses tras aceptar el equipo de gobierno la petición de la empresa, que debería haberlas terminado ya, al justificar atrasos en los plazos de entrega de determinados materiales debido a la actual crisis del sector de la construcción.
«Con todos estos inconvenientes, la obra se ha venido ejecutando de acuerdo a los plazos de entrega de los distintos suministros, que en el caso del revestimiento cerámico de la fachada ha demorado más de tres meses. En el caso del suministro de aluminio, el retraso ha sido de cuatro meses, y en el material de cobertura de cubierta, todavía no se ha recibido en obra», según reza en el documento sobre el que el bipartito ha validado la ampliación de plazos. Este proyecto se inició en noviembre con un plazo de seis meses y un presupuesto de 327.000 euros.
En cuanto al carril bici y la pasarela a la playa de Urbanova, estaba ya elegida hasta la la empresa pero renunció por precios y hay que hacer un proyecto nuevo. Una de las empresas de las pasarelas del Tossal renunció asimismo por precios.
También son continuas las revisiones de precios por la situación. Esta semana han pasado por Junta de Gobierno varios proyectos que se modifican por este motivo. En total siete, con fondos europeos, y afectan a actuaciones urbanísticas en las calles Sargento Vaíllo, Sevilla, plazas San Antonio y Músico Tordera, avenida de Jijona, Campos Vasallo y Marqués de Molins.
En el Alto y Medio Vinalopó municipios como Petrer, Villena, Aspe y Elda se encuentran con proyectos paralizados, algunos sin empezar y otros a medio hacer, por el mismo problema. El caso más grave se ha producido en Elda después de que Sigma Infraestructuras, la adjudicataria de la reurbanización de la calle Ramón Gorgé y la reforma de la plaza Joan Miró y el Jardín de la Música, haya entrado en preconcurso de acreedores. El Ayuntamiento ya ha iniciado el proceso para resolver los tres contratos que rondan los 2 millones de euros. Pero esta misma semana otra constructora con sede en La Nucía ha comunicado que renuncia a llevar a cabo la urbanización de las avenidas Alfonso XIII, Olimpiadas y Filipinas aún perdiendo el aval del 5% tras haber firmado un contrato con un montante de 1.829.288 euros.
En la comarca de l’Alacantí el proyecto estrella de Xixona, el pabellón cubierto presupuestado en 4 millones, está bloqueado tras quedar desierta la licitación por el encarecimiento de los materiales después de pedir, sin éxito, las dos empresas que optaban a la contrata una actualización de precios. En El Campello la inversión de un millón de euros en el asfaltado de calles también está bloqueada al reclamar la adjudicataria una revisión; y en Mutxamel el Ayuntamiento acaba de reactivar la licitación del cuarto colegio por 4,4 millones tras confirmarle la Conselleria de Educación que el presupuesto se podrá revisar después para ajustarlo a los nuevos precios.
San Vicente del Raspeig tiene ahora mismo paralizada la obra más importante de este mandato y del anterior, el pabellón polideportivo de 7,3 millones de euros. La UTE pidió la revisión de precios el verano pasado y desde noviembre la obra está parada. La empresa Sigma Infraestructuras SL que debía reformar el Casal de la Festa ya no ejecutará la actuación al entrar en preconcurso de acreedores. Mientras Aitana, la adjudicataria de la segunda fase de mejora del Auditorio del Centro Social ha pedido revisión de precios también y por el momento no ha firmado el contrato.
A su vez, Pavasal que tiene adjudicado el asfaltado de calles de San Vicente, y que pidió suspender el contrato y una revisión de precios, está desarrollando la actuación con el compromiso de que cuando finalice se efectuará dicha revisión, amparándose en el decreto ministerial del Gobierno central que ha aprobado medidas para permitir una revisión excepcional de los precios de los contratos públicos de obras afectados por la subida de precios de los materiales
En Alcoy el mismo problema ha retrasado las obras de remodelación del instituto Andreu Sempere por un plazo indeterminado. El Ayuntamiento sacó la licitación en diciembre de 2021 por 3,72 millones de euros, dentro del Plan Edificant, pero lo ajustado del importe hizo que no se presentara ninguna oferta para ejecutar los trabajos. Educación se ha comprometido a incrementar la dotación económica del proyecto, lo que permitiría incluir actuaciones no previstas como el gimnasio y las pistas deportivas. No obstante, aún está a la espera. Además, tendrá que volver a pasar por pleno la delegación de competencias de la Generalitat en el Ayuntamiento para que la administración municipal ejecute la obra.
Otra actuación que se ha visto alterada por el encarecimiento de materiales es la reforma integral de la plaza de la Iglesia de Ibi. El presupuesto inicial era de 1.380.000 euros, de los que 1.051.000 se sufragaban a través de fondos europeos. Sin embargo, el aumento del precio del hormigón llevó a que tampoco aquí se presentara ninguna oferta. Los trabajos finalmente se han adjudicado por 1.987.000 euros, tras repetirse el proceso de licitación, y su inicio se prevé que sea inminente aunque aún no han comenzado.
De todas las obras que ha adjudicado el Ayuntamiento de Elche ninguna se ha tenido que paralizar por el incremento de precios debido a la inflación. No obstante, la empresa mixta Aigues d’Elx está en negociaciones con la empresa a la que se le ha adjudicado las obras de la red agua potable y alcantarillado de la avenida de Cartagena, en la pedanía de El Altet, para decidir si empieza o renuncia precisamente por haberse disparado el coste de las materias primas.
En Almoradí se están quedando desiertos algunos contratos porque los presupuestos no contienen la subida de precios actual. Entre enero y abril las obras han sufrido retrasos por los problemas en el suministros de materiales aunque han podido continuar.
La poca obra pública que se está realizando en Torrevieja -un colegio- no se ha paralizado. El concesionario de la transformación del espacio portuario de Torrevieja ha mantenido su planificación de obras, con la construcción de una nueva lonja pesquera y la rehabilitación del edificio de Aduanas, como actuaciones previas a la construcción de los seis edificios destinados a hostelería, multicines y bolera, pese al incremento del 30% de los costes de la obra, según ha apuntado Empresas del Sol, firma que se hizo con la concesión adjudicada por la Generalitat. El coste de este proyecto supera los 18 millones de euros.
Cambios en la normativa
Buscando una solución al problema la patronal de la obra pública pidió medidas al Gobierno que, en marzo de 2022, promulgó un Real Decreto para limitar los precios de las materias primas pero eliminó la madera y la energía de esa fórmula. Pero ante el bloqueo que sigue sufriendo la Obra Pública, el Ejecutivo central admitió introducir modificaciones al Real Decreto estudiando las enmiendas que las asociaciones empresariales están presentando. En este contexto la imposibilidad de fraccionar los proyectos es otra dificultad añadida.
"En cualquier caso la Administración debe arrimar el hombro para buscar soluciones a este problema porque ahora vienen miles de millones de euros de la Unión Europea y nos arriesgamos a perder buena parte de esas ayudas", advierte por último el presidente de FOPA.
INFORMACIÓN ELABORADA POR JUANI HERNÁNDEZ, J.A. RICO, VICTORIA MORA, ANTONIO TERUEL, LORETO MÁRMOL, DAVID PAMIES Y ANA FAJARDO
