La Coordinadora Valenciana por la Ubicación Racional de las Energías Renovables, formada por 44 organizaciones, denuncia el reparto desigual entre los diferentes municipios, comarcas y provincias de los proyectos de tramitación de plantas fotovoltaicas. De hecho, después de la cuantificación realizada por la Coordinadora, se constata que tan sólo dos comarcas -el Alto Vinalopó y el Valle de Ayora- tienen la misma potencia de tramitación que toda la provincia de Castellón, o la mitad de las de València o Alicante.
La comarca con mayor potencia en Mw en tramitación es el Alto Vinalopó, con 1.866,56 Mw, casi la mitad de la potencia en tramitación que el conjunto de la provincia de Alicante o de la de Valencia, pues ambas tienen una potencia en tramitación de unos 4.000 Mw. Le sigue en la lista, con 1.102,87 Mw, el Valle de Ayora, con una cuarta parte de la potencia de toda la provincia de Valencia.
En tercera posición está el Medio Vinalopó con 988,70 Mw de potencia en tramitación. Las comarcas de Campo de Alicante, la Plana de Utiel - Requena, la Hoya de Buñol-Chiva, la Ribera Alta y la Vega Baja tienen plantas cuyo conjunto en potencia en Mw, se encuentra entre 500 y 800 Mw.
Por el contrario, hay una serie de comarcas, algunas de ellas entre las más pobladas, que no tienen ninguna planta fotovoltaica. La más significativa la de València ciudad y Horta Oest, seguidas de la Safor, la Marina Alta y la Ribera Baixa. Igualmente hay comarcas muy pobladas con una cantidad de plantas muy reducida, como la Horta Nord, que sólo tiene una planta en trámite en Moncada de 3 Mw, la Horta Sud con tres plantas y un total de 8 Mw. A pesar de su escasa población, el Rincón de Ademuz y el Alto Mijares tampoco tienen plantas fotovoltaicas en tramitación.
Municipios
Por municipios, la afección es igualmente desequilibrada. Destaca Villena como municipio más afectado, con 21 plantas en tramitación que ocuparan 1.972 hectáreas, para un total de 1.117 Mw de potencia. Es decir, más de la mitad de lo previsto para toda la provincia de Castellón, y un cuarto de las de Alicante y Valencia.
Otro caso extremo es Requena, con 16 plantas que ocuparían 1261 hectáreas para 575 Mw. Se trata de un caso particularmente doloroso, ya que la viña para la transformación en vino crea seis puestos de trabajo por cada 100 hectáreas, mientras que las plantas fotovoltaicas tan sólo un puesto para la misma superficie.
Por encima de los 400 Mw de potencia prevista se encuentran Monóvar, Ayora y Orihuela, y de los 300 Mw, Jarafuel, Zarra y Villar del Arzobispo. En el extremo opuesto está la ciudad de València, donde se concentran las empresas e instituciones que defienden este modelo, con ningún proyecto en tramitación. En lo que respecta a las otras dos capitales provinciales, Alicante tramita diversas plantas con una potencia de 182 Mw y Castellón de 12 Mw.
Por provincias en el territorio de Alicante se están tramitando plantas con un total de 4.564 Mw, en Valencia 4.094,46 Mw y en Castellón 1.016,97 Mw.
En el caso concreto de la provincia de Alicante los proyectos en tramitación son 132 para la puesta en servicio de 1.971 megavatios. Entre los términos municipales de Alicante y Elche suman 30 instalaciones, apareciendo a continuación Villena con 21, Biar con 7, Monforte del Cid y Novelda con 3 cada una, Xixona, Orihuela, Petrer, Sax y Pilar de la Horadada con 4, y a partir de ahí un largo listado de municipios con un menor número de plantas.
Desigualdad
La desigualdad en el reparto es un dato crucial, pues las plantas fotovoltaicas crean muy pocos puestos de trabajo en las comarcas donde se implantan, y en ocasiones los pueden destruir. La Coordinadora aboga por repartir este coste de destrucción de puestos de trabajo entre todas las comarcas, o incluso que las más pobladas sean las que realicen un mayor esfuerzo. Además, a mayor distancia entre los centros de producción y de consumo se producen mayores pérdidas de energía, cifradas en un 10%, sea por el transporte o por el cambio a media y baja tensión. En este sentido, la instalación sobre el lugar de consumo es la más conveniente.
Las causas de este grave desequilibrio en el reparto son exclusivamente económicas: los proyectos se dirigen a determinadas comarcas y municipios por el precio de suelo, siendo el sistema de secano y la estructura de propiedad de latifundio los factores determinantes. Pero con este modelo de reparto de renovables se agrava la tendencia a la despoblación y a quitar terreno a la agricultura, en zonas donde este sector económico es prioritario. Una vez más, las áreas rurales ven arrasado su territorio para mantener un nivel de consumismo insostenible.
Sin embargo, la preeminencia del beneficio económico contraviene la Ley estatal de Cambio Climático y Transición Energética, que en su artículo 25 expresa que la implantación de plantas fotovoltaicas "perseguirá revertir parte de la riqueza que genera en el territorio donde se realice el referido despliegue para activar su economía y combatir el declive demográfico". Difícilmente se podrá cumplir con este objetivo porque hasta ahora la normativa tan sólo prevé un canon del 2% de las obras de edificación e implantación, dejando fuera los costes de la instalación. Poco se ingresará en las arcas de los municipios para reactivar la economía y combatir la despoblación, al contrario, probablemente se puede agravar la problemática.
