Hacia un modelo de gestión más libre, controlado y solidario

Son unos días duros tras la tragedia de Valencia y la incertidumbre en el futuro se ha instalado en nuestro corazones y ciudades. El corazón de una ciudad es su ayuntamiento, ya que, si éste no funciona, el municipio se paraliza.

Ahora nos enfrentamos a un período de recuperación que requiere de una actualización de la Administración Pública en general. Se han evidenciado muchas disfunciones y la coordinación ha sido muy difícil por la monolítica definición de competencias que provoca un diseño extremadamente rígido, dificultando la compartición de información y afectando en la seguridad para la toma de decisiones de una manera ágil y segura.

Desgraciadamente, las consecuencias de la catástrofe provocada por la DANA han puesto en evidencia los desajustes, consecuencia de un sistema de competencias rígido e impermeable y, si somos responsables y coherentes, debemos repensar el actual modelo y adecuarlo en un futuro cercano para, no sólo paliar los posibles efectos por la repetición de fenómenos naturales extraordinarios, sino buscar la manera de facilitar la vida a nuestros vecinos y adecuar los trámites y procedimientos de nuestras administraciones a las necesidades actuales.

Desde hace tiempo los ciudadanos nos están exigiendo que el funcionamiento de nuestra Administración sea constante y bajo la premisa de mejora continua. Además, sabemos que el gap entre los tiempos de la administración pública y el de las vidas de nuestros vecinos es cada vez más grande. Por eso, se hace necesaria una segunda descentralización para la adquisición de competencias y recursos desde las comunidades autónomas hacia las entidades locales que permita el desarrollo de un modelo de financiación para alcanzar la plena autonomía local. 

Los ayuntamientos, al ser el día a día de los ciudadanos, somos la administración más cercana y accesible. Con los medios y recursos adecuados podríamos ayudar más a nuestros vecinos, siempre bajo un paraguas normativo que garantice la igualdad, la solidaridad y el predominio de los intereses más generales y, simultáneamente, incrementar la productividad de nuestros ayuntamientos.

No es fácil alcanzar una autonomía plena para las administraciones locales, aunque si es urgente. Es una tarea de actualización con un nuevo modelo de financiación local como eje principal de esta segunda descentralización y que deberá estar sincronizado con la nueva financiación autonómica.

Estas reivindicaciones no son nuevas y desde la Federación Española de Municipios y Provincias ya se realizaron después del covid-19, pero no es una tendencia nueva, es recurrente en todas las manifestaciones y campañas electorales sin llegar a materializarse, provocando una fosilización de la gestión municipal, que no ha cambiado desde 1985, al contrario de las comunidades autónomas que han visto crecer sus competencias en los últimos años.

Este proceso de actualización de los ayuntamientos tendrá que acometerse desde la generosidad de las comunidades autónomas y del Estado, basado en los valores de solidaridad, igualdad e inclusión. Sin esa parametrización es difícil acometer esta segunda transición hacia un Estado más descentralizado, pero, sin caer en el medievalismo, no habrá garantías de éxito.

Debemos caminar hacia un modelo de gestión más libre, controlado y solidario con todo el territorio. Los ayuntamientos necesitamos más medios y recursos, pero también seguridad para nuestros ciudadanos y sostenibilidad del sistema.