Los transportistas claman contra el servicio de la ITV en la Comunitat Valenciana: "Ni un minuto más"

La crisis de las ITV en la Comunitat Valenciana ha dejado de ser solo una queja del sector del transporte para convertirse en una protesta con vocación mucho más amplia. La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte (FVET) ha decidido buscar apoyo entre empresas, autónomos y ciudadanos con una campaña de nombre directo y sin rodeos: ‘Ni un minuto más’.

El mensaje que lanza la patronal es claro: el sistema actual no da respuesta ni a los profesionales ni a los particulares. Y, a su juicio, la situación no solo no ha mejorado desde la reversión a la gestión pública, sino que se ha agravado hasta un punto que consideran insostenible.

FVET habla de ausencia de citas a dos meses vista, falta de líneas especializadas, horarios rígidos y precios elevados en un servicio que debería ser básico y ágil. La organización sostiene que el modelo valenciano “se aleja cada vez más de las necesidades de profesionales y particulares” y reclama a la Generalitat una solución antes del verano, el momento del año en el que más presión soporta el sistema.

"Situación insostenible"

El presidente de la federación, Carlos Prades, resume el malestar en una frase que retrata bien el fondo del problema: “Los días festivos de Semana Santa y Pascua han empeorado todavía más si cabe una situación insostenible en la que conseguir cita para la revisión obligatoria del vehículo particular o profesional es prácticamente imposible”.

La queja no llega sola. Tras más de un año de advertencias y reclamaciones, FVET ha logrado sumar a su posición a entidades como la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, Propeller o UATAE, en un intento de trasladar que el atasco de las ITV no afecta solo a los transportistas, sino a buena parte de la actividad económica y a miles de conductores.

En el caso del transporte profesional, la crítica es todavía más dura. Prades insiste en que el problema viene de atrás, pero sostiene que la situación ha empeorado con claridad tras el cambio de modelo. “Un problema que viene de lejos y que tras la reversión a la gestión pública, se ha agravado con esperas que superan las ocho semanas para conseguir cita en el caso de vehículos pesados”, ha denunciado.

Ahí está una de las claves del conflicto. La patronal no se limita a pedir más personal o más huecos: reclama directamente un modelo distinto, más parecido al de otras comunidades como Murcia o Castilla-La Mancha, donde la gestión concesionada o privada, según defienden, permite una respuesta más rápida, más flexible y mejor adaptada a los vehículos industriales.

Ese punto conecta con una de las mayores críticas del sector: que el sistema actual no está pensado para la realidad del transporte. No es lo mismo la revisión de un turismo particular que la de un vehículo pesado sujeto a calendarios de trabajo, rutas y tiempos de parada que afectan directamente a la actividad económica. Para FVET, el problema no es solo la demora, sino que el modelo valenciano sigue sin entender esa diferencia.

Medidas que no resuelven nada

La campaña llega, además, en un momento delicado, porque la Generalitat ya había anunciado medidas para aliviar la presión. En marzo comunicó la contratación de 73 nuevos trabajadores y la puesta en marcha de tres nuevas estaciones provisionales. Pero en FVET consideran que esos anuncios, de momento, no resuelven nada.

Prades ha sido especialmente duro con ese punto. Denuncia que todavía no existe una fecha efectiva ni para la ampliación de plantilla ni para la entrada en funcionamiento de las nuevas estaciones. Y va más allá: “Es totalmente falso que se vayan a abrir tres ITV provisionales más”, asegura, al sostener que una de ellas, la de Torrent, sustituirá a la de Riba-roja y no supondrá una ampliación real del servicio.

La patronal añade otra objeción que considera decisiva: según la información que maneja, ninguna de esas tres estaciones provisionales contará con línea específica para revisar vehículos pesados. Es decir, una de las necesidades más urgentes del sector seguiría sin resolverse.

Con ese diagnóstico, la campaña ‘Ni un minuto más’ busca convertir un atasco administrativo en una presión pública. El sector quiere que el problema deje de verse como una molestia puntual y se entienda como un fallo estructural que afecta al transporte, al trabajo autónomo y a miles de usuarios que necesitan una cita para circular con normalidad.

La batalla ya no se libra solo en las estaciones de ITV. Ahora también se juega en el terreno del relato: el de un servicio obligatorio que, según sus críticos, no está siendo capaz de funcionar al ritmo que exigen la carretera, la empresa y la vida diaria.

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