La OCU planta cara a la Seguridad Social y al SEPE por la cita previa: “La situación sigue siendo inaceptable”

Todo aquel que haya tenido que pedir una cita previa en una administración pública de nuestro país sabe que tiene que cruzar los dedos y confiar en tener suerte. Es por ello que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido estudiar si este requisito obligatorio para ser atendido presencialmente sigue siendo una barrera para muchos colectivos, y así es.

“Se siguen generando importantes barreras para miles de ciudadanos, especialmente para personas mayores, colectivos vulnerables y quienes no cuentan con destrezas digitales suficientes. Lo que nació como una medida excepcional durante la pandemia se ha consolidado como un filtro que impide un acceso igualitario a servicios esenciales, vulnerando principios básicos de proximidad, calidad y atención adecuada al ciudadano”, indica la OCU en su página web.

Estudio del SEPE y la Seguridad Social

Para extraer estas conclusiones, la OCU ha realizado un estudio práctico para evaluar la disponibilidad real de citas en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), centrándose en un trámite crítico: la solicitud de pensión de jubilación. 

La organización analizó oficinas de 26 provincias donde intentó coger una cita previa seis veces a lo largo de dos semanas. “Los resultados muestran que la situación sigue siendo inaceptable: en más de la mitad de los intentos no se consiguió cita en la misma ciudad. De hecho, en capitales como Granada, Tarragona, Valencia o Zaragoza no se obtuvo ninguna cita en ninguno de los seis intentos”. Con tasas moderadamente aceptables de disponibilidad se encuentran Bilbao (una media de 28 días de espera), Murcia (20 días) y Málaga (más de 23).

Con respecto al SEPE se analizó la prestación por desempleo, un trámite que debe hacerse en un máximo de 15 días hábiles para no perder derechos económicos. Los resultados son algo mejores que los de la Seguridad Social, aunque en Barcelona y Tarragona no se pudo sacar cita ni en la capital ni en el resto de la provincia.

“En Albacete, Bilbao u Oviedo las citas disponibles se ofrecen entre 28 y 32 días después, plazos que conducen directamente a la pérdida de parte del subsidio o fuerzan a completar el trámite online, aun cuando el solicitante carezca de medios o habilidades tecnológicas”, indica la OCU.

La OCU exige cambios

Tras este análisis, la OCU exige el fin de la cita previa obligatoria para atención presencial y creación de un carril prioritario. Pide la supresión de esta cita para los trámites urgentes y que se habilite una atención rápida para colectivos vulnerables, personas mayores sin certificado digital y ciudadanos con plazos críticos.

Igualmente pide que las principales oficinas de la administración tengan mesas de apoyo sin cita previa para asistir en obtener y usar los certificados digitales. Además, OCU propone un plan nacional con campañas informativas y puntos fijos en barrios, para promover un acceso igualitario a la administración electrónica.

Por último, la OCU reclama un compromiso vinculante para resolver trámites urgentes en un máximo de 5 días y el resto en un máximo de 10. Este estándar debe incluir estadísticas públicas mensuales por oficina y sanciones internas cuando existan demoras injustificadas.

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