La alcaldable del PP de Algueña suma otra imputación por prevaricación y cohecho por venta de suelo municipal

No en uno sino en dos procesos penales figura como investigada la alcaldesa de Algueña, María del Carmen Jover, lo que no ha sido óbice para que el PP la haya designado candidata a la reelección en las próximas elecciones en este municipio del Medio Vinalopó. Las causas están siendo instruidas por dos juzgados de Novelda y ambas están directamente vinculadas a la labor de la también diputada provincial al frente de la Alcaldía de esta localidad, donde lleva 16 años.

A su imputación por los delitos de malversación, prevaricación tráfico de influencias y fraude por la gestión del servicio de basuras del municipio, del que desde hace más de cinco años se encarga fuera de contrata el hermano de un concejal, (ambos también investigados en este proceso) se une otra por los cargos de cohecho, malversación y prevaricación por la subasta pública y posterior adjudicación de dos parcelas de suelo municipal a la mercantil Levantina de Recursos Mineros S.A.U. 

Se trata de un procedimiento que se inició hace más de seis años por la denuncia de un particular ante la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Comisaría de Alicante y en el que en la actualidad, además de Jover, figura como investigado, entre otros, su marido.

«Favorecer al marido»

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la mercantil «habría favorecido al marido de la alcaldesa, así como a empresas vinculadas con él, con quien Levantina habría incrementado notablemente las ventas de recursos minerales para que el esposo y las empresas vinculadas al mismo los trataran y los comercializaran con el enriquecimiento que eso supuso para el matrimonio. Y todo ello a cambio o como contraprestación de las irregularidades perpetradas en los expedientes de enajenación de parcelas municipales que finalmente fueron adjudicadas a Levantina de Recursos Mineros», cuyo representante legal también ha sido llamado a declarar como investigado.

La alcaldesa y el resto de investigados fueron citados el pasado septiembre y comparecieron a finales de año ante la instructora aunque, como ocurrió en la causa de las basuras, ninguno respondió a las preguntas del fiscal.   

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Uno de los aspectos en los que está centrada la instrucción es en el presunto incremento de la facturación del negocio del marido de la regidora que, como autónomo, se dedica al tratamiento y comercialización de la piedra. Y ello a raíz de la venta a Levantina de las dos parcelas municipales. En la causa figuran además varias mercantiles vinculadas a los investigados, una de ellas con sede social en el domicilio de la alcaldesa. 

Como medida cautelar, la instructora ha acordado el bloqueo de las propiedades inmobiliarias y los vehículos de todos de los investigados, desde los de Jover y su marido hasta los de las mercantiles con las que tienen relación. Una decisión que ha sido recurrida por los investigados y sobre la que aún no se ha pronunciado la instructora. 

Según consta en al denuncia, las dos parcelas ya venían siendo utilizadas por Levantina antes de que les fueran adjudicadas para depositar grandes bloques de material defectuoso. Y concreta que las enajenaciones de terreno las llevó a cabo la alcaldesa en junta de Gobierno y a espaldas de la oposición, que no formaba parte de este órgano, «sin justificar previamente a qué se debía esa venta incontrolada de terreno».

 Las pesquisas apuntan también a un supuesto fraccionamiento de la venta de las dos parcelas para evitar que el asunto llegara al Pleno, así como a la presunta falsificación de una de las actas de la junta de Gobierno y, junto a la falta de justificación para enajenar suelo público, el destino a gastos comunes del dinero que se obtuvo.

«Con arreglo a la normativa»

Este medio se ha puesto en contacto con al alcaldesa, quien pospuso para «más tarde» pronunciarse sobre este asunto sin que después eso haya sido posible. 

En su lugar, ha sido su defensa, el abogado Ricard Sala, quien ha asegurado que «el Ayuntamiento tramitó los expedientes de enajenación con arreglo a la normativa y en función de los informes técnicos y jurídicos». Y que «tanto la alcaldesa como el Consistorio han acreditado al juzgado de Novelda que investiga estos hechos la correcta tramitación de los expedientes indicados». 

En opinión del letrado, la denuncia, que se presentó en 2016, «y que el fiscal ha utilizado como base para el impulso de actuaciones ante el juzgado, carece del más absoluto rigor, pareciendo un simple montaje con fines de manipulación en periodo electoral». 

Tras advertir que Jover «se ha reservado el ejercicio de acciones frente a quien resulte responsable por la presentación de denuncias falsas y por actuaciones realizadas con el fin de dañar su derecho al honor y a la propia imagen», ha agregado que «está esperando a que el juzgado dicte la correspondiente resolución en virtud de la cual acuerde el archivo del procedimiento, previos los trámites pertinentes». 

Levantina

Levantina, a preguntas de este medio, se ha limitado a afirmar: «Tenemos la seguridad, de que hemos actuado en todo momento correctamente y dentro de la legalidad. Confiamos en que este asunto se esclarezca lo antes posible, y por eso colaboramos con la Justicia en todo aquello que nos sea requerido».