Un proceso penal del siglo pasado obliga a Ana Barceló a pasar por el juzgado

Si la huelga de letrados judiciales no lo impide, la candidata por el PSPV a la Alcaldía de Alicante, Ana Barceló, tiene que acudir esta miércoles al juzgado a declarar como testigo en un proceso por unos hechos que se remontan a finales del siglo pasado, antes de que comenzara su carrera política, y cuya vista oral se va a celebrar ahora, 23 años después.

En la causa figura como acusada María de los Frutos Barceló La Torre, alcaldesa del Sax por el PP durante dos mandatos (de 1995 a 2003) y sin relación de parentesco con la política socialista, que fue quien la acabó desalojando de la Alcaldía en los comicios del 2003.

La Fiscalía imputa a Frutos Barceló un delito de prevaricación por construir unas pistas deportivas en unos terrenos que eran propiedad de la familia de la exconsellera de Sanidad. El Ministerio Público solicita 8 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para la encausada, quien fue además la primera diputada provincial que tuvo esta localidad en el periodo democrático pero que ya está apartada de la política. 

Reclama asimismo una indemnización de algo más de 300.000 euros para los perjudicados, a la que no consta que hayan renunciado aunque sí declinaron formular escrito de acusación. Una cantidad que, de así estimarlo el juez, acabará pagando el Consistorio sajeño de no hacerlo la acusada ya que se le señala como responsable civil subsidirario. 

Los hechos datan del 25 de febrero de 1999 cuando el Pleno del Ayuntamiento de Sax aprobó comprar una finca propiedad de la familia de Ana Barceló para construir unas pistas polideportivas. Situada entre el casco urbano y el río Vinalopó, se llama el El Molino y 70 millones de las antiguas pesetas fue el valor económico que se asignó al suelo y a la edificación. El acuerdo incluía que el terreno se entregara libre de cargas, lo que los propietarios certificaron ante notario en enero del 2000 tras levantarlas. 

Pero la entonces alcaldesa popular debía tener prisa en que las pistas fueran realidad y, según recoge el escrito de acusación, adelantándose a la presentación de ese certificado e incluso antes de solicitar el préstamo para adquirir el terreno, «a sabiendas de la titularidad privada del mismo», puso en marcha allá por mayo de 1999 los trámites para la ejecución de las obras «sin el consentimiento o conocimiento de los propietarios vendedores y sin que se hubiera tramitado expediente administrativo alguno que permitiera la ocupación de los terrenos». 

En nombre del Ayuntamiento y también en esas fechas, la acusada pidió una subvención de unos ocho millones de pesetas al gobierno autónomo para sufragar la mano de obra omitiendo el pequeño detalle de que el suelo aún no era de propiedad municipal «y consignando unos datos que le constaban no ser ciertos por cuanto se estaba tramitando al mismo tiempo un expediente de compra-venta sobre los terrenos», sostiene la Fiscalía.

 La subvención fue concedida, la obras se ejecutaron a finales del 1999, se inauguraron el 31 de enero de 2000 y desde entonces han ido acumulado poco uso y deterioro. 

Con la instalación deportiva construida, allá por marzo del 2000, Frutos Barceló reunió a los otros Barceló, los dueños de los terrenos, para comunicarles «la imposibilidad de llevar a cabo la compraventa ante la existencia de unas deudas pendientes sobre las fincas con la Hacienda Local, quedando así interrumpidas las negociaciones de compraventa».

Tres meses después, la acusada firmó una moción por la que se suspendían las licencias de edificación, parcelación o demolición y usos comerciales o industriales en entorno de la finca El Molino durante un año «al objeto de facilitar la redacción y desarrollo urbanístico de un programa de actuación integrada (…) a sabiendas de que con tal resolución impedía a los legítimos propietarios el uso exclusivo y la disponibilidad del suelo para llevar a cabo gestiones en torno a la compra-venta a otros posibles compradores».

   Los propietarios del suelo recibieron un carta del Ayuntamiento de Sax el 17 de mayo del 2000 en la que se les comunicaba que «al haberse roto el acuerdo inicial de compraventa, el Ayuntamiento estaría dispuesto a pagar 2,7 millones de pesetas por los terrenos ocupados por las pistas dejando el resto pendientes del desarrollo de una unidad de ejecución». Fue entonces cuando decidieron presentar la querella que dio origen a este proceso, del que se acabaron apartando en 2015, según explica la exconsellera Barceló, que califica estos hechos como «una ocupación ilegal».

«No queríamos denunciar, pero tuvimos que pedir préstamos para levantar las cargas y cuando lo presentamos ante el notario el Ayuntamiento se echó atrás sin explicar los motivos del desistimiento. Eran 22.000 metros cuadrados que no podíamos utilizar para nada porque era una unidad de actuación», concreta la también exalcaldesa de Sax que asegura que «nunca abordé el tema de las pistas mientras estuve al frente de la Alcaldía».

«Justicia que no repara»

La síndica del PSPV en las Cortes se queja del tiempo que ha tardado llegar este asunto a juicio. «Lo que ahora diga la Justicia no repara nada porque todo esto causó mucho dolor y algunos ya han muerto».

A instancias del juzgado, los perjudicados han tasado en 307.874 euros el daño económico que sufrieron, la cantidad que el fiscal reclama como indemnización, aunque Barceló apunta que la familia tiene que decidir qué va a hacer al respecto. 

Los terrenos fueron finalmente expropiados hace unos años y las pistas continúan sin utilizarse.