Trece municipios de la provincia carecen de plan frente a inundaciones pese al riesgo que presentan

El cambio climático está provocado que las lluvias que descargan en la provincia, que cada vez son más aisladas, sean a su vez más torrenciales. Registros que pueden llegar a superar los 90 litros en una hora, y que ponen a prueba las infraestructuras y los servicios de emergencias. Por ello los municipios que tiene un riesgo medio o alto están obligados a contar con un plan frente a inundaciones (PAM IN) desde hace años. Se trata de 67 poblaciones en la provincia, de las que 13 aún no tienen el documento en vigor. Y sus poblaciones suman más de 500.000 habitantes, solo contando a los empadronados.

Los casos más llamativos son los de El Campello y Aspe, con nivel medio, y Monóvar, que presenta un peligro alto de inundaciones. Según la última actualización de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta frente a las Emergencias (Avsre), dependiente de la Conselleria de Justicia, a fecha 18 de septiembre no tiene constancia ni siquiera que estos ayuntamientos tengan en elaboración el plan.

De cualquier forma, por ejemplo desde el Ayuntamiento de El Campello han asegurado a INFORMACIÓN que los técnicos ya están trabajando en la elaboración del documento. Y han destacado que aunque no se tiene en vigor ese documento específico y necesario, la localidad sí que dispone del Plan Territorial Municipal de Emergencias, que contempla todo tipo de situaciones y también es obligatorio para todos los municipios.

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Estos tres son los más rezagados, pero no son los únicos que no han hecho los deberes. Algunos ya están solo a la espera de que la Generalitat homologue los documentos, mientras que otros están en redacción o pendientes de aprobación municipal. Así, en elaboración figuran La Nucia y Villena, mientras que Elche, Gorga, l'Orxa, San Vicente del Raspeig y Torrevieja lo tienen ya listo, pero aún tiene que ser validado por el pleno, que debe abrir además un periodo de exposición pública.

Y los municipios que ya lo tienen aprobado y solo aguardan a que la Comisión de Protección Civil de la Conselleria de Justicia los homologue para que puedan entrar ya en vigor son los de Ibi, Mutxamel y Vall d'Ebo. Además El Vergel tiene pendiente de homologar su nuevo documento, pero esta localidad ya contaba con plan frente a inundaciones desde 2011, que ha sido revisado y actualizado. Ondara también dispone de plan desde 2016, y tiene ya elaborada una revisión.

Del mismo modo, otros municipios que no están obligados por tener un riesgo bajo, también disponen de este plan, como Granja de Rocamora, San Isidro, Sant Joan o Los Montesinos. Y San Miguel de Salinas lo tiene elaborado, pendiente de aprobación.

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El director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, ha destacado que "los planes municipales de emergencias, para cualquier peligro natural, son imprescindibles. Establecen los protocolos de gestión de las emergencias, que son esenciales para la salvaguarda de la vida humana. Por tanto, es necesario, yo diría obligatorio, que todos los municipios los elaboren y los vayan actualizando regularmente". Es decir, que para este experto, catedrático de Análisis Geográfico Regional, no solo deben tener el plan frente a inundaciones los 67 municipios que presenta riesgo medio o alto, que son a los que obliga la Ley, sino todos.

Estos instrumentos buscan proteger a la población ante posibles avenidas por lluvias intensas e inundaciones. Así, garantizan la comunicación de los ayuntamientos con el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, e incluyen tareas preventivas como limpieza de alcantarillado, despliegue de la Policía Local, vigilancia, señalización de zonas inundables... Y destaca que desde el año pasado 26 municipios de la provincia han aprobado y ya tienen vigentes sus planes, blindando las poblaciones frente a las inundaciones.

Documentos actualizados

Olcina ha destacado que "en la actualidad los planes deben estar actualizados para incorporar el efecto del cambio climático en los que abordan la peligrosidad climática (inundaciones, especialmente), porque el tipo de precipitación que está cayendo en el contexto de cambio climático obliga a actuar con mayor rapidez. Se trata de lluvias más intensas que generan daños en calles y locales de forma más rápida".

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Y ha recordado que "los municipios que no tiene aprobados y homologados por planes deben hacerlo a la mayor rapidez posible", ya que "si no los homologa la Generalitat no están operativos". Eso sí, ha señalado que en caso de actualizaciones de planes anteriores, si no homologa la Generalitat el nuevo plan, sigue estando vigente el antiguo, aunque sabemos que esto no es lo ideal porque los antiguos no están actualizados a los nuevos sistemas de gestión de emergencias (nuevas herramientas, nuevas tecnologías) ni a los efectos del cambio climático".

Así, ha apuntado que "en la Comunidad Valenciana el 112 tiene profesionales de primer nivel para la revisión y homologación de los planes municipales".

Planes comarcales

El director del Laboratorio de Climatología ha apuntado que "otra cuestión necesaria es que los planes municipales puedan tener un plan superior, es decir comarcal, que permita coordinar actuaciones cuando una inundación afecta a más de un municipio, que es lo más normal. Esto es absolutamente necesario en la Vega Baja con el río Segura, pero también en las comarcas del Vinalopó, porque se trata de cursos fluviales que trascienden la escala municipal". 

Así, ha lamentado que la legislación autonómica no contempla estos planes comarcales: "Por la experiencia de lo que ocurrió en la Vega Baja en 2019, nos hemos dado cuenta en nuestro grupo de investigación de que son necesarios, porque los caminos, las carreteras y en ocasiones los medios que se utilizan para la emergencia deben compartirse entre municipios próximos. Por eso debe haber coordinación". 

Campaña de la conselleria

La Conselleria de Justicia e Interior, a través de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, ha enviado a los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y organismos integrados, un comunicado sobre el inicio de la Campaña Anual de Prevención de Inundaciones 2024, en el que se recuerda a los consistorios que deben revisar sus procedimientos de actuación frente al riesgo de inundaciones.

Según explicó a finales de agosto el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Emilio Argüeso, “la implicación de la administración local es fundamental en estos casos, dado que no hay certeza al 100% ni en las predicciones meteorológicas, ni en la forma en que las crecidas pueden afectar al territorio”. Por este motivo ha pedido a los ayuntamientos que “lleven a cabo buenas prácticas en las tareas de seguimiento de lluvias intensas, crecidas en barrancos o acumulación de aguas especialmente en los puntos más conflictivos de sus municipios, tal y como se recoge en la planificación”.

En la circular, la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias también recuerda a los ayuntamientos la inversión llevada a cabo desde este servicio para facilitar la elaboración de los planes municipales. De los 542 municipios de la Comunidad Valenciana que deben tener su plan territorial de emergencias-PTM, 500 ayuntamientos lo tienen aprobado y 25 están en proceso de aprobación y 12 lo están elaborando.

Y de los 227 ayuntamientos con obligación de redactar el plan de actuación municipal frente a inundaciones en la Comunidad, 176 lo tienen aprobado, 32 están en el proceso de aprobación y 14 están redactándolo o tienen subvención para hacerlo, mientras que cinco municipios no disponen de plan o no han facilitado información al respecto, entre ellos tres de la provincia de Alicante, los citados El Campello, Aspe y Monóvar.

Cuando finalice la Campaña 2024-25 la Generalitat espera que el 97,8 % de los ayuntamientos con riesgo alto o medio de inundación tengan ya redactado su plan de actuación municipal frente al riesgo de inundaciones.

Otoño seco

Las perspectivas en la provincia no son buenas para el próximo año hidrológico que arranca el 1 de octubre. Los embalses siguen bajo mínimos tras un año desastroso, pese a las lluvias que ha traído septiembre, ya que estas precipitaciones han sido de forma aislada, y los modelos estacionales, que hace unas semanas eran contradictorios, apuntando unos a un otoño más seco de lo habitual y otros a la posibilidad de más lluvias, parece que se decantan para la peor opción para la provincia.

El director del Laboratorio de Climatología de la UA ha explicado que "los modelos estacionales están señalando el desarrollo de un otoño con lluvias por debajo de lo normal, es decir, que si se cumplen no se solucionaría de momento el problema de la sequía en gran parte de la Comunidad Valenciana".

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Una sequía que por ejemplo ha llevado a que la Confederación Hidrográfica del Segura haya pedido esta semana al riego tradicional que descarte los cultivos de invierno por falta de agua. La Comisión de Sequía restringirá el riego entre el 42 % y el 57 % el próximo octubre tras en el segundo año más seco de la década en la cuenca del Segura. Y en la Marina Alta y Baixa ha llevado a que municipios hayan aplicado restricciones o incluso se hayan quedado sin agua potable.