El juzgado perdona a un matrimonio de Petrer una deuda de más de dos millones de euros

Una «pesadilla» de la que, tras 17 años, por fin han podido «despertar». Así siente un matrimonio de Petrer el final de una situación límite que les llevó a perder su vivienda y vivir con embargos constantes. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante ha acordado la cancelación total de sus deudas, que ascendían a 2.159.293,10 euros, gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad.

Se trata de uno de los importes más elevados exonerados en la provincia de Alicante este año y de un caso que ejemplifica el espíritu de esta ley, pensada para ofrecer una salida a personas que, actuando de buena fe, se han visto atrapadas durante años por deudas imposibles de asumir.

Decidieron emprender con un socio y los préstamos para abrir el negocio fueron avalados por el hombre

Según explican desde el despacho Laín & Ruiz Abogados, encargado de la defensa, el origen del problema se remonta a principios de los años 2000. El cliente había trabajado desde 1989 en el sector de la construcción, concretamente en empresas dedicadas a la instalación y montaje de estructuras metálicas. En 2004 decidió emprender junto a un socio y crear su propia empresa. Para iniciar la actividad fue necesario adquirir maquinaria y material, lo que supuso la contratación de varios préstamos que fueron avalados únicamente por el matrimonio, al estar casados en régimen de gananciales.

La crisis económica iniciada en 2008 resultó devastadora para el negocio. La empresa tuvo que cerrar al quedarse sin trabajo y, tras el cese de la actividad, las entidades financieras reclamaron directamente a los avalistas. A esta situación se sumó la desaparición del socio, dejando al matrimonio como únicos responsables de las deudas.

Incapaces de afrontar los pagos, el banco ejecutó la vivienda familiar, dejándolos en la calle con dos hijos menores, que entonces tenían 4 y 2 años. Aunque en 2010 el cabeza de familia logró incorporarse a una empresa en la que continúa trabajando en la actualidad, la situación no mejoró. El sueldo fue embargado durante años, lo que obligó a la familia a vivir con el mínimo legal, con el temor constante a tener dinero en una cuenta bancaria, ya que cualquier ingreso era automáticamente retenido. Durante más de 17 años convivieron con llamadas de acreedores, notificaciones judiciales y una presión económica y emocional constante.

Desesperados

Cuando llegaron al despacho de Laín & Ruiz Abogados, relatan las letradas, se encontraban completamente desesperados. Tanto Yaiza Laín Ruiz como su socia, Nerea Zarza Iborra, decidieron dar «prioridad absoluta» al caso. Tras un estudio exhaustivo de la situación y pese a la elevada cuantía de la deuda, optaron por iniciar el procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad.

«Creemos firmemente que todo el mundo merece una segunda oportunidad, especialmente cuando hablamos de personas honradas y trabajadoras que intentaron mejorar su situación y se vieron arrastradas por una crisis económica ajena a su voluntad», explican desde el despacho, especializado exclusivamente en este tipo de procedimientos.

Según los últimos datos del CJPJ cerca de 800 alicantinos han pedido la cancelación de sus deudas

El juzgado ha resuelto el caso con gran rapidez. La solicitud fue presentada el 25 de septiembre de 2025 y, el 11 de noviembre, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante acordó la exoneración total de la deuda. Tras finalizar los plazos legales, la resolución ya es firme.

Para el matrimonio, la decisión judicial ha supuesto un antes y un después. «Estaban muertos en vida», señalan las abogadas, «pero ahora han vuelto a nacer». Tras casi dos décadas de angustia, pueden volver a respirar, dejar atrás el miedo a los embargos y empezar de nuevo, libres de una carga que marcó sus vidas durante más de 17 años.

Datos

Este caso se enmarca, además, en una tendencia al alza que confirma el creciente recurso de los ciudadanos a la Ley de Segunda Oportunidad. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CJPJ), durante el primer trimestre de este año se registró un nuevo récord de solicitudes en la provincia de Alicante. Entre enero y marzo se presentaron 781 concursos de acreedores de particulares, lo que supone un incremento del 34 % respecto al mismo periodo del año anterior. Una cifra que refleja la dimensión que ha alcanzado este fenómeno y que se traduce en una media de nueve solicitudes diarias ante los juzgados alicantinos.

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