«Quiero un Gobierno que mejore las cosas para nosotros para que no haya discriminación. Somos personas como las demás, sólo que tenemos alguna discapacidad. Estoy muy contenta con poder votar». María Belén Ponce es una de las más de 400 personas con discapacidad que está recibiendo formación en Apsa (una asociación en favor de los discapacitados psíquicos de Alicante) antes de poder ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones.
Una reforma en la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Loreg) permitirá que en toda España unas 100.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o déficit cognitivo puedan votar por primera vez. Si se realiza una estimación en función del censo electoral, esta cifra rondaría las 2.500 personas en la provincia. Gran parte de las personas con discapacidad ya podían ejercer este derecho. Esta reforma, aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados el pasado mes de octubre, afecta a las que tenían suprimido el derecho al sufragio por resolución judicial, al estar incapacitadas legalmente.
Una vez reconocido el derecho al voto para todas las personas con discapacidad, en Apsa se pusieron manos a la obra para ayudar a que se ejerciera con todas las garantías. Así, han organizado una formación teórica y práctica durante dos semanas para explicar a los usuarios en qué consisten unas elecciones, las diferencias entre las municipales, autonómicas, generales y europeas y la forma en la que pueden ejercer su derecho.
En la parte práctica de la formación, han organizado simulacros en todos sus centros. «Se trata de que vean con qué se van a encontrar cuando vayan a un colegio electoral de la manera más real posible», explica el director del Centro Ocupacional Terramar, Juan Lorenzo Verdú.
Mesa electoral
Los propios usuarios formaron una mesa electoral con tres urnas con sus papeletas y sobres correspondientes. «Yo tengo que comprobar que llevan el DNI porque si no lo traen no pueden votar», afirma Pablo Giner. «Y cuando ya han metido la papeleta en el sobre la pueden meter en la urna en la que estoy yo», añade. Su compañero Miguel Ángel López interviene para decir que en la suya, la del Senado, es «un poco más complicado porque hay que marcar a tres, los que quieran de todos los que hay». Manolo Climent se encargaba de la urna autonómica, mientras Pili Torrent iba tachando en su lista a quienes iban pasando por las urnas tras guardar cola previa inspección del DNI.
Las papeletas utilizadas en la práctica son iguales que las reales, pero no tienen el nombre ni el logo de ningún partido y los nombres que aparecen son ficticios.
«Yo he votado siempre», asegura Rafael Gerona. «Es importante hacerlo y me ha venido muy bien la formación. Lo que quiero es que haya seriedad y no haya corrupción», dice el usuario. Algunos ya tienen muy claro qué candidato se va a llevar su voto, mientras otros reconocen que «con tantas papeletas es difícil decidirse». Les quedan menos de tres semanas para acabar de decidir el voto para las generales y autonómicas, y casi dos meses para las municipales y europeas del 26-M.
Verdú valora «muy positivamente el reconocimiento del derecho al voto» que considera «un avance más en la consecución de la plena ciudadanía de las personas con discapacidad».
El director de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad Tempe-Apsa y profesor de Derecho en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), Antonio Luis Martínez Pujalte, calificó de «hito histórico» la reforma de la Loreg. Es el encargado de ofrecer la tercera parte de la formación, dirigida a usuarios de Apsa y a sus familias. Entiende que «ahora queda la segunda parte, que corresponde a los poderes públicos, y que consiste en hacer el procedimiento electoral accesible para todos» los votantes. «Todavía existen muchas barreras, incluso físicas en algunos colegios electorales, para poder ejercer el derecho al voto en igualdad de condiciones. Y se deben ir corrigiendo las barreras cognitivas. Es necesario incorporar una lectura fácil, que tanto los procedimientos como los programas electorales estén bien explicados», solicita. De hecho, asegura que la tasa de abstención es mayor entre las personas con discapacidad.
Martínez Pujalte ha puesto su «granito de arena» con artículos académicos y al colaborar en la redacción del recurso interpuesto por una afectada ante el Tribunal Constitucional que, aunque fue desestimado, «creó el caldo de cultivo para que al final se consiguiera la reforma legal».
Al repasar los argumentos que se esgrimían para negar este derecho a las personas con discapacidad entre los que se encuentran su posible manipulación, Martínez Pujalte lo tiene claro. «Todos somos manipulables e influenciables. A muchos chavales sin discapacidad son sus padres los que les dicen qué tienen que votar. Lo que vamos a hacer es formarles para que sean autónomos y decidan de forma autónoma», indica. Y ya son más de 400 en Alicante los que podrán hacerlo.
