La Justicia anula la subida del 80 % del tasazo de basura de Monóvar

La Justicia ha puesto fin al conflicto sobre la subida de la tasa de basura en Monóvar correspondiente a 2025. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento. La decisión es firme y cierra definitivamente el proceso judicial.

Con esta resolución queda confirmada la nulidad de pleno derecho del pleno extraordinario y urgente celebrado el 4 de octubre de 2024, al considerarse que fue convocado de forma irregular, con apenas diez minutos de antelación. Los tribunales han entendido que se vulneró el derecho fundamental a la participación política recogido en el artículo 23 de la Constitución. Como consecuencia, también queda anulada la ordenanza fiscal aprobada en esa sesión, que contemplaba incrementos de hasta el 80 % en la tasa, esto era pasar de unos 86 euros a 155.

Contexto del conflicto

El origen del caso se sitúa en ese pleno de octubre de 2024. Según el relato del PP, tras un primer intento fallido de aprobación por empate (8-8), el equipo de gobierno convocó una segunda sesión extraordinaria con muy escaso margen para repetir la votación. La oposición sostiene que la notificación de esa convocatoria llegó incluso después de que el pleno ya se hubiera celebrado.

Meses después, en junio, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acordó la suspensión cautelar de la subida, al apreciar irregularidades en la convocatoria. Pese a ello, el Ayuntamiento defendió entonces que no procedía la devolución de las cantidades cobradas al no existir una sentencia firme y anunció recursos ante el propio Tribunal Supremo tanto contra la suspensión como contra el fallo sobre el fondo del asunto.

El consistorio también señaló en ese momento que, en caso de anularse definitivamente la tasa, compensaría los importes en los recibos de 2026. La subida aplicada, del 80 %, respondía, según el gobierno municipal (PSOE), a la obligación legal de cubrir el coste íntegro del servicio.

Consecuencias económicas

La firmeza de la sentencia abre ahora un nuevo escenario. La anulación de la ordenanza deja sin cobertura legal los importes cobrados, lo que podría obligar al Ayuntamiento a devolver las cantidades ingresadas de más.

Desde la oposición se insiste en que la devolución debe realizarse de oficio e incluir los intereses legales. También rechazan la posibilidad de compensar estos importes en ejercicios posteriores, al tratarse —según argumentan— de ejercicios fiscales distintos.

El portavoz del PP, Guillermo Rico, sostiene que su grupo ya advirtió de la posible nulidad del pleno y propuso repetir la convocatoria conforme a la ley. Según su versión, el equipo de gobierno (PSOE) no atendió esa petición.

Por su parte, el Ayuntamiento había defendido durante el proceso la legalidad de su actuación y la necesidad de la subida para garantizar la financiación del servicio, además de recurrir las resoluciones judiciales desfavorables.

Próximos pasos

Ante la posibilidad de que el Ayuntamiento, al que este diario ha preguntado sin obtener respuesta por el momento, no articule de inmediato un sistema de devolución, el grupo popular ha anunciado que pondrá a disposición de los vecinos un modelo de solicitud de ingresos indebidos. Este documento permitirá reclamar las cantidades sin necesidad de aportar recibos, al tratarse de información ya disponible en la administración.

La resolución del Tribunal Supremo pone fin a un proceso judicial prolongado y obliga ahora a concretar cómo se gestionará la devolución de las cantidades cobradas tras la aplicación de una ordenanza que ha sido declarada nula.

Suscríbete para seguir leyendo