La ayuda universal de 200 euros para las familias con hijos que el Gobierno tiene encima de la mesa: "Es una anomalía en España"

Luchar y combatir la pobreza infantil es uno de los grandes retos que tiene el Gobierno de España en el plano social ante unas cifras inéditas en el conjunto de la Unión Europea. El reto es mayúsculo. Nuestro país es que el tiene el mayor porcentaje de niño y adolescentes viviendo en hogares con falta de recursos para cubrir sus necesidades básicas diarias que garanticen su desarrollo integral con una tasa del 29%, casi 10 puntos por encima de la media, según datos del centro de análisis Funcas.

Se trata de un dato "muy preocupante", según el think tank, teniendo en cuenta que España es un país de renta per cápita media-alta que, en cambio, ha visto en los últimos años cómo la brecha que afecta a esa parte de la población ha ido creciendo en los últimos años, mientras la pobreza de la población en su conjunto sí ha retrocedido. Entre las causas que explican esta realidad está, según Funcas, la configuración de las prestaciones sociales dirigidas a la infancia, la "escasa cuantía" de los recursos y su "falta de universalidad".

En este sentido, el último informe, relativo al año 2025, del Consejo Económico y Social (CES), un órgano consultivo del Gobierno formado por las principales organizaciones sindicales, empresariales, agrarias, pesqueras, de consumidores y de economía social del país y expertos de reconocida experiencia en el ámbito socioeconómico y laboral, han vuelto a traer a colación este problema.

"Pese a los esfuerzos realizados en los últimos años, las políticas públicas de garantía de ingresos no están siendo todo lo eficaces que deberían, al menos para las familias con menores", señalan en una de sus conclusiones haciendo una llamada a "revisar y simplificar" el actual sistema de prestaciones económicas orientadas a la infancia.

"Una de las principales debilidades"

El análisis de CES clama por atajar las tasas de pobreza infantil, que define como "una anomalía" para el nivel social y económico del país. "Es una de las principales debilidades del sistema de protección a la infancia español", subraya.

"En un contexto de alta fragmentación y limitado esfuerzo presupuestario", continúan desgranando, "resulta conveniente revisar y simplificar el actual sistema de prestación económicas orientadas a la infancia, de tal forma que los supuestos actualmente abordados por una pluralidad de instrumentos se integren en una política de carácter universal".

En este sentido, este órgano consultivo del Gobierno se moja sobre medidas concretas que el Ejecutivo debería sacar adelante para lograr ese objetivo. Son tres: la primera, "hacer reembolsable el mínimo por descendientes del IRPF para que beneficie a las familias con bajos ingresos"; segunda, "reforzar y rediseñar el complemento de ayuda para la infancia duplicando su cuantía, priorizando la infancia de 6 a 17 años; y, tercero, crear una prestación universal -no condicionada a la renta- para la crianza por lo menos hasta los 3 años de edad del menor o la menor.

Ayuda de 200 euros

No entra a valorar el CES sobre la cuantía concreta de esa ayuda universal para la crianza, pero va en sintonía con un informe de Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 de que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 10 de febrero donde fijaba las metas a conseguir en los próximos cuatro años en materia de transición social, económica y medioambiental para garantizar derechos, igualdad y cohesión territorial.

En este documento sí se mencionaba una prestación universal por crianza de 200 euros para las familias con hijos sin limitaciones por renta, pero esto no se tradujo en una ley concreta para implementar más allá de la declaración de intenciones.

¿Por qué esa cantidad? Es precisamente la cuantía que UNICEF tomaba en su informe titulado Pobreza infantil en España 2025 para sacar a más de 530.000 niños, niñas y adolescentes de situación de vulnerabilidad. "Estas propuestas requieren de un fuerte compromiso político y presupuestario, superior al existente a día de hoy", apuntaban.

En la agenda del Gobierno está, la medida está puesta encima de la mesa y cuenta con el respaldo de organizaciones como UNICEF y el beneplácito del Consejo Económico y Social (CES), pero de momento no parece que vaya a materializarse a corto plazo.

Fuente: El Periódico de Aragón