El Consell adjudica nuevas cantinas en Alicante a la empresa inmersa en un proceso para retirarle la concesión

Trabajadores de los 11 centros educativos afectados acumulan cuatro meses sin cobrar y la mayoría se plantea dejar de prestar el servicio en septiembre al comienzo del próximo curso

Una de las cantinas de Alicante que gestiona desde febrero la nueva adjudicataria.

Una de las cantinas de Alicante que gestiona desde febrero la nueva adjudicataria. / Pilar Cortés

Pérez Gil

Pérez Gil

Once institutos de diferentes comarcas de la provincia de Alicante podrían encontrarse con las cantinas cerradas cuando comience el curso escolar en septiembre. Un problema que el nuevo conseller de Educación, el popular José Antonio Rovira, "hereda" de su antecesora en el cargo Raquel Tamarit, de Compromís.

El motivo del conflicto es el retraso de hasta cuatro meses en los pagos a los trabajadores y proveedores por parte de la empresa a la que la anterior Conselleria de Educación adjudicó el servicio en febrero de 2023. Un problema que afecta a más de 10.000 alumnos, conserjes y profesores y que ha motivando incluso la intervención del Consell.

Sin embargo este diario ha podido saber que en las últimas semanas el Consell ha adjudicado a la misma firma, Ilitia Mediterránea, las cantinas del IES Tháder de Rojales, Las Espeñetas de Orihuela, la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela y el IES Enric Valor de Monóvar. Centros educativos a los que se suman el IES Antonio José Cavanilles, conocido popularmente como el Instituto Politécnico de Alicante; Giner de los Ríos y Doctor Balmis, ambos de Alicante; Montserrat Roig y Victoria Kent, de Elche; Vega Baja, de Callosa de Segura; Paco Ruiz, de Bigastro; Bellaguarda, de Altea; José Marhuenda Prats, de Pinoso; Pare Arques, de Cocentaina, y la Escuela Oficial de Idiomas de Elche.

Varios empleados ya han emprendido acciones legales por la vía laboral y han denunciado los hechos ante la Inspección de Trabajo contra la adjudicataria, cuyos responsables han declinado realizar manifestaciones a este diario limitándose, únicamente, a señalar que se trata de asuntos internos, puntuales y de diferente alcance sobre los que se está trabajando para aplicar soluciones lo antes posible.

Rescisión de la adjudicación

Sin embargo a principios de este mes la Conselleria de Educación inició el procedimiento para rescindir el contrato con la empresa. Con tal fin se solicitó un informe al Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana como paso previo a la ruptura de la concesión administrativa tras la reunión que los responsables educativos mantuvieron en junio con los representantes de la mercantil adjudicataria.

Con esta medida el anterior Gobierno del Botànic quería evitar el cierre de las cantinas por el retraso en los pagos a los trabajadores y proveedores. Una situación que llevó incluso a los responsables educativos a iniciar un procedimiento, que puede derivar en la posible imposición de sanciones económicas contra la mercantil responsable por el supuesto incumplimiento de las condiciones del contrato.

De ahí que resulte sorprendente que ante esta situación se hayan concedido nuevas adjudicaciones a la misma mercantil para hacerse cargo de la gestión de otros cuatro centros educativos de la provincia de Alicante.

No todos los cantineros y cantineras se encuentran en la misma situación respecto al retraso en el pago de las nóminas. Pero en la mayoría de los casos siguen pendientes de cobrar los tres últimos meses.

De estos pequeños bares situados dentro de los centros educativos se venían haciendo cargo desde hace décadas autónomos que pagaban un canon a la Conselleria de Educación. Pero la situación de muchos de ellos cambió cuando el Gobierno valenciano sacó a concurso público la concesión. Una empresa con sede social en Elche logró adjudicarse las cantinas de 11 institutos y, en ese momento, comenzaron los problemas para el personal de las cantinas que accedió a seguir al frente de las mismas como asalariados de la adjudicataria. Pues bien a esos 11 centros educativos se suman ahora cuatro más situados en las comarcas de la Vega Baja y el Medio Vinalopó.

Desmontaje de las cantinas

Muchos de los afectados se están planteando no abrir en septiembre. En tal caso desmontarán las cantinas porque tanto el mobiliario como los electrodomésticos y el equipamiento son de su propiedad, con lo que la empresa tendrá que hacer una inversión extra y mientras se procede a la reforma habrá que echar el cierre.

Otro de los problemas que están sufriendo es la pérdida de los proveedores habituales porque tampoco cobran. Es más, los hay que se han llevado los hornos eléctricos y las cámaras frigoríficas cedidos en uso a cambio de la adquisición del género.

Todo ello ha ido en detrimento del servicio que se ha prestado desde febrero y tanto los alumnos como los profesores lo están percibiendo. De hecho, el personal docente de algunos institutos elevó sus quejas a la Conselleria a través de informes.

Inspección de Trabajo

Desde Educación se confirmó antes del relevo de poder en la Generalitat Valeciana, del PSOE-Compromís-Podemos al PP-Vox, que se había iniciado un procedimiento que podría desencadenar en la posible imposición de penalidades a la empresa contratista por incumplimiento de las condiciones del contrato. Son sanciones económicas aplicables al contratista cuando incumple injustificadamente alguna de sus obligaciones.

"Este procedimiento se ha abierto debido a las deficiencias observadas en la documentación preceptiva que se les ha requerido de forma reiterada, entre otros, contratos y TC2 de los trabajadores", se puntualizó desde la propia Conselleria.

El TC2 es el documento oficial relativo a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta ajena que la empresa tiene afiliados y representa sus relaciones nominales con respecto a sus bases de cotización. Además, según han indicado ahora los asesores laborales consultados, si se constata el impago de las nóminas a través de una denuncia de los trabajadores a la Inspección de Trabajo podría decretarse la resolución inmediata del contrato por incumplimiento. Un asunto que también anunciaron los anteriores responsables de Educación.

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