Estas son las dos ayudas de 600 euros para mayores de 50 años desempleados

Las personas mayores de 50 años que se encuentran en situación de desempleo suelen enfrentarse a serias dificultades para reincorporarse al mercado laboral, en parte por la discriminación por edad que aún persiste en muchas empresas. Para paliar esta situación, el Estado dispone de dos ayudas económicas clave: el subsidio para mayores de 52 años, gestionado por el SEPE, y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), a cargo de la Seguridad Social.

Subsidio para mayores de 52 años

Esta ayuda está dirigida a quienes han agotado el paro y cumplen ciertos requisitos. Se perciben 480 euros mensuales (el 80% del IPREM), y lo más relevante es que mientras se cobra, se sigue cotizando para la jubilación, lo que ayuda a no perder derechos futuros. Para acceder, es necesario tener al menos 52 años, haber cotizado un mínimo de 15 años (2 de ellos en los últimos 15), haber cotizado por desempleo al menos 6 años, y no superar el 75% del salario mínimo con las rentas propias. El subsidio puede cobrarse de forma indefinida mientras se mantengan las condiciones.

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Ingreso Mínimo Vital (IMV)

La otra gran ayuda es el Ingreso Mínimo Vital, una prestación no contributiva creada en 2020 para combatir la pobreza y la exclusión social. Está dirigida tanto a personas solas como a familias con bajos ingresos. Las cuantías varían según el número de miembros del hogar, pero en la mayoría de los casos superan los 600 euros al mes, pudiendo alcanzar cifras más altas en unidades familiares con menores a cargo.

Para solicitar el IMV hay que residir legalmente en España durante al menos un año, formar parte de una unidad de convivencia estable desde hace 6 meses y encontrarse en situación de vulnerabilidad económica. Además, existen complementos por monoparentalidad, discapacidad o dependencia, y un plus adicional para familias con hijos menores (CAPI).

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Ambas ayudas tienen como objetivo ofrecer un respaldo económico a quienes más lo necesitan y facilitar su reinserción laboral, al tiempo que protegen su derecho a una pensión digna.