Nueva ley de Pedro Sánchez: los bancos no podrán dar tarjetas de crédito sin que el cliente lo pida

Llegan cambios relevantes en la forma en que bancos y clientes se relacionan, especialmente en todo lo que tiene que ver con el uso de las tarjetas de crédito. Y es que, en los últimos tiempos, las entidades financieras han apostado por modelos comerciales que priorizan la facilidad de acceso al dinero financiado. Paquetes bancarios que incorporan tarjetas de crédito, incentivos ligados a la permanencia del cliente y líneas de financiación ya activadas han formado parte de una operativa habitual. En la práctica, no siempre es sencillo distinguir entre una simple propuesta comercial y la puesta en marcha efectiva de un producto financiero. Esa falta de claridad se ha hecho especialmente visible cuando se producían cambios en las condiciones del crédito o ampliaciones de los límites disponibles sin que mediara una solicitud expresa por parte del titular.

Nueva ley de crédito

Ante esta situación, el Gobierno ha optado por intervenir directamente a través del anteproyecto de Ley sobre Crédito al Consumo, aprobado recientemente por el Ejecutivo. El texto introduce una prohibición clara: las entidades no podrán emitir tarjetas de crédito que no hayan sido solicitadas previamente por los clientes ni aumentar las líneas de financiación ya existentes sin contar con su consentimiento expreso. La redacción de la norma es explícita al señalar que queda vetada cualquier concesión de crédito que no haya sido previamente pedida y aceptada por el consumidor.

La medida pretende poner fin a prácticas que se han repetido durante años en el sector financiero. La ampliación automática de límites en tarjetas ya contratadas o la activación de nuevas líneas de crédito sin una petición formal han sido habituales, en muchos casos vinculadas a campañas internas o a estrategias comerciales. Aunque la Ley de Servicios de Pagos ya establecía la obligación de no enviar instrumentos de pago no solicitados, salvo en supuestos de renovación, el nuevo marco legal amplía el alcance de esa protección y se centra de forma específica en impedir el incremento del crédito disponible sin autorización expresa del cliente.

Límite claro

Desde el Ministerio de Economía se ha insistido en que esta prohibición no supone frenar la actividad comercial de las entidades financieras. Las ofertas de financiación seguirán siendo posibles dentro de la relación entre banco y cliente, siempre que no se traduzcan en una concesión automática del crédito. El propio departamento ha aclarado que la norma no impide que los prestamistas informen o propongan productos financieros, pero sí establece un límite claro: ningún crédito podrá activarse si el consumidor no ha manifestado de manera expresa su conformidad.

El anteproyecto además de regular las tarjetas de crédito plantea una reforma amplia de la financiación al consumo. La futura ley incorpora al ordenamiento jurídico dos directivas europeas y extiende su ámbito de aplicación a préstamos personales, microcréditos, pagos fraccionados y créditos rápidos. Además, por primera vez se incluyen los modelos conocidos como buy now, pay later, cada vez más presentes en el comercio electrónico y en las compras cotidianas, lo que supone un cambio significativo en el control de estas fórmulas de pago aplazado.

Supervisión del Banco de España

Entre los aspectos más destacados de la norma figura también la introducción de límites al coste del dinero con el objetivo de frenar prácticas consideradas usurarias. Esta medida tiene un impacto directo sobre productos como las tarjetas revolving, tradicionalmente asociadas a los intereses más elevados del mercado. A ello se suman topes al coste de los descubiertos, un refuerzo de las obligaciones de transparencia y la ampliación de la supervisión del Banco de España a todas las empresas que concedan crédito al consumo, incluidas las plataformas digitales. Además, las compañías que quieran ofrecer financiación para estimular sus ventas deberán hacerlo a través de intermediarios financieros regulados o, en caso contrario, no podrán aplicar intereses.

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