¿Han hackeado las criptomonedas del Gobierno de Trump? "El asunto está bajo investigación"

El Gobierno de Estados Unidos ha abierto una investigación por un posible hackeo de carteras oficiales de criptomonedas, un episodio que ha encendido las alarmas en plena estrategia federal para convertir los activos digitales decomisados en una reserva estratégica nacional.

El US Marshals Service, organismo encargado de custodiar las criptomonedas incautadas por las fuerzas de seguridad federales, confirmó que está analizando un posible acceso no autorizado a cuentas de activos digitales del Gobierno. La agencia, sin embargo, mantiene un férreo silencio sobre los detalles. "En este momento no haremos ninguna declaración, ya que el asunto está bajo investigación", señaló un portavoz en un correo electrónico.

La sospecha de un ataque cobró fuerza tras una serie de mensajes publicados en la red social X a finales de enero. El 26 de enero, Patrick Witt, director ejecutivo del Consejo Presidencial de Asesores sobre Activos Digitales, aseguró que estaba "encima del asunto", en referencia a las informaciones difundidas por ZachXBT, un conocido investigador on-chain que opera de forma anónima. Según este analista, direcciones vinculadas a incautaciones del Gobierno estadounidense figurarían entre las carteras desde las que un hacker habría sustraído más de 60 millones de dólares en criptomonedas a finales de 2025.

ZachXBT no pudo ser localizado para confirmar sus afirmaciones, y por ahora no existe una atribución oficial que certifique que los fondos robados procedieran efectivamente de carteras gubernamentales. Aun así, el simple hecho de que la agencia responsable de la custodia haya activado una investigación interna refleja la gravedad del escenario.

La Reserva Estratégica Nacional de Bitcoin impulsada por Trump

El caso estalla en un momento especialmente delicado. El año pasado, el presidente Donald Trump anunció la creación de una Reserva Estratégica Nacional de Bitcoin, formada por bitcoins decomisados en procedimientos judiciales, así como un Depósito Nacional de Activos Digitales que agrupa otras criptomonedas confiscadas en causas penales y civiles. La iniciativa pretendía dotar al Estado de una posición activa en el ecosistema cripto, pero ahora plantea una pregunta incómoda: ¿están realmente seguras las carteras públicas?

El posible incidente también reaviva el debate sobre los riesgos estructurales de la custodia digital, incluso cuando está en manos del Estado. La gestión de claves privadas, los sistemas de acceso y el papel de posibles contratistas externos son algunos de los elementos que previsiblemente centrarán la investigación. En el sector cripto, no es infrecuente que los ataques no se produzcan por una brecha técnica directa, sino por errores operativos o abusos de privilegios.

Todo ello ocurre, además, en un contexto de máxima presión para la industria. Según datos de la firma de análisis Chainalysis, más de 3.400 millones de dólares en criptomonedas fueron robados en 2025, uno de los peores años registrados en términos de ciberataques. Los robos a gran escala, algunos atribuidos a grupos organizados con respaldo estatal, han puesto en cuestión la seguridad del ecosistema incluso para grandes plataformas y actores institucionales.

Por ahora, el Gobierno estadounidense guarda silencio sobre el alcance real del posible hackeo, las carteras afectadas o si se ha producido una pérdida efectiva de fondos públicos. Pero el episodio amenaza con convertirse en una de las mayores crisis de confianza en la gestión estatal de criptomonedas, justo cuando Washington intentaba presentarse como un actor sólido y estratégico en este nuevo terreno financiero.

La investigación sigue abierta. Y en el mundo cripto, cuando el dinero se mueve, la verdad suele acabar dejando rastro en la cadena.

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