Conocido también como caso Urdangarin, el caso Nóos tiene su origen en el año 2010. Surgió como un nuevo escándalo de presunta corrupción política a raíz de investigaciones derivadas del caso Palma Arena, otro proceso judicial por corrupción vinculado a las irregularidades cometidas durante la construcción del velódromo del mismo nombre en Palma de Mallorca. A raíz de las investigaciones de esta trama, en 2010 ve la luz el llamado caso Nóos, en el que Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres aparecen como los principales encausados.

Malversación, fraude, prevaricación, blanqueo de capitales y falsedad son los cargos por los que están imputados el duque de Palma y su antigua mano derecha, que según la Fiscalía Anticorrupción habrían desarrollado todas estas actividades delictivas a partir del Instituto Nóos, valiéndose de la posición privilegiada de Urdangarin como esposo de la Infanta Cristina y, por tanto, miembro de la Casa Real. Esta fundación sin ánimo de lucro, dedicada a la organización de eventos deportivos, se considera el supuesto epicentro de la red de corrupción que durante años desvió fondos públicos y fraude fiscal, a través de una compleja red de empresas asociadas y múltiples ramificaciones que han terminado por salpicar también a la Infanta Doña Cristina.

El origen del dinero

La trama corrupta se lucró de fondos públicos provenientes, sobretodo, de los gobiernos valenciano y balear. El duque de Palma y Diego Torres percibieron del Instituto Nóos 5,8 millones de euros, una cantidad equivalente a la que esta entidad, de la que eran presidente y gerente, respectivamente, obtuvo en fondos públicos a través de los ejecutivos de ambas comunidades autónomas, según consta en la documentación surgida a raíz de la investigación judicial que se lleva a cabo en el juzgado de Palmo bajo la batuta del magistrado José Castro. La Fiscalía considera que de estos 5,8 millones, 3.519.533,90 euros fueron abonados por la Generalitat Valenciana (directamente o a través de la Fundación Turismo Valencia o la Ciudad de las Artes y de las Ciencias) y los otros 2.285.000 euros por el Gobierno balear a través de la Fundación Illesport.

Según el detalle de los cobros que figuran en un informe de la Fiscalía, Urdangarin y Torres recibieron 2.794.440 euros de Nóos Consultoría Estratégica entre 2004 y 2007 y 397.996 euros de De Goes Center for Stakeholder management entre 2006 y 2007. Además, Virtual Strategies habría abonado 749.505,61 euros a Torres, mientras que Shiriaimasu habría entregado 456.381,71 euros e Intituit Strategy Innovat, 853.103,40 euros, siempre entre 2004 y 2007.

Además, el duque de Palma habría recibido 747.889,54 euros entre 2004 y 2005 de la inmobiliaria Aizoon, cuya propiedad comparte con su esposa, Doña Cristinala inmobiliaria Aizoon, cuya propiedad comparte con su esposa, Doña Cristina. Esta circunstancia es precisamente la que relaciona a la Infanta con las presuntas irregularidades y la que la ha llevado a estar imputada y a tener que comparecer ante el juez. El magistrado José Castro pretende descubrir qué grado de conocimiento tenía Doña Cristina sobre estas supuestas actividades corruptas y quiere averiguar cuál era su participación exacta en la estructura societaria de Aizoon. Mientras, los abogados de la Infanta aseguran que la duquesa de Palma defienden que nada tiene que ver con las actividades de Aizoon y que era absolutamente ajena a la gestión de esta empresa.

Desvío de fondos

La mecánica de desvío de fondos descrita por la Fiscalía en sus informes consistía en que, una vez obtenidos "sin concurso previo" los encargos, el Instituto Nóos encomendaba los trabajos a sociedades mercantiles propiedad de los propios Urdangarin y Torres. El fiscal del caso, Pedro Horrach, dice, en este sentido, que el duque de Palma y su socio "se subcontratan a sí mismos" para desarrollar una labor encomendada al Instituto Nóos, "aparentemente una asociación sin ánimo de lucro", aunque "lo que deriva de esa subcontratación (...) es precisamente la concurrencia de un ánimo desmedido de lucro".

Los beneficios eran astronómicos, según el representante del ministerio Público, ya que Nóos presentaba 'presupuestos ficticios' y se fijaban precios "totalmente desproporcionados". El mejor ejemplo son los dos convenios firmados en 2005 y 2006 con el Govern balear para organizar dos foros deportivos, por importe de 1.200.000 euros y 1.085.000 euros, respectivamente. La Fiscalía afirma que, si se suman las cantidades que no fueron justificadas por Nóos las que fueron justificadas con facturas sin relación con el trabajo encargado y las cantidades percibidas por Urdangarin y Torres, el desvío de fondos públicos alcanzó los 753.942,04 euros en el primer caso y los 624.340,97 euros en el segundo.

Además, el recorrido del dinero percibido por Nóos no acababa en las mercantiles propiedad el duque de Palma y de su socio, ya que según la investigación éstos tejieron una 'estructura societaria' en Belice y en el Reino Unido que usaron supuestamente para desviar al menos 909.940 euros. La documentación intervenida en algunos de los registros practicados señala que se contrató a un abogado para crear y organizar esta estructura y también que "las personas a favor de las cuales se crea dicha estructura fiduciaria son Diego Torres e Iñaki Urdangarin", ya que en los documentos aparecen las iniciales "DT" e "IU" como los destinatarios de la información.

Delitos fiscales

Por otra parte, la Agencia Tributaria ha estudiado las rentas económicas que Urdangarin facturó a través de Aizoon. Los inspectores afirman que el duque utilizó esta empresa como sociedad pantalla para facturar las retribuciones que recibía por su presencia en el consejo de administración de seis empresas privadas. Hacienda sostiene que el yerno del Rey debió tributar estos ingresos como IRPF, pero que las declaró como impuesto de sociedades, cuya cuota a pagar es inferior.

El fiscal Horrach, basándose en el informe pericial, afirma que Aizoon no disponía de una plantilla de trabajadores con las que poder justificar estos servicios a empresas privadas, ya que su única actividad era la del alquiler de inmuebles. Como consejero de estas empresas, Urdangarin, en el año 2007, cobró 649.453 euros y el año siguiente, otros 494.156 euros. Sin embargo, en ambos ejercicios fiscales solo pagó 57.905 euros en impuestos. Por ello, la Agencia tributaria asegura que en cada uno de estos dos ejercicios dejó de pagar a Hacienda una cuota superior a los 120.000 euros, lo que supondría la comisión de dos delitos fiscales.

En cuanto a su relación con Nóos, Anticorrupción detalla en su nuevo escrito que los inspectores tributarios han descubierto que en el año 2007 el instituto defraudó tributos a través del impuesto de sociedades. Esta afirmación, descartaría, a juicio de Anticorrupción, que el duque cumpliera las órdenes de su suegro, quien en el año 2006, le indicó que se apartara de los negocios de Nóos.

Los inspectores han estado durante meses analizando el cruce de facturas entre el instituto y el grupo de empresas controladas por Urdangarin y por su socio, que utilizaron para dar salida a los beneficios que obtuvieron sobre todo a través de fondos públicos. Los investigadores sostienen que la mayoría de estas facturas eran falsas al no corresponder a ningún trabajo, pero que los directivos las declararon como gastos para pagar menos impuestos. Las facturas analizadas demuestran, según el informe de Hacienda, que los dos directivos de Nóos habrían eludido varios centenares de miles de euros.