Esto es lo que no puedes pagar en efectivo: Hacienda lo considera un fraude y te multa

La Agencia Tributaria ha intensificado el control sobre los pagos en efectivo, especialmente en operaciones donde intervienen empresarios, profesionales o autónomos. Lo que para muchos ciudadanos puede parecer una simple elección de método de pago, para Hacienda puede ser una infracción grave, incluso si se realiza en varios plazos.

La normativa actual busca limitar el uso del efectivo por su alta vinculación con prácticas de fraude fiscal y blanqueo de capitales, estableciendo límites claros a partir de los cuales el pago con dinero físico está prohibido.

Límite al uso de efectivo

Una de las claves de esta normativa está en que el fraccionamiento de pagos no evita la infracción. Es decir, si una persona paga 500 euros hoy y 600 dentro de una semana por un mismo servicio o producto, Hacienda lo considerará una única operación de 1.100 euros, y por tanto, fuera de los márgenes legales si alguna de las partes actúa como profesional o empresario. Dividir el importe no es una solución.

1.000 euros como máximo

El límite general sigue fijado en 1.000 euros, según la Ley 7/2012, que regula estas limitaciones. Esta cifra se aplica a cualquier operación donde intervenga una parte con actividad económica (autónomo, empresa o profesional). La única excepción prevista por la normativa es cuando el pagador sea una persona física sin domicilio fiscal en España y no actúe en nombre de una empresa: en esos casos, el umbral se eleva hasta los 10.000 euros.

Multas de Hacienda

La infracción por superar estos límites conlleva una sanción económica que puede alcanzar el 25% del importe abonado en efectivo. Y lo más relevante es que la responsabilidad es solidaria, lo que significa que tanto quien paga como quien recibe el dinero pueden ser multados. Hacienda puede exigir la totalidad de la sanción a cualquiera de las dos partes, sin importar quién inició o aceptó el pago en metálico.

Sin embargo, la ley también ofrece una vía de escape para quien colabore con la Administración. Si una de las dos partes denuncia voluntariamente la operación ante la Agencia Tributaria en un plazo de tres meses desde la fecha del pago, quedará exonerada de responsabilidad. Eso sí, si ambas partes presentan la denuncia al mismo tiempo, ninguna podrá beneficiarse de esta medida. Se trata de una herramienta para incentivar la denuncia de operaciones irregulares y, al mismo tiempo, castigar menos al ciudadano que colabora.

Hacienda recuerda también que todas las personas implicadas en operaciones económicas, aunque sean legales y estén dentro de los límites, deben conservar los justificantes durante cinco años. Esta obligación se aplica tanto a pagos con tarjeta como a transferencias u otros medios, y es fundamental en caso de que la Agencia Tributaria realice una inspección o requiera documentación. Los justificantes sirven como prueba del cumplimiento de la normativa vigente, especialmente en operaciones en las que la trazabilidad del dinero es fundamental.