¿Por qué la Fiscalía archiva la denuncia de Villena por la destrucción del yacimiento ibero de la plaza Mayor?

Carpetazo al proceso judicial por la supuesta destrucción del yacimiento ibero de la plaza Mayor de Villena, que podría haber constituido el origen de la ciudad. La Fiscalía ha archivado la denuncia formalizada el pasado diciembre por el Ayuntamiento contra los responsables del área de Urbanismo, cuya cabeza visible era la concejal de Urbanismo en el momento de los hechos, la popular María José Hernández, en 2010.

Según ha dado a conocer el concejal de Patrimonio, Javier Martínez, durante una rueda de prensa sobre otro tema urbanístico, la Fiscalía considera que aunque hay indicios de un delito contra el Patrimonio Histórico, penado con hasta tres años de cárcel, los hechos han prescrito, ya que tuvieron lugar en 2010 y prescribirían a los cinco años.

Según recoge el auto fechado el 18 de marzo y notificado el viernes 20 de marzo al Ayuntamiento, el ministerio fiscal no aprecia "elementos bastantes para su continuación ni para su remisión al Juzgado para la persecución en vía penal de los hechos a que se refieren".

Las obras se llevaron a cabo entre 2010 y 2011 y el supuesto delito habría prescrito a los cinco años

Así, explica que el Ayuntamiento puso en conocimiento de la Fiscalía "unos hechos que podrían ser constitutivos de infracción penal, si bien, los mismos como pasamos a analizar, estarían prescritos".

En la actualidad el Ayuntamiento de Villena está llevando a cabo una intervención arqueológica en el solar entre las calles Teniente Hernández Menor y Maestro Caravaca y la plaza Mayor, previamente a la redacción de un proyecto de edificación de inmuebles.

Y "en el informe de intervención llevado a cabo por la empresa Alebus de fecha 10 de diciembre de 2025, se hace expresa referencia a los hallazgos arqueológicos documentados en el 2009, en el solar colindante, a escasos 35 metros del actual ámbito de actuación". Tales restos arqueológicos fueron localizados con motivo de la demolición del antiguo Hotel Alicante y de la posterior construcción del Centro de Mayores.

Sin sótano

Con fecha 9 de marzo de 2009, la Junta Local del Ayuntamiento aprobó el proyecto básico del nuevo edificio “Centro de Mayores”, el cual no contemplaba la construcción de un sótano.

No hay constancia de que la Conselleria de Cultura autorizara la posterior inclusión de un sótano en la construcción del centro de mayores, lo que acabó con los restos arqueológicos

Este proyecto inicial fue aprobado por la Conselleria de Cultura el 3 de abril de 2009, indicando expresamente que “la autorización podía quedar sin efecto ante circunstancias sobrevenidas que pusieran en peligro los valores protegidos”, así como “la obligación de elaborar un informe preliminar, memoria preliminar y memoria científica definitiva en plazos tasados”.

Modificación sustancial

Aquella intervención arqueológica se desarrolló entre el 20 de octubre de 2009 y el 31 de mayo de 2010, previo al inicio de las obras del nuevo edificio proyectado. Pero "de forma paralela a la intervención arqueológica, el Ayuntamiento licitó el contrato para la redacción del proyecto de ejecución, el cual fue adjudicado en fecha 17 de agosto de 2009 a la mercantil Estudio Arquitectura Villena, quien presentó el proyecto en fecha 23 de noviembre de 2009, introduciendo una modificación sustancial al proyecto inicial, consistente en la creación de una planta sótano, no prevista ni autorizada inicialmente. No consta que esta modificación sustancias del proyecto, inicialmente incompatible con la conservación de los restos arqueológicos, fuera sometida a autorización de la Conselleria de Cultura".

A pesar de esto, "la arquitecta municipal informó favorablemente el Proyecto de Ejecución y se aprobó por la Junta de Gobierno Local el 22 de febrero de 2010. Las obras se iniciaron el 24 de mayo de 2010 y finalizaron en marzo de 2011".

La Fiscalía considera que "examinadas las actuaciones, resulta que, si bien los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra el Patrimonio Histórico de los artículos 323 o 324 del CP, al ser la pena más alta a imponer, la de 3 años de prisión, los hechos estarían prescritos, al haber transcurrido, conforme al artículo 131 del CP, más de cinco años, desde que acontecieron los hechos hasta que se ha formulado denuncia".

"Por todo lo expuesto, no se aprecian méritos bastantes para estimar cometida infracción penal alguna y, consiguientemente, deducir por ello responsabilidad criminal, por lo que se propone el archivo de las presentes diligencias, interesando se libre oficio a la Conselleria de Cultura, a fin de poner en su conocimiento la existencia de esta nueva intervención arqueológica, llevada a cabo por la empresa Alebus de fecha 10 de diciembre de 2025, en aras a las posibles nuevas obras de ejecución que pudieran desarrollarse próximamente en la zona objeto de estudio en las presentes diligencias de investigación".

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