Trabajadores de la residencia El Catí de Elda protestan por la caducidad de los contratos

Al grito de "héroes en pandemia y olvidados por el sistema", trabajadores de la residencia de El Catí de Elda han protestado por la caducidad de los contratos de las empresas adjudicatarias con la administración. Y no han estado solos, pues tanto usuarios como representantes sindicales les han acompañado, desplegando pancartas y mensajes a las puertas del centro.

El contrato actual de gestión de la residencia de El Catí está caducado desde 2022, lo que hace que los empleados se encuentren en situación de "continuidad de servicio", ya que el último pliego aseguran que no contemplaba posibilidad de prórroga. Los trabajadores llevan dos años esperando la licitación del servicio por parte de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, lo que se está traduciendo en una situación de "precariedad" para la plantilla.

Durante la concentración se han escuchado consignas como "Susana Camarero dónde está nuestro dinero", señalando directamente a la consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. Una de las trabajadoras de la residencia eldense ha asegurado que "tenemos una pérdida de poder adquisitivo brutal, estamos sin actualizar la tabla salarial. Es una situación de empobrecimiento que repercute directamente en los usuarios, trabajadores y nuestras familias". Igualmente, los empleados lamentan que hay "rumores" de una nueva prórroga hasta 2026.

En el centro de Elda hay hasta 70 trabajadores afectados, que se suman a más empleados de distintas residencias tanto de la provincia de Alicante como de València y Castellón. "Este será el comienzo de más quejas", advierte la misma empleada de la residencia de Elda, a la vez que recalca que "el sector sociosanitario es un sector olvidado, fuimos todo en pandemia. Es indignante".

La situación actual de los trabajadores con los salarios es crítica. "Nunca hemos tenido plus de antigüedad, las noches se pagan a 9 euros/noche, los domingos no computan como festivos y a día de hoy la media de salario neto es de 1.000 euros, algunos por debajo del SMI", relatan.

Paralelamente, añaden que las necesidades de las personas usuarias han cambiado en estos últimos años. "El usuario es más dependiente física y cognitivamente y la ratio de personal que hay es del último pliego de hace años, pero con este perfil de usuario es necesario ampliar la plantilla y lo tendrían que especificar en la nueva licitación", sostienen.

La conselleria afirma que es una "situación heredada"

La vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, se ha referido a la situación de las residencias y ha afeado la situación en la que el Botànic dejó las mismas tras ocho años de gobierno: Es de "muy poco sentido común" y de "muy poca coherencia" por parte de la izquierda acudir a Les Corts a criticar la gestión del actual Consell en esta materia.

Así ha añadido que "eso es lo que les preocupaba, el salario de los trabajadores cuando estuvieron gobernando, porque cuando gobiernan dicen una cosa y cuando están en la oposición se preocupan de los vulnerables, entonces se acuerdan de ellos y vienen aquí a reprochar cosas que fueron incapaces de hacer durante ocho años".

Frente a esta situación, ha defendido que su departamento ha abonado 157 millones de euros para que "ningún salario de ningún profesional pueda estar en riesgo" y ha emplazado a los socialistas a decirles a los profesionales y los sindicatos que se han concentrado este jueves que lleguen "a un acuerdo" para un convenio colectivo único que permita "garantizar el salario digno que merecen" y que desde el Botànic "durante ocho años no fueron capaces de garantizar".

Además, la consellera de Servicios Sociales ha reivindicado que la Generalitat ha incrementado la acción concertada un 8,8 % "y el contrato programa también" tanto en los presupuestos de 2024 como en los del próximo 2025, ha avanzado. Por ello, ha pedido a los partidos de izquierda que no le dén "lecciones de cuidar a los profesionales y vulnerables". "No se les cuida sin pagar", ha zanjado.

Camarero ha indicado que su departamento trabaja en el nuevo contrato programa que, entre otras cuestiones, garantiza "la estabilidad del empleo a los más de 4.000 profesionales que actualmente configuran las plantillas". En este punto, ha preguntado a PSPV y Compromís "dónde está el riesgo" y les ha emplazado a "trabajar un poco" y a "pedir los datos".

"Los ayuntamientos están recibiendo y van a seguir recibiendo toda la información necesaria", ha prometido la vicepresidenta, que ha reivindicado que ahora las entidades locales sí tienen un gobierno que "se preocupa por los servicios sociales y por los más vulnerables". "Su preocupación es nuestra preocupación", ha recalcado.

Por su parte, la directora general de Familia, Infancia y Adolescencia y Reto Demográfico, Elena Albalat, ha afirmado sobre las residencias es que es una situación que a su departamento le "preocupa" y que "ocupa" pero es algo "heredado del anterior gobierno del Botànic" y son "contratos caducados desde 2018". "Hace muchos años que muchas residencias de gestión integral tienen los contratos caducados y que tampoco se ha hecho nada desde 2018 hasta 2023", añade.

Es "una situación muy complicada" como consecuencia de una "gestión nefasta" del anterior Consell, ya que al llegar a la Generalitat asegura que se encontraron con 54 residencias "que ya tenían esos contratos caducados". Esas licitaciones "ya se hubieran podido sacar y no fue así", indica.