Un sindicato de Petrer recurre los presupuestos municipales de 2023
El SEP-CV aduce que los gastos del Ayuntamiento no se corresponden con la realidad y denuncia la merma de los servicios públicos
El Ayuntamiento de Petrer. / INFORMACIÓN
El Ayuntamiento de Petrer puede retrasar la aprobación de sus presupuestos municipales tras la reclamación efectuada por un trabajador, que además es delegado sindical del SEP-CV.
El problema, según manifiesta este sindicato, es que este concejal de Hacienda, Personal y Transparencia, el socialista Ramón Poveda, "no escucha a nadie, pues de haberlo hecho, esto podría haberse evitado. Sólo se le ha pedido, que dé unos servicios mínimos de efectivos, fijados por las leyes, tanto en materia de seguridad, como en materia de Servicios Sociales, y consigne dinero suficiente para cubrir los gastos de los servicios públicos que se merecen los ciudadanos", se indica en el comunicado difundido por los delegados de la junta de personal Juan Manuel Martínez Galiana y Francisco José Rubio Díaz.
Desde el SEP-CV se señala que "los Presupuestos Municipales de Petrer deberían integrar más puestos de funcionarios de los que actualmente reflejan, al venir establecido así por ley, y esto se convierte en una garantía para que los ciudadanos cuenten con los servicios públicos que pagan a través de sus impuestos. Y también tendrían que saber los ciudadanos que el pago de la deuda municipal ha sido a costa de la merma en los servicios públicos llevada cabo por el concejal de Hacienda y Personal. Sólo en la Policía Local desde que gobierna estiman que el ahorro ronda los dos millones de euros, a los que hay que sumar el ahorro en el resto de plazas de otros departamentos, que o bien no ha convocado o bien no ha cubierto, perjudicando el servicio prestado al pueblo de Petrer".
Denuncian, asimismo, que esta falta de efectivos provoca colas innecesarias en el Ayuntamiento o en otras dependencias, apertura limitada de espacios públicos, retrasos en los trámites que realizan ante la Administración e incluso ante requerimientos de urgencias, que deben ser gestionados por la Policía Local.
"Asimismo se da la paradoja de que mientras el Ayuntamiento presume de pagar a proveedores entre 13 y 18 días, a sus trabajadores tarde en hacerlo meses, siendo lo normal, períodos de entre 3 y 6 meses llegando en ocasiones a ser incluso superior. Esta demora, ha sido otro motivo de impugnación ya que el Ayuntamiento presupuesta menos de la mitad del dinero destinado a cubrir los mismos servicios que se realizan año tras año en cuestiones realizadas de forma diarias", denuncian Martínez Galiana y Rubio Díaz.
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