Educación inicia el proceso para rescindir el contrato a la empresa de las cantinas de 11 IES de Alicante

La Conselleria solicita un informe al Consell Jurídic Consultiu tras el impago de tres meses de sueldo a una veintena de trabajadores - Los afectados se plantean no abrir al inicio del próximo curso, lo que dejaría sin servicio a 10.000 alumnos y profesores de la provincia

Alumnos y profesores en la cantina de un instituto alicantino en una imagen tomada días antes de finalizar el actual curso.

Alumnos y profesores en la cantina de un instituto alicantino en una imagen tomada días antes de finalizar el actual curso. / PILAR CORTES

Pérez Gil

Pérez Gil

La Conselleria de Educación ha iniciado el procedimiento para rescindir el contrato con la empresa que gestiona las cantinas de 11 institutos ubicados en diferentes comarcas de la provincia de Alicante. Con tal fin se ha solicitado un informe al Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana como paso previo a la ruptura de la concesión administrativa tras la reunión que los responsables educativos mantuvieron el mes pasado con los representantes de la mercantil adjudicataria.

Con esta medida la Conselleria quiere evitar el cierre de las cantinas por el retraso en los pagos a los trabajadores y proveedores. Un problema que dejaría sin servicio a más de 10.000 alumnos y profesores.

En la mayoría de los casos la veintena de empleados afectados está pendientes del cobro de tres meses -abril, mayo y junio- por parte de la empresa Ilitia Mediterránea a la que la Generalitat Valenciana adjudicó la gestión de las cantinas el pasado mes de febrero.

El problema surgido llevó a la Conselleria de Educación a iniciar el mes pasado un procedimiento, que podía derivar en la posible imposición de sanciones económicas contra la mercantil responsable por el supuesto incumplimiento de las condiciones del contrato.

Pero ante la reiteración de los hechos el Consell ha decidido ir más allá y elevar consulta al supremo órgano consultivo de las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana para rescindir directamente el contrato y volver a sacarlo a licitación. Para fundamentarlo los responsables educativos solicitaron a los directores de los centros afectados que les enviasen sus informes sobre la situación.

Cabe señalar al respecto que el impago a los trabajadores es una de las causas de resolución de la relación contractual. Sin bien, desde la Conselleria se ha admitido que el procedimiento es "largo y complejo" por lo que será el nuevo Gobierno valenciano, formado por PP y Vox, el encargado de solucionar el problema.

En cualquier caso, ya hay empleados de las cantinas que han demandado a la empresa, a título particular, por el retraso de más de tres meses en el cobro de sus salarios.

Centros afectados

Los Institutos de Educación Secundaria de cuya gestión se hace cargo la misma empresa desde hace cuatro meses son el Antonio José Cavanilles, conocido popularmente como el Instituto Politécnico de Alicante; Giner de los Ríos y Doctor Balmis, ambos de Alicante; Montserrat Roig y Victoria Kent, de Elche; Vega Baja, de Callosa de Segura; Paco Ruiz, de Bigastro; Bellaguarda, de Altea; José Marhuenda Prats, de Pinoso; Pare Arques, de Cocentaina, y la Escuela Oficial de Idiomas de Elche.

De estos pequeños bares situados dentro de los centros educativos se venían haciendo cargo desde hace décadas autónomos que pagaban un canon a la Conselleria de Educación. Pero la situación de muchos de ellos cambió cuando el Gobierno valenciano sacó a concurso público la concesión. Una empresa con sede social en Elche logró adjudicarse las cantinas de 11 institutos y en ese momento comenzaron los problemas para el personal de las cantinas que accedió a seguir al frente de las mismas como asalariados de la adjudicataria.

Situación "insostenible"

Los afectados con los que ha contactado este diario han asegurado que la situación en la que se encuentran es "insostenible" y, de hecho, muchos de ellos se están planteando abandonar cuando en los próximos días el profesorado finalice la actividad en los centros educativos y comiencen las vacaciones de verano. En tal caso desmontarán las cantinas porque tanto el mobiliario como los electrodomésticos y el equipamiento son de su propiedad, con lo que la empresa tendrá que hacer una inversión extra y mientras se procede a la reforma habrá que echar el cierre.

Otro de los problemas que están sufriendo es la pérdida de los proveedores habituales porque tampoco cobran. Es más, los hay que se han llevado los hornos eléctricos y las cámaras frigoríficas cedidos en uso a cambio de la adquisición del género. Además, la empresa tarda mucho en reponer la maquinaria averiada o sencillamente ni siquiera la sustituye por otra nueva.

Todo ello va en detrimento del servicio que se presta y tanto los alumnos como los profesores lo han estando percibiendo desde que en febrero la empresa se hizo cargo del servicio. Una circunstancia que llevó al personal docente de algunos institutos a elevar sus quejas a la Conselleria.

Sanciones económicas

Desde Educación se confirmó a este diario el mes pasado que se había iniciado un procedimiento que podía derivar en la posible imposición de penalidades a la empresa contratista por incumplimiento de las condiciones del contrato. Son sanciones económicas aplicables al contratista cuando incumple injustificadamente alguna de sus obligaciones.

"Este procedimiento se ha abierto debido a las deficiencias observadas en la documentación preceptiva que se les ha requerido de forma reiterada, entre otros, contratos y TC2 de los trabajadores", se indicó inicialmente desde la propia Conselleria.

El TC2 es el documento oficial relativo a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta ajena que la empresa tiene afiliados y representa sus relaciones nominales con respecto a sus bases de cotización.

Trámite de audiencia

Los responsables educativos dieron trámite de audiencia al contratista y se le citó a una reunión para aclarar la situación. En el transcurso del encuentro se advirtió a la empresa contratista de la gravedad de las consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones laborales con los trabajadores. "Ya que, si se constata por denuncia de los trabajadores a la Inspección de Trabajo dicho incumplimiento, sería causa de resolución inmediata del contrato", se anunció desde la Conselleria.

Este diario contactó con los socios de la empresa responsable de las 11 cantinas pero declinaron realizar manifestaciones. Únicamente se limitaron a señalar que se trata de asuntos internos, puntuales y de diferente alcance sobre los que estaban buscando soluciones.

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