«El Hércules está salvado. No va a desaparecer si se mantiene en Segunda. Un descenso, que esperemos que no se produzca, sí sería un problema. Manteniendo la categoría actual, una vez se aprueben los convenios, el Hércules queda en una situación fantástica. Todos los pagos -a trabajadores y organismos públicos- están garantizados hasta el 30 de junio. Y tras esa fecha, quedará elaborada una hoja de ruta que, si se cumple, asegura el futuro de la entidad hasta 2022». Quien así se manifiesta es Alfonso García Cortés, administrador concursal que ha supervisado el proceso de suspensión de pagos del Hércules desde hace 15 meses.

El gestor, que recibirá hoy a Jesús García Pitarch, presidente del Hércules, que presumiblemente le solicitará la venia para despedir a Juan Carlos Mandiá, aclaró que la administración concursal nunca adopta decisiones deportivas sino que vigila el devenir económico de la sociedad para cumplir con los pagos y, por ello, si los rectores del club contemplan un desembolso extra para proceder al recambio en el banquillo tendrán que ingeniárselas para aportar el dinero que precise esta nueva operación.

«El Hércules tiene un presupuesto cerrado hasta el 30 de junio. Yo no digo a quién tiene que fichar, pero tengo que velar para que los trabajadores que hay en plantilla y las administraciones públicas cobren al día», confesó el gestor, quien al hilo de esa conversación calificó de «fantástico» el panorama que le espera a la entidad una vez se firmen los convenios -siempre y cuando milite, como mínimo, en Segunda A-. «Se ha firmado un convenio con Hacienda por el cual el club liquidará su deuda pagando 80.000 euros mensuales si están en Segunda o 170.000 si milita en Primera. La previsión es que en siete u ocho años quede liquidada esa deuda», explicó García Cortés que insistió en que el plan de viabilidad para el Hércules asegura un futuro boyante si el club se maneja con orden. «Las dos próximas campañas, estando en Segunda División, el club podría disponer de un presupuesto de 7 millones de euros para cada una: Por derechos de televisión hay acordados 3 millones; la LFP paga medio millón por quinielas y otros derechos; en abonos, la previsión normal es de 1,5 millones y el resto llega generado por taquillas, tiendas y publicidad».

En este último punto, resaltó también el rendimiento económico que aporta la tienda del club, cuya ampliación y el acuerdo firmado con Nike ha sido un acierto: «En ropa se ha ingresado 350.000 euros. Y eso que no se ha salido a vender por centros comerciales» aclaró García Cortés, quien ensalzó tanto el valor de la marca Hércules como su masa social. «Los rectores de la entidad tienen que tratar mejor a sus abonados. Tras un descenso, se consiguió inscribir a diez mil. Eso dice mucho de esta sociedad y de la riqueza que puede generar si se hacen las cosas bien».

El abogado alicantino no ocultó las dificultades encontradas durante estos últimos quince meses, que se han ido salvando para dar viabilidad a la sociedad: «La UEFA nos amenazó con no dejar inscribir al Hércules por la deuda mantenida con el Udinese (fichaje de Abel Aguilar). Se salvó ese escollo, como también el enorme problema que surgió con el dinero reclamado por Esteban Vigo. La Federación no permitía inscribir fichas, y al final también pudimos solucionar el problema (aunque todavía hay en marcha un recurso). También hubo que llegar a un acuerdo con Hacienda para que no procediera a embargar las taquillas... Han sido unos meses duros. El club no desapareció de milagro. Nos han demandado todos. Hubo que hacer frente a 25 procedimientos judiciales», explicó.

García Cortés desveló que antes de su marcha -previsiblemente a finales de año- quedará elaborado un plan de viabilidad en el que se especificará cuánto puede gastar la entidad en plantilla, fichas, viajes etc, así con el plan de pago a los acreedores.

Ortiz pierde 15 millones

La deuda reclamada por Aligestión y las empresas vinculadas a Enrique Ortiz ha sido declarada subordinada (de difícil cobro), según consta en la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil de Alicante. Ortiz, a través de su participación en Aligestión y en otras sociedades de su propiedad (Camservi Obras, Cívica Fomento Inmobiliario, Enrique Ortiz Contratista y Tizor Hormigones y Asfalto) solicitaba una cantidad cercana a los 14 millones de euros.

Sin embargo, la sentencia del juzgado de lo Mercantil considera probado que el empresario alicantino es administrador de hecho de la concursada y, por lo tanto, califica su deuda como subordinada.

En el documento judicial se hace referencia a la declaración de Carlos Parodi en el juicio, donde reconoció ser el portavoz de Ortiz «sin que sus ulteriores intentos de matizar la inicial y espontánea afirmación sirvan para desvirtuarla». Del mismo modo, la sentencia hace referencia a las múltiples declaraciones de Ortiz a medios de comunicación en las que se ha presentado «de forma pública y notoria» como máximo directivo del Hércules, tomando decisiones relevantes aunque no figurara con cargo alguno.

Con este mismo cartel de «subordinada» también queda bautizada la deuda que reclaman Juan José Huerga y José Manuel Viejo a través de las sociedes Neilbuz y Dusares (748.000 euros)

Todo lo contrario le ha sucedido a Valentín Botella, que encuentra un respiro económico gracias a que su reclamación ha sido catalogada como deuda ordinaria al no tener ningún tipo de vinculación con Aligestión (no figura como socio de esa sociedad que controlaba accionarialmente el club). De esta forma, el oriolano, a través de Promoval Inversiones Inmobiliarias y Procumasa, tendrá un lugar preferente en la cola de los acreedores para recuperar el porcentaje que estime la quita de los 2.405.551 euros que reclama.