Villena carga contra la Generalitat por el cierre del Punto de Encuentro Familiar judicial

El Ayuntamiento de Villena ha cargado contra la decisión de la Generalitat Valenciana de suprimir el Punto de Encuentro Familiar judicial de la ciudad, un recurso que dejará de prestar servicio el próximo 1 de noviembre tras quedar fuera del nuevo mapa autonómico de estos centros aprobado por la Conselleria de Servicios Sociales. El equipo de gobierno considera que la medida supone "un importante retroceso" en la protección de la infancia y ha exigido su inmediata rectificación.

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán; la concejala de Servicios Sociales, Alba Laserna; y la diputada autonómica Romina del Rey han comparecido este martes para mostrar su rechazo a una decisión que, aseguran, afectará directamente a menores y familias inmersos en procesos judiciales de separación o conflicto familiar.

Eliminación de diez puntos de encuentro

Los responsables municipales recordaron que los Puntos de Encuentro Familiar Judicial son espacios neutrales y supervisados por profesionales especializados donde los menores pueden mantener el contacto con sus progenitores u otros familiares cuando así lo establece una resolución judicial, garantizando siempre su seguridad y bienestar.

Según explicó Romina del Rey, el nuevo mapa autonómico elimina diez Puntos de Encuentro Familiar en la Comunidad Valenciana e incorpora únicamente tres nuevos, lo que supone una reducción neta de siete centros. En la provincia de Alicante desaparecerán los de Sant Vicent del Raspeig, Villajoyosa, Torrevieja y Villena, mientras que la única nueva apertura prevista será en Benidorm.

Desde el Ayuntamiento también criticaron la falta de información por parte de la Conselleria, asegurando que ni los ayuntamientos, ni las entidades gestoras, ni los profesionales, ni las propias familias habían recibido una comunicación oficial previa sobre esta reorganización del servicio.

Estrés y listas de espera

El Consistorio advierte de que el cierre obligará a muchas familias a desplazarse a otros municipios para cumplir con las resoluciones judiciales, lo que incrementará las listas de espera, dificultará el desarrollo de las visitas supervisadas y añadirá estrés tanto a los menores como a sus familiares. Además, denuncian que la nueva organización incrementa la carga administrativa al tiempo que reduce perfiles profesionales esenciales, como psicólogos, integradores sociales y otros especialistas.

Cierre frente a aumento de expedientes

Otro de los argumentos esgrimidos por el gobierno municipal es que la decisión resulta difícil de entender cuando los propios datos de la Conselleria reflejan un incremento del 80 % en los expedientes tramitados por los Puntos de Encuentro Familiar entre 2023 y 2024. En el caso de Villena, recuerdan, el servicio mantiene una elevada actividad desde que abrió sus puertas en 2022.

El Ayuntamiento también ha recordado el esfuerzo económico realizado para implantar este recurso, que fue fruto de años de reivindicación institucional y supuso una inversión municipal superior a 50.000 euros para adaptar las instalaciones a las exigencias de la Generalitat.

Por todo ello, el Consistorio reclama a la Conselleria de Servicios Sociales que haga públicos los informes técnicos que justifican la reorganización de la red, explique los criterios utilizados para suprimir el servicio en Villena y reconsidere una decisión que considera perjudicial para la protección de la infancia.

Reclamaciones

La concejala de Servicios Sociales, Alba Laserna, apeló a la unidad institucional para defender un recurso "del que dependen muchos menores y familias que requieren un acompañamiento profesional", mientras que el alcalde, Fulgencio Cerdán, responsabilizó al Consell formado por PP y Vox del cierre del centro. "No es una prioridad para ellos mantener este servicio en Villena", afirmó.

Paralelamente, los trabajadores de los Puntos de Encuentro Familiar afectados han puesto en marcha una campaña para que las familias usuarias presenten reclamaciones ante la Generalitat, con el objetivo de intentar frenar una reorganización que, según denuncian, reducirá la atención especializada a los menores más vulnerables.

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