El TSJ rechaza paralizar tres grandes plantas en Villena con más de 270.000 placas solares
El Ayuntamiento pedía la suspensión cautelar de los proyectos al considerar que había una fragmentación

Las faldas de la Sierra Salinas donde se han autorizado las plantas solares en Villena. / J.C.P.G.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha desestimado la paralización cautelar solicitada hasta que se resuelva el contencioso-administrativo presentado por el Ayuntamiento de Villena contra la instalación de tres grandes plantas de más de 270.000 placas solares en la Sierra Salinas, promovidas por la empresa Grupotec SPV 4, S.L.
El proyecto fotovoltaico en cuestión, que ha recibido luz verde por parte de la Generalitat, está compuesto por tres instalaciones que comparten la misma merncantil matriz, el mismo domicilio fiscal y, en dos casos, la misma parcela catastral.
Por un lado, la planta PSF Atalaya Solar tendrá una potencia instalada de 33,485 MW, con 72.528 módulos fotovoltaicos distribuidos en 16,5 hectáreas. Por otro lado, las plantas PSF Villasol y PSF Frutasol contarán cada una con 44,2 MW de potencia y un total de 98.880 paneles, ocupando entre ambas 45 hectáreas.
La preocupación por estas plantas fotovoltaicas en Villena no es nueva. Tanto el Ayuntamiento como diversos colectivos ecologistas han presentado alegaciones, argumentando que el proyecto se trata de un conjunto de tres instalaciones que, en realidad, constituyen una única macroplanta. De igual forma, sostienen que este fraccionamiento se ha realizado para evitar su tramitación a nivel estatal.
En total, las tres plantas suman 121,5 MW de potencia instalada, lo que, según la normativa, implicaría que su evaluación debería corresponder al Ministerio para la Transición Ecológica, ya que este es el organismo competente en proyectos de más de 50 MW. Sin embargo, al presentarse por separado, la tramitación ha recaído en la Generalitat, que solo gestiona proyectos de menor potencia.
Informe municipal
En el recurso presentado por el Ayuntamiento de Villena, al que ha tenido acceso este diario, se alegan, en primer lugar, los "efectos nocivos" que la instalación tendría sobre los espacios protegidos de la Sierra Salinas. También se argumenta que la fragmentación en tres proyectos independientes es un intento de eludir la competencia estatal. Como prueba, se presentó un informe elaborado por la técnica municipal de Medio Ambiente.
Sin embargo, el TSJ ha rechazado las alegaciones del Ayuntamiento. En su auto, reconoce que el informe municipal podría considerarse una "mínima actividad probatoria", pero destaca que este concluye afirmando que la competencia en materia medioambiental recae en la administración autonómica. En consecuencia, el tribunal considera que no se ha justificado de manera razonable la existencia de un "ardid fraudulento" para alterar la autoridad competente en la autorización del proyecto y, por tanto, desestima el recurso.
Tras conocer el fallo del TSJ, el alcalde de Villlena, Fulgencio Cerdán, asegura que "esta decisión no presupone nada, solo afecta a las medidas cautelares". El primer edil aboga por "seguir insistiendo en que la Generalitat debe medir el impacto que tres plantas fotovoltaicas tienen en un entorno tan próximo a un área natural protegida como Sierra Salinas". Cerdán insiste en que "es la administración autonómica la que debe valorar todo en su conjunto, porque si no estará haciendo dejación de funciones, renunciará a la protección de nuestro territorio y desdeñará la voz de los pueblos, como el de Villena, que apuesta por la descarbonización de la economía, pero con criterio y sensibilidad, que el Consell parece no tener".
Suspensión de licencias
Cabe recordar que el Consistorio había aprobado en el pleno del mes de julio la suspensión general de licencias para la instalación de plantas solares en el término municipal. Una medida que no tiene cabida ahora con el actual decreto del Consell de julio de 2024 de simplificación administrativa, que entre otras cosas persigue acelerar las inversiones fotovoltaicas, reduciendo los obstáculos con los que se topaban hasta ahora en su largo camino hasta ser aprobadas por la administración autonómica. En este sentido, el regidor villenense recalca que "vamos a seguir peleando, a pesar de las medidas del Consell por limitar la autonomía local, por la defensa del territorio, de nuestro entorno natural, de nuestro suelo agrícola y nuestro paisaje. No todas las plantas caben en un mismo lugar y de la misma manera, cosa que el Consell no termina de entender".
Cerdán concluye recalcando que "el decreto del Consell que limita la capacidad de decisión de los ayuntamientos en este momento es la cuestión más grave que sufre Villena: primero, porque nos deja si poder defendernos; y segundo, porque quien tiene que ejercer esa defensa de los municipios, la Generalitat, parece plegada a otros intereses por encima del bien común de los pueblos, las ciudades y sus gentes".
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