El Servicio de Control Urbanístico y Ambiental de la Concejalía de Urbanismo ha abierto a Aligestión Integral S.L. un expediente de denuncia por las obras realizadas en el Rico Pérez que no se ajustan a la licencia otorgada en 2010 para la reparación y reforma del estadio.

Se trata de obras que exceden de las que Aligestión estaba obligada a ejecutar como adjudicataria del contrato de enajenación del estadio y que se realizaron amparadas por un proyecto de fin de obra que incluyó numerosas nuevas unidades de obra no previstas en el proyecto inicial que elevaron el coste final de las obras hasta los 7,7 millones frente a los 4,3 millones de las obras ejecutadas por obligación contractual.

Muchas de esas nuevas unidades se justifican en la ejecución de un nuevo palco VIP y en la adaptación del estadio a una nueva categoría por el ascenso del Hércules a primera división en 2010. El expediente abierto tiene su base en un informe realizado por el Servicio de Gestión y Urbanización de la Concejalía de Urbanismo que detecta que parte de las obras declaradas en el proyecto de fin de obra no coinciden con las incluidas en el proyecto básico que obtuvo licencia en 2010.

El vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón ha explicado que se ha enviado a Aligestión, con fecha del pasado 9 de marzo, un escrito mediante el que se concede a la mercantil un plazo de dos meses para que aporte distinta documentación de la que carece el proyecto de fin de obra, como memoria y planos, mediciones, plan de control de calidad de la obra, presupuesto detallado, precios contradictorios o un reportaje fotográfico de las obras ejecutadas. El pasado mes de diciembre, añade el Concejal, "ya se remitieron desde Urbanismo sendos escritos a Aligestión y al Hércules pidiendo esa misma documentación al objeto de mantener una reunión técnica en el Ayuntamiento, sin que hasta el momento hayamos obtenido respuesta alguna".

Ahora, continua el edil, "reiteramos la petición, pero en el marco de un expediente de denuncia en el que es necesario realizar un estudio más detallado de la obra realmente ejecutada al objeto de proceder a legalizar las obras que no se ajustan a la licencia de 2010". Una legalización que conllevaría el pago del correspondiente ICIO (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras), un 4% sobre el importe de las obras realizadas sin IVA, que Aligestión pudiera haberse ahorrado. "Se trata simplemente de aplicar la legalidad urbanística a una situación irregular ante la que el Ayuntamiento tiene la obligación de abrir expediente", concluye Miguel Ángel Pavón.