Al parecer, y así lo esperamos, nos encontramos al final del túnel. La agonía generada por el COVID-19 nos está dando una lección que no debemos olvidar. Es sorprendente cómo el ser humano incorpora a su modo de vida los cambios por profundos, inconcebibles y asombrosos que sean. La abogacía se ha mantenido firme sin perder su esencia y ha reafirmado su papel como una de las profesiones indispensables para nuestra sociedad. Nuestro trabajo nunca acaba. En los tiempos difíciles tampoco. Ejercemos el más sagrado de los derechos, el derecho de defensa, y este es esencial siempre.
En otro orden la pandemia ha dejado, más si cabe, en evidencia el colapso de nuestro sistema judicial, una situación que los operadores jurídicos llevamos soportando durante años. La digitalización de la administración de justicia es precaria y, amén de la voluntad de abogados y abogadas, no se podrá avanzar hasta que la inversión en ella sea real y efectiva. Resulta lacerante que de todas las administraciones solo fuera la de la justicia la que tuviera que cerrar a cal y canto por no disponer de los medios necesarios para seguir con su función, tan esencial para la ciudadanía como hemos dejado dicho. Hoy penamos los atrasos producidos, con el consiguiente coste emocional y económico.
Si alguna conclusión positiva hemos sacado de la irreal situación vivida es que debemos proveernos de herramientas posibiliten seguir trabajando en caso de confinamiento o similares y que a su vez permitan la desconexión de los profesionales y garanticen sus legítimos derechos a la suspensión de las actuaciones judiciales o el necesario descanso. Esperemos que el plan Justicia2030, que agrupa las Leyes de Eficiencia Organizativa, Digital y Procesal, termine de una vez por todas de hacer realidad, no sólo la tan deseada agilización en la administración de justicia, sino el respeto al descanso y la lícita (y por ahora inexistente) conciliación laboral y personal. En ello trabajamos desde la abogacía institucional, siendo de destacar la labor en la que está empeñado el Consejo General de la Abogacía, que de una vez por todas debe de dar sus frutos y no quedarse en una reivindicación formal y materialmente estéril. Esta vez sí hemos de conseguirlo.
El tiempo en el que vivimos y ejercemos la defensa de la ciudadanía se ha transformado profundamente a consecuencia de la crisis sanitaria pero también a través de normativa que nos hemos dados en nuestra profesión. En estos últimos dos años se han aprobado el Código Deontológico y el Estatuto General de la Abogacía Española, que establecen, modernizándolo y adaptándolo a los nuevos tiempos, el marco en que deben regirse las relaciones entre abogadas y abogados, con los tribunales, con los clientes y con la ciudadanía en general, conformando además una garantía de excelencia y buen comportamiento para esta.
Nuestra condición de abogados y abogadas nos exige siempre actualizar nuestros conocimientos, mantener un estrecho contacto con la sociedad, con la realidad social en la que nos movemos y abanderar siempre la defensa de derechos y libertades. Lo hemos demostrado en los momentos más crueles y difíciles que nos ha dejado esta pandemia y esta seguirá siendo por siempre nuestra exigencia.
ICALI, un colegio en red sinónimo de formación de calidad
Las crisis se convierten muchas veces en oportunidades y para el Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI) este último año hemos podido consolidar dos de nuestros pilares: la formación continua y de calidad; y la implementación de un sistema de Colegio en red que permite llegar a cada uno de sus colegiadas y colegiados.
La formación dual ha llegado para quedarse y las renovadas instalaciones de la sede institucional del Colegio permiten que cada jornada, taller o curso formativo se imparta de forma presencial y online. La formación tradicional en materia concursal o mediación se ha completado en los últimos meses con debates jurídicos de absoluta actualidad como la ocupación ilegal de viviendas, las reformas en torno a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad o el proceso judicial que afecta a las víctimas de especial vulnerabilidad. Jornadas que han ahondado en la colaboración institucional del ICALI con entidades como la Universidad de Alicante o la Conselleria de Justicia.
Las delegaciones de Benidorm, Elda, Dénia, Novelda, San Vicente del Raspeig y Villena, por otra parte, han configurado una red asistencial inmediata para nuestra colegiación. La apuesta por este sistema ha permitido acelerar el acceso a servicios como la asistencia jurídica gratuita, la formación o las propias gestiones administrativas, así como constituirse en centros de defensa en cada partido judicial, en los que la ciudadanía encuentra respuesta.
