Diez años después de la malograda construcción de la Balsa de San Diego en Villena, el Gobierno central sigue sin depurar responsabilidades que pudieran ser exigibles tanto a la empresa contratista de la ejecución de la obra como al proyectista. Sobre este asunto esta misma semana el senador de Compromís, Carles Mulet, ha recibido una respuesta del Ejecutivo resumida en una escueta frase: "Se informa que los servicios jurídicos de la sociedad mercantil estatal Acuamed continúan avanzando en el análisis de la documentación y de las eventuales acciones a realizar".
Cabe recordar al respecto que en el año 2020 se aseguró que la sociedad Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. (Acuamed) estaba analizando las eventuales acciones a realizar para dirimir las responsabilidades. Pero dos años después todavía no se ha tomado ninguna decisión lo que para Mulet evidencia que "no han hecho nada, y que seguramente el anuncio que se hizo al respecto, después de la insistencia de Compromís por depurar responsabilidades, fue directamente una mentira", añade el senador.
En opinión del senador "la Balsa es una historia de no acabar nunca de estafa impune tras estafa impune, y solamente después de nuestra insistencia anunciaron una investigación, que ha sido esta vez otra estafa, pero por parte del Gobierno. Veíamos con impotencia como esta macro obra, la segunda más grande de Europa de estas características, vital para el trasvase Júcar-Vinalopó con un volumen de 20,7 hectómetros cúbicos, costó 40 millones de euros, fue una monumental estafa, ya que en su inauguración en 2012 se comprobó estaba mal construida, con grandes fugas, y diez años después, todavía no se han depurado las responsabilidades".
Desde 2016 se está buscando una solución que tampoco se ha materializado, y solamente ocho años después del fiasco, el Gobierno central anunció que se encontraban analizando las eventuales acciones a realizar respecto a las responsabilidades que sean exigibles, tanto al contratista al que se adjudicó la obra como al proyectista que la ejecutó, análisis que dos años después tampoco se ha materializado a juzgar por la respuesta trasladada el pasado martes por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales.
Tampoco han tenido ningún éxito las reivindicaciones para reparar el embalse y eximir los costes de amortización de la conducción Júcar-Vinalopó. Una propuesta que no ha prosperado con las reiteradas enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de destinar 23,8 millones de euros para reparar la balsa. Un montante que después se podría repercutir en los responsables de las obras mal ejecutadas.
Para el senador valencianista es inconcebible que una obra que era urgente, que costó 40 millones de euros, se encuentre diez años después en un limbo y no se hayan depurado responsabilidades ni puesto solución. La supuesta reparación que tiene un presupuesto cercano 25 millones de euros tampoco se ha materializado. "No han querido actuar nunca, depurar responsabilidades, seguramente esperando que pueda prescribir las actuaciones negligentes, y así llevamos con una mega obra que no sirve, con una utilización ridícula de su capacidad, sin fechas para su reparación, para su puesta en funcionamiento total, incrementándose los problemas de sobreexplotación de unos acuíferos que no pueden más, pero mientras, primero el PP y ahora PSOE-UP, sin mover un solo dedo para solucionar lo que ha sido una gran estafa de obra pública”, denuncia por último Carles Mulet.
